La jueza Liberatori falló contra el aumento.

Una vieja conocida de la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio marcha atrás con el aumento en la tarifa de los peajes de las autopistas porteñas que regía desde febrero último.

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, declaró la nulidad de los últimos incrementos al considerar que “no son justos ni razonables”.

La magistrada dispuso que en el plazo de cinco días –durante los cuales seguirá vigente el aumento– la empresa concesionaria Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) entregue un nuevo cuadro tarifario.

La decisión de Liberatori fue en respuesta a la acción de amparo promovida contra AUSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los legisladores de Nuevo Encuentro-FpV José Cruz Campagnoli y Andrea Conde.

“Estamos conformes porque la jueza dio lugar al amparo que presentamos. El aumento de los peajes es claramente abusivo porque no tiene relación con la suba salarial que la propia Ciudad propone, por ejemplo, a los docentes, que fue del 19 por ciento. Tampoco se puede explicar a partir de la expectativa inflacionaria que maneja el Gobierno para este año, del 17 por ciento según la pauta que establece el Banco Central”, explicó a Página 12 José Cruz Campagnoli.

“Una persona que vive en el Conurbano y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires o viceversa gasta con las nuevas tarifas de peajes unos 2500 pesos por mes, un cuarto del salario mínimo. Esto no tiene racionalidad y de hecho el Gobierno porteño no pudo defenderlo cuando fue a la audiencia pública”, agregó el legislador.

En febrero, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, autorizó incrementos en el cuadro tarifario en los peajes de las autopistas 25 de Mayo, Illia y Perito Moreno que oscila entre el 36 y el 83 por ciento.

Sin embargo, las asociaciones de consumidores cuestionaron ese argumento al plantear que el principal costo de operación es el salarial, que registra una suba del 23 por ciento.

Ante la presentación del recurso de amparo, la jueza dictó una medida cautelar mediante la cual insta al Gobierno de la Ciudad a presentar una nueva propuesta tarifaria antes de los próximos cinco días hábiles. Durante ese plazo, seguirá vigente el cuadro tarifario actual. “El aumento es desproporcionado”, consideró Liberatori.

“La empresa AUSA no aportó información sobre los costos específicos aperturados de los Gastos de Administración y Mantenimiento Ordinarios, pese a los numerosos requerimientos. Esto evidenció la falta de transparencia en el proceso de ajuste tarifario, al privar a los usuarios y a la comunidad de toda esa información pública y que debió haber sido de fácil acceso”, agregó la jueza.

Otros frenos al Ejecutivo porteño

La jueza Liberatori es una vieja conocida del gobierno de la ciudad, sobre todo durante la gestión de Mauricio Macri, a quien le dio varios dolores de cabeza.

Hace unos años, ordenó al entonces jefes de gobierno, Mauricio Macri, proveer de agua potable y de electricidad a un sector de la Villa 31 conocido como “barrio San Martín”.

El amparo, presentado por la agrupación social Los Invisibles junto con la defensora Cecilia González de los Santos, apuntaba a la negativa del gobierno a brindar los servicios básicos de agua, electricidad, iluminación, cloacas, cobertura de las ambulancias y recolección de residuos, y cayó en el juzgado de Liberatori.

“Aquí está en juego el derecho a la vida, a la salud y esos derechos cuentan con la protección que les asigna la Constitución Nacional y la Constitución porteña”, anotó la jueza en su fallo.

No fue la primera vez que la jueza Liberatori puso a trabajar al gobierno de Macri, quien llegó a decir de ella que le colocaba “palos en la rueda”. La titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 4 de la Ciudad de Buenos Aires ya se trenzó con el entonces jefe de gobierno cuando limitó la utilización de la línea 0800 que el Ministerio de Educación porteño había dado a conocer para denunciar irregularidades en las escuelas.

Además, Liberatori ordenó la inmediata reincorporación de un grupo de docentes de la escuela 3 de Monte Castro, suspendidos por realizar una parodia del régimen macrista. Y, en el año 2010, participó en el conflicto del Parque Indoamericano cuando pidió -ante una presentación realizada por el Padre Pepe, Nora Cortiñas y los legisladores porteños Rocío Sánchez Andía y Facundo Di Filippo- la presencia del Estado para preservar la integridad física de las personas del lugar, la inmediata ayuda sanitaria y la convocatoria urgente, desde el gobierno, a una mesa de diálogo.

“Lo que hizo aquella vez no fue raro: ella siempre está muy predispuesta a armar mesas de diálogo”, dice un miembro de la Legislatura de la Ciudad que la conoce bien y que la describe como una mujer “serena y firme”. Es que Liberatori aparece en el mapa judicial porteño como una jueza de principios: “Tiene una posición jurídica consolidada con respecto a la que siempre ha sido coherente”, opina uno de sus colegas.

Tal vez por eso las causas relacionadas con la vivienda en la Ciudad sean uno de sus asuntos preferidos: además del Parque Indoamericano, Liberatori actuó en la villa 21-24, en la de Chacarita, en Retiro. Y fue la jueza que ordenó la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, en el sur de la Ciudad. “Es muy cercana a estos temas. Camina los barrios, saluda a los vecinos y sigue la evolución de las obras de cerca”, dice un legislador porteño ante CyR.

A esta jueza, que se crió entre Belgrano y San Isidro, que se recibió en 1974 en la Universidad de Buenos Aires, que militó en el radicalismo durante la campaña presidencial de Raúl Alfonsín, que está divorciada y no tiene hijos, pero que adorna su juzgado con las fotos de los niños que fueron adoptados o concebidos gracias a sus cautelares, parece impulsarla todavía el mismo motor que la llevó a formar una agrupación con otros seis colegas autoconvocados en los días de su ingreso a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para luchar por los derechos de los más desvalidos. Entre ellos se contaban también los jueces Andrés Gallardo, Patricia López Vergara y Vicente Cataldo. Juntos marcharon por los piqueteros asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y aunque hoy ya no lo hacen, los lazos de afecto perduran.