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Sancionan y denuncian a dos abogados que promovieron un festival de medidas cautelares

Por Rafael Saralegui.

Dos abogados que llevaban adelante una próspera industria del juicio mediante la tramitación de más de doce mil medidas cautelares en contra del Estado fueron sancionados por el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes que les impuso una multa de un millón doscientos setenta y ocho mil pesos y solicitó que se los investigue penalmente.

Los abogados se encargaban de tramitar los amparos promovidos por gendarmes y prefectos que aducían que sus salarios estaban mal liquidas. Las presentaciones se realizaban en juzgados que no tenía competencia original en la materia, de todos modos os jueces habían lugar al reclamo y luego se declaraban incompetentes para resolver el fondo de la cuestión.

Se sospecha que los dos abogados formaban parte de una red integrada por jueces y jefes de las fuerzas de seguridad. Las medidas cautelares eran presentadas en juzgados

 civiles y comerciales de la pequeña ciudad correntina de San Tomé. Por este tema

, el año pasado ya habían sido destituidos los jueces Humberto de Biase Echeverría y Graciela Duarte.

Los abogados representaban a gendarmes de todo el país.

Los abogados representaban a gendarmes de todo el país.

Cuando el año pasado se corrigió la mala liquidación de los salarios fue que se produjo el motín de gendarmes y prefectos. En ese momento se descubrió el entramado de medidas cautelares que había generado desajustes y diferencias en los salarios percibidos por efectivos con la misma antigüedad y funciones.

La denuncia había sido presentada

 por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y la ministra de Defensa, Nilda Garré, que ayer se mostró conforme con la resolución. “Es importante porque demuestra que, también a criterio de la Justicia, los amparos estaban llenos de irregularidades no sólo de parte de los jueces, sino además de los abogados que se habían organizado para extraer el máximo de ventaja, con la complicidad de algunos jefes de la Gendarmería”, dijo la ministra al diario Página/12.

Según Garré, la sospecha de que actuó una asociación ilícita “queda corroborada en que en la Gendarmería llegaron a liquidar sueldos con estos suplementos, incluso antes de que fueran dictados los amparos, sabiendo que iban a salir”. Según su estimación, estas maniobras defraudaron al Estado en unos 200 millones de pesos.

Los dos abogados denunciados y sancionados por el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes son Nelson Amílcar Serial y Josefa Raquel Milan un  matrimonio que es dueño del estudio jurídico que iniciaba los expedientes. La maniobra investigada comenzaba con la solicitud de una cautelar para que a los gendarmes se les pagaran suplementos.

La demostración que se trataba de un caso testigos de lo que en Tribunales se conoce como industria del juicio es que las presentaciones no correspondían a efectivos que estaban destinados en Santo Tomé, sino que los dos abogados representaban a gendarmes y prefectos de todo el país.

Lo habitual cuando un juez recibe una presentación que no corresponde a su jurisdicción es que declare en el acto su incompetencia. Sin embargo, los dos jueces que fueron destituidos concedían los amparos de manera inmediata y luego se declaraban incompetentes.

La pareja de abogados presentó 53 acciones de amparos y lograron con ellas que los jueces se las concedieran de un saque a 12.674 beneficiarios. Pero no giraban las resoluciones de inmediato a la justicia federal. De esa forma los beneficiarios lograban que les siguieran pagando los sueldos con el beneficio de las cautelares.

Según el Tribunal Superior correntino los abogados sabían que en esos juzgados se les “concedería la petición”. La elección de un juzgado específico, porque se sabe que va a ser benficioso para el abogado es lo que también se llama en los tribunales como forum shopping.

En otro párrafo, el tribunal señala que hubo “una suerte de confabulación” de los abogados “con los propios jueces”, “obviamente para perjudicar a la parte contraria (el Estado nacional)”. La sanción económica se hizo en base a un cálculo de la “responsabilidad patrimonial” del estudio jurídico, equivalente “a cien pesos por beneficiario más 200 pesos por acción judicial emprendida”, lo que dio un total de 1.278.000 pesos.

El Superior Tribunal pidió al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados que evalúe la conducta ética de los profesionales y remita para su conocimiento la copia de la resolución a la AFIP para que evalúe su crecimiento patrimonial.

En su fallo el Tribunal Superior de Justicia correntino consideró que “no podía permanecer pasivo, ante la clara actuación de los mencionados, quienes como abogados y representantes legales fueron los que iniciaron acciones de amparo” contra organismos del Estado nacional “puesto que en tal carácter no podían desconocer su inadmisibilidad”.

El Tribunal recordó que “ya se había encargado de sancionar e investigar la conducta de los Señores jueces que entendieron en las causas, sabiendo que” son esos magistrados “quienes deben poner los límites y comportarse como garante fiel del debido proceso en el juicio”.

Cuando el 1º de marzo la presidenta Cristina Fernández abrió las sesiones en el Congreso anunció una serie de medidas para democratizar la Justicia. Entonces dijo que “la medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del Derecho, en una fuente de injusticia, de inequidad y de negación de administración de justicia”.


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