Novo tenía muy buena relación con Massa.

La Cámara Federal de San Martín confirmó hoy el procesamiento del suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y de cuatro de sus colaboradores, por “encubrimiento agravado” en la causa en la que se los acusa de haber entorpecido la investigación de una serie de crímenes ligados al narcotráfico, informaron fuentes judiciales.
Con este fallo, la sala II de dicha Cámara, integrada por Hugo Daniel Gurruchaga y Alberto Agustín Lugones, avaló todo lo resuelto en octubre del año pasado por la jueza federal sanisidrense Sandra Arroyo Salgado.
Según las fuentes, el procesamiento por “encubrimiento agravado” quedó confirmado para Novo, sus fiscales adjuntos también suspendidos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani; y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.
Los cinco procesados están imputados también de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”, en concurso ideal y todos como “coautores”.
A partir de esta resolución, Novo, sus ex adjuntos y ex secretarias -todos ellos en libertad ya que nunca se les dictó prisión preventiva- quedaron a un paso de un juicio oral en el que podrían llegar a ser condenados a una pena de hasta seis años de cárcel.
La causa se originó en 2012 a partir de una denuncia en la justicia federal que presentó el fiscal Luis Angelini, subalterno de Novo y sus adjuntos, de la que también se hizo eco el ex diputado provincial Marcelo Saín y la diputada nacional Elisa Carrió para pedir el Jury de Enjuiciamiento del ex fiscal general de San Isidro.
Ante esta situación, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció a Novo, Caro y Vaiani de sus cargos y desde la Procuración bonaerense se nombró como fiscal general interina en San Isidro a Beatriz Molinelli y a John Broyad como su adjunto.
A fines de ese mismo mes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió abrir el proceso al declararse competente y dar curso también otras denuncias como las de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por maltrato de personal.
Y en 2016, el mismo Jurado de Enjuiciamiento también resolvió abrir el juicio político para los fiscales adjuntos Vaiani y Caro.
Según la denuncia original de Angelini, el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron condenados en España por haber traficado una tonelada de cocaína en su jet privado.
Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner (35) y Héctor Edilson Duque Ceballos (35), alias “Monoteto”, fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Por este caso, en junio último, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió que sean sometidos a juicio oral el empresario farmacéutico Martín López Magallanes (48), los ex barrabravas Richard “El Uruguayo” Laluz Fernández (49), Víctor Hugo Ovejero Olmedo (35) y Jorge Moreira (37) y a Carlos Gustavo Luaces (55), ex socio de los hermanos Juliá.
Mientras que al tercer colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez (34), lo mataron el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando.
Cuando pidió los procesamientos de Novo y sus cuatro colaboradores, el fiscal Domínguez sostuvo que los imputados “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo” de la investigación de los crímenes de los colombianos que llevaban adelante Angelini y su colega Diego Grau.
De acuerdo a la acusación, los ahora procesados tuvieron “el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios».
Y entre las maniobras utilizadas por los imputados precisó “la desafectación de funcionarios encargados de las pesquisas, la quita o no asignación de personal y recursos, las exhortaciones informales destinadas a archivar las actuaciones, situaciones de amedrentamiento y violencia psicológica laboral y filtración de información reservada que privó de éxito diversas medidas probatorias”.
A estas medidas, el fiscal federal le sumó “el impedimento” de que Angelini y Grau “viajasen a Colombia a producir prueba” y “la instauración de un sistema de persecución” hacia el primero de ellos a través de “una ingente cantidad de sumarios administrativos en su contra”.