Novo tenía muy buena relación con Massa.

El suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, quien está procesado por «encubrimiento agravado» en el marco de una causa en la que se le atribuye haber entorpecido la investigación de tres asesinatos de colombianos ligados al narcotráfico, renunció a su cargo ante el procurador bonaerense, Julio Conte Grand.
Fuentes judiciales aseguraron que Novo concurrió el jueves a la mañana a la sede de la Procuración, en La Plata, e hizo entrega a Conte Grand de una carta donde esgrime los motivos de la dimisión.
«Renunció Novo, íntimo amigo de (Sergio) Massa, procesado por encubrir el asesinato de narcos en Unicenter», tuiteó esta tarde la diputada nacional Elisa Carrió, quien adelantó que presentará un pedido de prisión preventiva para el ex fiscal general y de indagatoria para la ex procuradora general bonaerense María del Carmen Falbo.
Carrió también envió «felicitaciones al fiscal (Luis) Angelini, héroe nacional en solitario», en referencia al representante del Ministerio Público que denunció que Novo le impedía avanzar en la causa por los crímenes de los colombianos, y afirmó: «Estamos cambiando la Justicia. Viva la Patria!!»
La renuncia de Novo se produjo a diez días de que la Cámara Federal de San Martín confirmara su procesamiento y el de cuatro de sus colaboradores por «encubrimiento agravado».
Con este fallo, la sala II de dicha Cámara, integrada por Hugo Daniel Gurruchaga y Alberto Agustín Lugones, avaló todo lo resuelto en octubre del año pasado por la jueza federal sanisidrense Sandra Arroyo Salgado.
Según las fuentes, el procesamiento por «encubrimiento agravado» quedó confirmado para Novo, sus fiscales adjuntos también suspendidos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani; y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.
Los cinco procesados están imputados también de «incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional», en concurso ideal y todos como «coautores».
A partir de esta resolución, Novo, sus ex adjuntos y ex secretarias -todos ellos en libertad ya que nunca se les dictó prisión preventiva- quedaron a un paso de un juicio oral en el que podrían llegar a ser condenados a una pena de hasta seis años de cárcel.
La causa se originó en 2012 a partir de una denuncia en la Justicia federal que presentó el fiscal Angelini, subalterno de Novo y sus adjuntos, de la que también se hizo eco Carrió y el ex diputado provincial Marcelo Saín para pedir el Jury de Enjuiciamiento del ex fiscal general de San Isidro.
Ante esta situación, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció a Novo, Caro y Vaiani de sus cargos y la Procuración bonaerense nombró como fiscal general interina en San Isidro a Beatriz Molinelli y a John Broyad como su adjunto.
A fines de ese mismo mes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió abrir el proceso al declararse competente y dar curso también otras denuncias como las de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por maltrato de personal.
Y en 2016, el mismo Jurado de Enjuiciamiento también resolvió abrir el juicio político para los fiscales adjuntos Vaiani y Caro.
Según la denuncia original de Angelini, el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea, quienes fueron condenados en España por haber traficado una tonelada de cocaína en su jet privado.
Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner (35) y Héctor Edilson Duque Ceballos (35), alias «Monoteto», fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Por este caso, en junio pasado, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió que sean sometidos a juicio oral el empresario farmacéutico Martín López Magallanes (48), los ex barrabravas Richard «El Uruguayo» Laluz Fernández (49), Víctor Hugo Ovejero Olmedo (35) y Jorge Moreira (37) y a Carlos Gustavo Luaces (55), ex socio de los hermanos Juliá.
Mientras que al tercer colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez (34), lo mataron el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando.
Cuando pidió los procesamientos de Novo y sus cuatro colaboradores, el fiscal Domínguez sostuvo que los imputados «instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo» de la investigación de los crímenes de los colombianos que llevaban adelante Angelini y su colega Diego Grau.