La Corte quedó envuelta en la polémica.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), entre otros organismos de derechos humanos, lanzaron una campaña virtual para que la Corte Suprema de Justicia revierta el fallo que facilitó el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, conocido como «caso Muiña».
«Que la Corte diga no» es el nombre de la campaña que consta de tres etapas, la primera con la difusión de videos de juristas que argumentan acerca de la inaplicabilidad del 2×1 para delitos de lesa humanidad.
Entre quienes brindaron sus testimonios están Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema; Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista; María Roqueta, ex jueza federal, y Federico Delgado, fiscal federal.
En la segunda etapa circulará por las redes un spot de los organismos de derechos humanos y en la tercera se viralizarán las fotografías con el cartel de la campaña de todas las personas que apoyan el reclamo y que las envíen a quedigano2x1@gmail.com.
La agrupación Memoria Abierta, organizadora de la campaña, explicó que el objetivo es «visibilizar que este peligro se encuentra latente» y que «no existen razones para que la Corte Suprema dilate el tratamiento d el tema».
El fallo de la Corte Suprema del 3 de mayo pasado que por mayoría ordenó la aplicación del beneficio del 2×1 al condenado represor Luis Muiña generó una fuerte polémica en torno a su aplicabilidad y tuvo como respuesta un multitudinario rechazo popular expresado en las calles de las principales ciudades del país y una seguidilla de pedidos de los abogados defensores de represores condenados.
A la polémica se sumó la aprobación de la ley 27.362 sancionada por el Congreso que excluye de ese beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad para impedir que se repita un fallo como el del caso Muiña.
Por su parte, la procuradora general de la Nacion, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen en el que señaló que la inaplicabilidad del 2×1 para represores «surge de la obligación constitucional del Estado Nacional de asegurar que las penas impuestas en casos de graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales, y que la aplicación de las normas internas no constituya un factor de impunidad».
«No existen razones para que la Corte dilate el tratamiento de este tema. Tanto los querellantes como la Procuración General de la Nación sostuvieron en presentaciones ante el máximo tribunal que no corresponde la aplicación del 2×1 para los criminales de la última dictadura, en línea con la ley que aprobó el Congreso el 10 de mayo último y promulgó el Poder Ejecutivo dos días después», finaliza el comunicado de Memoria Abierta.