Novo siempre tuvo buena relacin con Massa.

El suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, está cada vez más cerca de perder su cargo tras haber sido acusado de dedicarse a encubrir a los autores de un homicidio narco que en su momento causó sorpresa y espanto: el doble crimen en el estacionamiento del shopping Unicenter de dos ciudadanos colombianos, asesinados por un grupo integrado por barras de Boca Juniors, quien están a la espera del juicio oral.

La Cámara Federal de San Martín confirmó este lunes el procesamiento de Novo y de otros cuatro de sus colaboradores, quienes fueron acusados de haber puesto todo tipo de trabas e impedimentos a los fiscales Diego Grau y Luis Angelini, los dos responsables de la investigación del doble crimen de los colombianos, asesinados por sicarios argentinos contratados en medio de una pelea entre narcos.

Novo está suspendido en su cargo a la espera de que se resuelva su jurado de enjuiciamiento, luego de haber manejado a su antojo al Ministerio Público en San Isidro con el respaldo de María del Carmen Falbo, la ex procuradora que dejó su cargo el año pasado y fue reemplazado por Julio Conte Grand, un hombre de confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Los fiscales Grau y Angelini denunciaron que Novo les quitó personal, les inició sumarios administrativos, los cambio de oficinas, les impidió viajar a Colombia, les dio cientos de causas mientras se investigaban los dos crímenes con el objetivo de que no pudieran llegar a los hermanos Juliá, condenados en España tras haber llegado con un avión cargado con casi mil kilos de cocaína.

Ese ánimo persecutorio era evidente. “Si bien Grau registra uno de esos legajos disciplinarios [cerrado y archivado], la anormalidad se aprecia mejor respecto de Angelini, con catorce (14) sumarios administrativos en su contra, todos concentrados en el lapso de algo más de un año y medio”, dice el fallo que confirmó el procesamiento de Novo.   

“El gran número de sumarios, en un lapso proporcionalmente corto, por temas insustanciales, luego cerrados o sin avance, evidencian una presión disciplinaria anormal sobre el fiscal Angelini que, en el contexto general reseñado, obedece a otras intenciones que no son las de mero control administrativo”, dijeron los jueces.

Grau fue el primer fiscal que estuvo a cargo de la causa y por motivos nunca aclarados, luego lo cambió de cargo y le quitó el expediente y se lo envió a Angelini, que recién ocupaba el cargo. Un “nuevito” al que le suministraban una causa sumamente compleja, sin recursos ni empleados. “Corrupción, corrupción”, decía Grau a los gritos en reuniones de colegas cuando le preguntaban porque le habían sacado el expediente.

La denuncia de los dos fiscales pasó luego a la Justicia federal, donde con el impulso del fiscal Federico Domínguez y la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, se pudo avanzar en la trama de encubrimiento que había desplegado quien entonces era el titular de la Fiscalía General de San Isidro.

A fines de 2015, Arroyo Salgado allanó las oficinas de Novo y a mediados del año último lo procesó. Esa decisión fue confirmada ahora por la Cámara Federal de San Martín, con las firmas de los jueces Hugo Daniel Gurruchaga y Alberto Agustín Lugones, quienes describieron las constantes trabas que le imponían a los fiscales.

Uno situación habitual era que desde la Fiscalía General convocaron a Grau primero y a Angelini después a reuniones en forma intempestiva cuando estaban en medio de trámites de importancia, como un allanamiento en una embarcación en la que se encontró un arma o cuando estaban por tener un encuentro con los fiscales que investigaban el triple crimen de General Rodríguez.

“La actividad obstructiva se habría completado con el montaje de un aparato de información intrainstitucional, sobre el curso de los sumarios mencionados y la labor de los fiscales a cargo en ellos, presuntamente destinado a alertar sobre los avances del proceso a la Fiscalía General de San Isidro y abogados de la matrícula interesados en su desarrollo. Esto se habría llevado a cabo mediante un ensamblaje complejo”, dijeron los camaristas.

Los jueces recordaron que Novo dispuso el nombramiento de Mariana Busse, que había sido abogada defensora de los hermanos Juliá y es pareja del abogado Carlos Broitman, actual defensor de Ibar Pérez Corradi, el acusado de autor ideológico del triple crimen de General Rodríguez. Busse fue nombrada con el cargo de secretaria y luego se la designó en la fiscalía descentralizada de San Fernando, donde se desempeñaba Angelini, “de manera que puede presumirse el fácil acceso de aquella persona al conocimiento sobre el trámite del proceso donde había participado como codefensora de los imputados condenados. Ésto, con la posibilidad de adquirir información y, eventualmente, transmitirla a sus ex defendidos”.

Los camaristas infieren que la designación de Busse (también procesada) tenía un claro fin:  “la información recabada estaba destinada a otros interesados, que necesitaban adelantarse a la realización de las medidas que se iban ordenando, quienes no pueden ser sino los eventuales involucrados de aquellas causas y sus abogados; inteligencia que se ve reforzada por el referido nombramiento de la ex abogada de potenciales imputados”. De hecho en la causa por los dos homicidios del Unicenter se acusó como coautor de doble crimen a Carlos Gustavo Luaces, socio de Gustavo Juliá, el condenado por narcotráfico en España. Para la fiscalía los tres autores de los crímenes fueron tres barras bravas de Boca Juniors.

Además de procesar a Novo y Bussé, los camaristas confirmaron los procesamientos de los fiscales adjuntos de esa repartición Eduardo Marcelo Vaiani y Rodrigo Fernando Caro y la secretaria Melisa Fernanda Rey.