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El lobby más rápido del mundo y cómo afectaría a los negocios que Cristina fuera presa

Por Alejandro Bercovich

Por primera vez, tras la detención en Río Gallegos de Víctor «Polo» Manzanares, el establishment empezó a evaluar seriamente las consecuencias para la gobernabilidad y los negocios de un eventual encarcelamiento de Cristina Kirchner antes de las elecciones de octubre. El contador de la familia de la expresidenta, que será trasladado hoy al mismo pabellón del penal de Ezeiza donde pasan sus días José López, Lázaro Báez y Ricardo Jaime, cayó preso justo para el arranque formal de una campaña en la que Cambiemos no termina de afirmarse y mientras la economía sigue sin dar señales de un rebote robusto. Las especulaciones se hacen en secreto pero están a la orden del día: a diferencia de esos tres convictos y del mismísimo Julio De Vido, ahora al borde de la inhabilitación moral, el Polo es un completo outsider de la política. Nadie sabe a ciencia cierta si el juez Claudio Bonadío dio finalmente con el «arrepentido» que le aportará los elementos para encerrar a la candidata a senadora que puntea en las encuestas bonaerenses antes de que puedan votarla.
Las preguntas que se hacían anoche varios socios de la Bolsa en el acto por su cumpleaños número 163 son las mismas que se repitieron en los refugios de montaña y los centros de ski donde vacacionan otros capitanes de la industria. ¿Cómo reaccionaría el mercado ante una orden de detención de Cristina, si su contador declara que fue ella quien le ordenó armar el by-pass bancario para seguir cobrando los alquileres de sus propiedades santacruceñas pese a los embargos dictados en la causa Los Sauces? ¿Generaría acaso una conmoción social incontrolable o apenas una seguidilla menguante de protestas de sus seguidores incondicionales? ¿Cómo afectaría la imagen institucional del país en el exterior, mientras Mauricio Macri condena los atropellos de Nicolás Maduro contra la oposición venezolana?

La relación de Manzanares con los Kirchner data de inicios de los años ‘90, cuando el contador todavía no se había hecho cargo del estudio que heredó de su padre y fue convocado por Néstor como síndico contable del recién privatizado Banco de Santa Cruz. El síndico legal que nombró a su lado el entonces gobernador -avatares de pueblo chico- era Horacio Costa, hermano y socio de Eduardo, actual precandidato a senador nacional por Cambiemos y marido de la excéntrica Marina Zuvic, candidata a su vez por el oficialismo porteño. Pero la fortuna del Polo no se arrimaba entonces ni ahora a la de los Kirchner ni a la de los Costa, poseedores del mayor patrimonio familiar de toda la política argentina. Tampoco a la de los Macri, por supuesto. Cultores del perfil bajo, los Manzanares habitan un chalet en la zona acomodada de Gallegos que no alberga las piscinas climatizadas ni las flotillas de autos importados de otras mansiones que florecieron en el lugar en estos años.

Desde que lo sacaron de su estudio esposado, la familia de Manzanares está en shock. Casado con una maestra jardinera, el contador tiene tres hijos chicos y su estudio atiende a la mitad de las pymes de la capital provincial. La perspectiva de una condena por lavado de dinero y asociación ilícita horroriza a sus amigos aun cuando todavía no pisó el pabellón «K» de Ezeiza. En ese ala del penal, donde los presos pueden recibir visitas y hasta invitarlas a cenar, la vida cotidiana los obliga a rutinas desagradables como dormir con tapones en los oídos. No porque los torturen con ruidos para privarlos del sueño como en Guantánamo sino porque en las cárceles están prohibidos los insecticidas para evitar suicidios. Y las cucarachas, cuando son tantas que dejan de huir de los humanos con los que conviven, empiezan a intentar meterse en los orificios de sus cuerpos.

El espejo brasileño

El terror de Manzanares puede allanar el camino de Bonadío hacia las pruebas que no obtuvo de Báez ni de López para incriminar de manera decisiva a Cristina Kirchner en las causas donde la investiga. De ahí que haya renunciado al descanso que le ofrecía la feria judicial. El magistrado busca mirarse en el espejo del juez brasileño Sergio Moro, descubridor de la trama de corrupción que empezó a salir a la luz en Petrobras pero que tenía su epicentro en la contratista Odebrecht y empezó a salpicar desde ahí a todos los políticos de su país. No en vano se fotografió con él en su última visita a Buenos Aires, promocionada por la Corte Suprema.
Las diferencias son notables, tanto entre las carreras y perfiles de Moro y de Bonadio como entre las situaciones políticas a un lado y otro de la frontera. Sin embargo, hay un hilo conductor nítido: la urgencia que expresaban los empresarios brasileños por reducir el costo laboral cuando todavía no había sido destituida Dilma Rousseff y la que expresa ahora buena parte de sus colegas argentinos, cada vez más impaciente ante el «gradualismo» de Macri.

La pregunta vuelve a ser, como a inicios de la administración Cambiemos, si es viable políticamente un ajuste sin crisis previa. Y ahí aparece la lección del socio mayor del Mercosur: si bien el establishment paulista logró imponerle allí a Rousseff un ministro de Hacienda ortodoxo y un plan draconiano de ajuste fiscal que terminó de hundir su popularidad, no logró en cambio forzar al PT a flexibilizar el mercado laboral. Con mucho menos poder pero aprovechando la dispar relación de fuerzas que impusieron dos años seguidos de masiva destrucción de empleo, la endeble coalición que sostiene a Michel Temer acaba de darle el gusto.

Ahora, con esa reforma aprobada en Brasil, los incentivos para producir en Argentina son todavía menores y la presión sobre los gremios para que acepten resignar derechos y condiciones de trabajo promete seguir en ascenso. La cuestión, inconfesable, es quién podría ejercerla de forma más efectiva para garantizar la rebaja del costo laboral. Si un Macri fortalecido en las urnas -algo cada vez menos probable- o una coalición más efímera, quizá conducida por él mismo pero con mucho menos margen de movimiento, surgida de un escenario con candidatos presos, elecciones impugnadas y disturbios callejeros.

Para el Guinness

La economía, de momento, tampoco ayuda a la campaña oficialista. Por más dibujos de semáforos en verde que reparta el Gobierno en congresos y convenciones, la bonanza sigue sin derramar fuera del complejo agroexportador y ciertos segmentos del energético. De ahí el moderado entusiasmo que generó entre supermercadistas y otros empresarios dependientes del mercado interno el anuncio de un festival de créditos blandos para apuntalar el consumo. En tiempos de locales vacíos, a sus dueños no les preocupa tanto el populismo si ayuda a que se vuelvan a llenar.

La City, cuyos popes vienen de surfear el salto del dólar y se sienten cómodos con el billete en $17,50 y la supertasa de las Lebacs en el 26,5%, hicieron gala de un poder de lobby pocas veces visto. No tuvieron foto con Macri ayer en el aniversario de la Bolsa pero en un tiempo récord de solo 24 horas lograron derribar la resolución de la AFIP que reglamentó un impuesto votado en 2013 sobre la compraventa de acciones argentinas por parte de residentes extranjeros.

El artífice de la desautorización pública de Alberto Abad por parte de Nicolás Dujovne y de la posterior marcha atrás del jefe de la AFIP no fue Nicky Caputo ni ningún banquero nacional, como se especuló al día siguiente. Fue el agente bursátil José Cirillo, un íntimo del Presidente que había sido marginado en el Merval durante el kirchnerismo por Adelmo Gabbbi y que volvió a pisar fuerte en la calle 25 de Mayo tras la asunción de Macri, a quien acompañó como tesorero en la comisión directiva de Boca Juniors. Un «tipo con calle, de Mataderos, al que Mauricio escucha mucho», según lo definió ayer uno de sus colegas desde el VIP del acto aniversario. Uno de esos hombres que le soplan al oído que ya no es tiempo de gradualismos y que es hora de pasar a la acción.

Fuente. BAE.

 


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