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Cristóbal López tiene un frente judicial complicado.
La tregua que intenta llevar adelante el empresario Cristóbal López con el Gobierno del presidente Mauricio Macri tiene en el radical Ernesto Sanz a un articulador elemental.
Una de las actividades del ex senador luego de no haber querido ingresar al Gobierno es colaborar con ciertos casos del estudio de Ricardo Gil Lavedra donde también presta cuestiones de asesoría similar el auditor Javier Fernández que fuera operador judicial del kirchnerismo.
López se puso en contacto con Sanz y Gil Lavedra con la idea de que lo asesoraran en su litigio con la AFIP por una deuda de Indalo con el ente recaudador que asciende a los 8000 millones de pesos, como consecuencia de la retención del impuesto a la combustibles que la petrolera Oil, no derivó al fisco y usó para financiar otros negocios del grupo. El atractivo de esta relación para López era además la buena relación de ambos radicales con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
La elección del empresario venía dando resultado. El 30 de marzo, a pocas horas de que se cerrara el plazo de la moratoria fiscal, la AFIP le informó a Oil Combustible que podía acogerse a ese beneficio. El privilegio había sido denegado en noviembre del año pasado cuando creían que López iba a ser procesado por defraudación a la administración pública por la deuda impositiva.
Además de Oil, también ingresó al régimen de regularización de deuda el Grupo Indalo que pagará unos $ 57 millones por mes. Recién cuando se homologara el concurso de acreedores de Oil, el empresario comenzaría a pagar la deuda millonaria que tiene con el Estado esa compañía petrolera. La idea de López era reducir gran parte de la deuda en un solo pago: planea vender activos de la empresa por 280 millones de dólares a un trader suizo.
El corolario fue cuando meses atrás López ganó una obra pública por más de $ 1.600 millones en el Sur. En el Grupo Indalo creían que con el flujo de fondos que podrían recibir más la venta de activos, en menos dos años cancelarán sus deudas y podrían resolver el frente judicial.
Pero todo se descarriló. Cristóbal habría tenido un cruce candente con un figura muy cercana al Presidente y Fabián Rodríguez Simón, alineado a Carrió y a Clarín, aprovechó para desmontar la tregua que cocinaba la dupla Sanz-Gil Lavedra entre el patagónico y el poder actual.
Se reforzó la presión sobre Cristóbal y la AFIP decidió hace dos días dar marcha atrás con varios de los planes de pago autorizados. Para Sanz la historia tiene el peor final: C5N y Radio 10 pueden ser adquiridos por la familia Terranova con quien el mendocino arrastra varios conflictos ya desde su provincia de origen que algunos incluso traen correlato judicial.
