Cristina tiene varios procesamientos firmes.

La Cámara Federal porteña le encomendó al juez Julián Ercolini que apure la causa por asociación ilícita en el marco de la concesión de la obra pública y la eleve a juicio oral, al confirmar el procesamiento de Cristina Kirchner.

Así se desprende de la resolución donde, puntualmente, los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero ordenaron: «Encomendar al Sr. Juez de Grado que, en atención al tiempo que lleva tramitando la presente causa, le imprima debida premura a las etapas procesales pendientes y, en caso de corresponder, la eleve a juicio».

La confirmación de los procesamientos alcanzó a Cristina Fernández, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Néstor Periotti, al ex secretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner y al empresario Lázaro Báez, embargados en 10 mil millones de pesos cada uno.

A todos ellos los consideró «coautores del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada, por haberse cometido en perjuicio de una administración pública».

El fallo también alcanzó a funcionarios de menor rango de Vialidad Nacional de Santa Cruz como Osvaldo Daruich, Mauricio Colladera, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, a quienes se los señaló como partícipes necesarios de administración fraudulenta agravada.

Y se decretó el procesamiento de Abel Claudio Fatala, solo por el delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautor».

«Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Carlos Kirchner no incumplieron un deber que permitió el saqueo del tesoro nacional. Aportando el poder que la jerarquía o sus atributos legales le conferían, generaron una nueva persona, una comunidad estable y espuria que, valiéndose de la legitimidad de la que gozan los actos del funcionario público y por el valor intrínseco de esos mismos actos, pusieron en marcha una maquinaria para detraer fondos del Estado a favor de uno de sus miembros, Lázaro Báez», sostuvo en su voto el juez Jorge Ballestero.

Según señaló, «allí estarían también quienes, desde sus propios espacios de actuación, resultaron eficaces a este fragmento del plan. Quienes habrían franqueado los cauces para que el hecho se expresara -Fatala-, quienes asignaron la obra pública, quienes permitieron que la infracción se tornara rutinaria -Garro, Villafañe, Pavesi y Santibáñez-, quienes homologaron cada paso certificado y así admitieron cada pago luego efectuado -Daruich y Collareda-, todo en un ámbito de silenciosa y sumisa colaboración».

Para Ballestero, de esta manera «se impusieron en el último eslabón para que el dinero público finalmente saliera del círculo de protección de los órganos estatales y, ya liberado, quedara a merced de los designios particulares de cada uno de los miembros de la asociación».

«En algunos casos el camino que el dinero registró a partir de allí ha sido ya abordado por la justicia; en otros está en vías de andarlo. Pero sin importar cuál sea el estadio en el que judicialmente se encuentre ese segundo instante, lo trabajado hasta aquí ha permitido descifrar cuál fue el origen de ese dinero que habría enriquecido a unos a expensas del deterioro del interés de todos», se agregó.