La Defensa Pública de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires reveló que hubo más de 600 casos de torturas en comisarías y cárceles bonaerenses durante 2016. Sólo 340 fueron denunciados y en otros 333 se solicitó “reserva a fin de evitar represalias de agentes penitenciarios y efectivos de la Policía”.
Según informó el organismo, en un capítulo dedicado a la violencia policial, sobre un total de 327 casos se mencionan 307 casos de brutalidad mediante golpes de puño; patadas; ducha fría; entre otros.
El informe fue elaborado por la Defensa Pública de Casación, a cargo de Mario Coriolano. En 327 casos las víctimas denunciaron haber sufrido torturas o tratos inhumanos por parte de la Policía Bonaerense. En otros 331, apuntan hacia personal del Servicio Penitenciario Federal. En otros 15 hechos apuntan a efectivos de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, entre otros.
«Resulta especialmente preocupante que en muchos casos las víctimas resultan personas en situación de mayor vulnerabilidad : como mujeres (15 casos) y niños menores de 18 años (133 casos). Respecto de éstos últimos -no obstante la prohibición legal y judicial- se mantiene la práctica de alojamiento en comisarías», advierten los defensores.
Finalmente se hace referencia a un muestreo de 33 casos recopilados en el 2016, mediante el programa “Causas fraguadas/armadas” , donde se analizan y describen patrones sistémicos en la actuación irregular de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que conduce a la posibilidad de que haya inocentes presos.
En el capítulo dedicado a la violencia penitenciaria se relevaron 331 casos nuevos durante el 2016, con distintas modalidades: golpes de puño y patadas (226 casos), asfixias o quemaduras (15 casos) y agravamiento por aislamiento (68 casos).
Respecto a la atención médica se registraron 291 casos de falta o inadecuada atención médica por parte de las instituciones obligadas a proveérselas a los detenidos y una multiplicidad de casos que ponen en evidencia el alto grado de deterioro e insalubridad de las instalaciones penitenciarias y policiales.
En virtud de dichos datos se requirió a los Poderes del Estado Provincial involucrados, una serie de medidas concretas: creacion del Mecanismo de prevención de torturas; de una policia judicial; que la Salud penitenciaria sea prestada por el Ministerio de Salud; y dotar de independencia a la Defensa pública, entre otras.
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