El atentado sigue impune.

Impunidad es la palabra más repetida para referirse a la investigación del atentado contra la sede de la AMIA, donde murieron 85 personas, del que se cumplió el 23 aniversario, mientras se lleva adelante un juicio oral contra los primeros investigadores del caso, acusados de haber cometido irregularidades en la causa.

Y pese al tiempo transcurrido los nombres siempre son los mismos. El 27 de julio de 1994, el juez federal Juan José Galeano ordenó el arresto de Carlos Telleldín acusado de haber sido el último dueño de la camioneta Trafic que estalló contra el edificio cargado de explosivos.

Un año más tarde, Telleldín -un vendedor de autos robados- acusó a un grupo de policías bonaerenses, encabezados por el comisario Juan José Ribelli, de haber sido quienes se llevaron la camioneta y ser parte de lo que se llamó la conexión local del atentado contra la AMIA.

El 13 de julio de 1996, unos días antes del segundo aniversario del ataque, Galeano ordenó el arresto de 13 efectivos de la Policía Bonaerense, incluido Ribelli, quienes quedaron detenidos hasta que se realizó el juicio oral y público contra todos los acusados de integrar “la conexión local” del ataque terrorista más sangriento de la historia argentina.

El juicio oral se inició en 2001 y dos años más tarde el juez Galeano acusó a funcionarios del Gobierno de Irán de haber ordenado y planificado el ataque con la colaboración del Hezbollah. El 21 de agosto de 2003 fue detenido en Londres el ex embajador de Irán en la Argentina Hadi Soleimanpour, pero el gobierno británico se niega a extraditarlo por considerar que no hay pruebas sólidas.

En diciembre de 2003 Galeano es separado de la causa por la Cámara Federal y queda a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

El 2 de septiembre de 2004 el Tribunal Oral absolvió a todos los acusados de integrar la conexión local, después de que se probara que Telleldín había cobrado 400 mil dólares por acusar a los policías.

El TOC ordenó investigar al juez Galeano, a los fiscales Mullen y Barbaccia, y a ex funcionarios como el ex presidente Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex comisario Jorge “El Fino” Palacios, entre otros acusados de haber cometido irregularidades en la investigación del ataque.

El 13 de septiembre de 2004 la Procuración creó una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de la cual quedó designado el fiscal Alberto Nisman, quien había participado en el juicio oral y en la investigación previa junto a los fiscales Mullen y Barbaccia. Nisman estuvo en esa fiscalía hasta que murió en su departamento el 18 de enero de 2015.

La causa por las irregularidades estuvo a cargo primero de Claudio Bonadio, quien luego fue separado y quedó a cargo de Ariel Lijo, quien llevó adelante la causa que terminó en un juicio oral contra el juez, los fiscales, los policías y los funcionarios responsables de la primera parte de la investigación.

En 2006 Canicoba Corral volvió a pedir la captura de los iraníes y esas órdenes detención fueron ratificadas por Interpol al año siguiente.

La Corte Suprema de Justicia convalidó el 27 de mayo de 2009 el fallo del tribunal oral que había absuelto a los policías, pero sostuvo que Telleldín debía ser juzgado nuevamente y que las pruebas obtenidas hasta el pago de los 400 mil dólares debían ser consideradas como válidas.

El 27 de enero de 2013 el gobierno de Cristina Kirchner firmó un convenio con Irán para indagar a los acusados. Ese acuerdo fue declarado inconstitucional en 2014 por la Justicia y Nisman denunció a Cristina Kirchner y al ex canciller Timerman por la firma del memorándum, días antes de morir en enero de 2015.

El 6 de agosto de 2015 se inició el juicio contra Galeano, Menem, Mullen, Barbaccia y todos los acusados de haber entorpecido la investigación original por el atentado. Ese proceso oral sigue en trámite.