Los procuradores de América Latina,reunidos en Brasil.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, denunció presiones de los gobiernos en América Latina para llevar adelante las investigaciones que tienen en el centro a la constructora brasileña Odebrechr, al hablar en la apertura de la XXII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM), en Brasil.

La misma queja salió de boca del anfitrión, Rodrigo Janot, quien se refirió a las interferencias de los Ejecutivos para poner trabas en la investigación del gigante brasileño de la construcción involucrado en el pago de coimas a funcionarios de varios países americanos.

La titular del Ministerio Público de la Argentina dijo que los mecanismos de cooperación internacional entre los ministerios públicos de la región «deben ser renovados» debido a que «los límites de nuestras fronteras no pueden ser una barrera para perseguir la delincuencia organizada».

Además, apuntó contra las presiones que reciben los procuradores y fiscales generales: «Muchos de nosotros hemos sufrido las presiones del poder político en nuestros países y el ataque a nuestras herramientas de cooperación internacional».

En particular, Gils Carbó puntualizó sobre las dificultades con que se encontró el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por fiscales de Argentina y Brasil para el caso Odebrecht. Al respecto, indicó que el caso Lava Jato significó «un cambio de paradigma» que se asentó en el trabajo previo en política criminal regional y le preguntó a sus colegas del Mercosur reunidos en Brasilia: «¿Vamos a ceder a las presiones para seguir trabajando de manera atomizada y con mecanismos arcaicos o vamos a seguir avanzando en generar los mecanismos adecuados a los tiempos que corren? La respuesta ya la sabemos todos los fiscales de la región y es que vamos a permanecer fieles a ese compromiso que incorporan las constituciones de nuestros países para defender los intereses generales de nuestra sociedad».

Por último, la procuradora argentina expresó su solidaridad con su par venezolana, quien recientemente fue desplazada de su cargo sin respetar los mecanismos institucionales previstos en la Constitución. «En el caso de Luisa Ortega, la persecución política llegó al extremo y se extendió su familia y a sus colaboradores, lo que la obligó a abandonar su país», dijo.

A su turno, la propia Luisa Ortega agradeció la invitación e indicó que fue «separada ilegítimamente» de su cargo y que «una persona con seis expedientes por corrupción fue designada para usurpar» sus funciones. Además, consideró que en Venezuela «no hay garantía de justicia» y denunció que la persecución de la que fue objeto incluyó el saqueo de su vivienda particular y la privación de la libertad de quien actuaba como su defensor. Por último, solicitó a sus colegas que «no remitan al Estado venezolano requerimientos en materia penal porque seguro van a ser destruidos».

Más temprano, el procurador general de Brasil y anfitrión de la reunión, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, había destacado la presencia de Ortega, sobre quien afirmó que es «la legítima procuradora general de Venezuela».

También, subrayó que el Ministerio Público venezolano «pasó a estar sometido al poder político» y que «sin independencia, no se pueden defender los derechos de víctima y acusados».

El titular del Ministerio Público Federal brasileño advirtió sobre «injerencias indebidas» de los poderes ejecutivos de Brasil y Argentina sobre la conformación del Equipo Conjunto de Investigación que «privan de autonomía a los ministerios públicos» y «desvirtúan por completo la finalidad del ECI».

Del encuentro, participan los procuradores y fiscales generales de los países miembro del Mercosur: Argentina, Alejandra Gils Carbó; Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros; Paraguay, Javier Díaz Verón, y Uruguay, Jorge Díaz, y de los asociados, Chile, Jorge Abbott Charme, y Perú, Pablo Sánchez Velarde.