Ercolini citó a indagatoria a Gils Carbó cuando faltan medidas de prueba
Gils Carbo no se quiere ir.
El movimiento del juez federal Julián Ercolini de citar a indagatoria a Alejandra Gils Carbó fue entendido como poco prolijo en el microclima de Comodoro Py, algo extraño si se considera que suele ser un juez considerado como correcto por sus pares.
Pero el acercamiento de Ercolini al Gobierno en los últimos meses es real, existe y fue favorecido por Ariel Lijo, que suele viajar a Europa a ver partidos de fútbol con su colega y es, dicho sea de paso, el hombre de Ricardo Lorenzetti en la primera instancia.
El problema de la decisión de Ercolini es que avaló la indagatoria cuando todavía queda pendiente un cruce de teléfonos que es clave. En el mismo aparece un testigo del caso hablando de la supuesta maniobra en la cual incurrió Gils Carbó para comprar el inmueble en el que esta su oficina.
Ese testigo no está identificado todavía pero su llamado es clave para inculpar a la procuradora, dicen quienes tienen acceso a la causa.
El segundo tema pendiente es un peritaje informático sobre el mails que dan cuenta de la compra del inmueble. Esa pesquisa estará lista recién en el mes de septiembre y también resulta elemental para probar las supuestas maniobras.
Gils Carbó deberá presentarse a declarar como imputada el 31 de agosto próximo en los tribunales federales de Comodoro Py. El juez también citó a indagatoria a otras diez personas en la causa en que se investiga la compra del inmueble por casi 44 millones de pesos.
En ese sentido, serán indagados Osvaldo Leguizamón, Jorge Daniel Domanico, Héctor Zurita, Ignacio Costa Urquiza, Bárbara Jaureguiberry, Pedro Antonio Donato Viceconte, Roberto Daniel Martino, Adrián Marcelo González Fischer, Juan Carlos Thill y Guillermo Alfredo Bellingi.
Bellingi fue el funcionario de la Procuración que se encargó de llevar adelante el trámite para la compra del edificio de la calle Perón, donde Gils Carbó instaló su oficina. Thill es su medio hermano y señalado como quien se benefició con la venta.
Ercolini admitió el pedido formulado el martes último por el fiscal Eduardo Taiano, quien investiga el pago de cuantiosas comisiones en la compra del nuevo edificio de la PGN y si hubo irregularidades en la licitación a fin de favorecer a la parte vendedora.
En los considerandos de la resolución, el juez apunta a establecer si la compra del edificio fue «planeada y llevada a cabo desde los más altos niveles de decisión de la Procuración General de la Nación a efectos de que fuera adquirido por el aludido organismo, a la empresa Arfinsa Argentina Financiera S.A.».
Entre otras irregularidades, el juez aludió a la intermediación desempeñada por Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A., que cobró por esa función «una exorbitante comisión» de 7,7 millones de pesos, superior al 17% de lo percibido por la parte vendedora, «totalmente inusual en el mercado inmobiliario, que oscila entre un 3 y un 5%».
Al fundamentar la resolución, señaló además que «la abultada suma de dinero» fue entregada por Jaureguiberry a Juan Carlos Thill, «persona dedicada a la producción de seguros y que carecía de antecedentes en el mercado inmobiliario» y medio hermano de Guillermo Alfredo Bellingi, quien intervino en la licitación diseñada en la PGN y dependía de Gils Carbó.
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