De Vido tiene un frente judicial complicado.

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy la citación a declaración indagatoria del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido, del ex secretario de Energía Daniel Cameron y del ex titular del Enargas Fulvio Madaro, entre otros acusados por sobreprecios en obras de ampliación de dos gasoductos adjudicadas a la empresa brasileña Odebrecht.
«El Estado Nacional fue engañado por un grupo de funcionarios y de empresarios privados», sostuvo el fiscal en un escrito al juez federal Daniel Rafecas en el que también pide indagar al ex vicepresidente de Cammesa Luis Beuret, al ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, a antiguos directivos de las transportadoras de gas y a Marco Faria Silva, un apoderado de Odebrecht, entre otros imputados.
Delgado aclaró que por el momento no pretende indagar al ya detenido ex secretario de Obras Públicas José López porque si bien hay «certeza» del pago de sobornos, delito que lo puede involucrar, todavía no se incorporaron las pruebas a la causa.
El fiscal acusó a los imputados de «defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles», aunque en el dictamen no descartó que la constructora brasileña haya pagado sobornos.
Las maniobras investigadas relativas a la ampliación de los gasoductos Norte y Sur por parte de Transportadora Gas del Norte y del Sur «generaron que el Estado nacional terminara pagando valores mucho más elevados por las obras que en lo que en rigor de verdad valían», subrayó en en el dictamen, al que accedió Télam.
Delgado apuntó al Ministerio de Planificación, a la Secretaría de Energía, a la de Obras Públicas, a la subsecretaría de Combustible y al Enargas, organismos «encargados de la organización, aprobación, control y seguimiento técnico de la obra», proceso que comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner.
También remarcó que «Nación Fideicomiso SA y Cammesa SA» fueron responsables de la administración de los fondos asignados.
«Los empresarios junto a los funcionarios públicos y los responsables de administrar los fondos del Estado al momento de los hechos investigados, engañaron al Estado nacional en la contratación, para sacar un beneficio económico a cambio», argumentó el fiscal.
Para Delgado, hubo un «armado de la estructura legal de la obra pública» que derivó en una «ingeniería normativa que se creó para suspender las leyes preexistentes y así disponer del dinero sin mecanismos de control».
En base a eso, remarcó, hubo «contrataciones privadas donde se produjeron los sobreprecios», puntualizando que fueron «privadas a medias porque estaba Cammesa y porque la Secretaría de Energía y el Enargas ‘acompañaron’ las decisiones de las firmas privadas».
El fiscal señaló «posibles sobornos» que «incentivaron la elección de empresas, el ingreso de nuevos actores y los costos mayores sin justificación aparente que nos llevan a la defraudación».
La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos por unos 35 millones de dólares para esta obra, pero Delgado apuntó que si bien todo indica que hubo cohecho, aún no están las pruebas necesarias para formular acusación por ese delito.
Por ello, dejó fuera de su listado de pedidos de indagatoria al ya detenido por enriquecimiento ilícito y ex Secretario de Obras Públicas José López.
«No hay evidencia que por el momento ubique a López en ese evento que hemos calificado como defraudación y negociación incompatible con la función pública», explicó Delgado.
Pero remarcó que se habla «de una certeza que aún no se convirtió en prueba sobre el delito de cohecho».