Por Alejandro Bercovich

Isela Costantini se siente a gusto de vuelta en el mundo corporativo. Si bien en público se limitó a comentar que fue Guillermo Dietrich quien puso fin a su breve paso por la gestión pública al echarla de Aerolíneas por «un quiebre de confianza» y por «un desgaste en la relación» pese a sus buenos resultados, en privado empezó a contar detalles de la peliaguda convivencia con el ministro de Transporte y el resto de un gabinete poco habituado al trato de igual a igual con mujeres. Como el día que se negó al pedido del ministro de Transporte de echar «a todos los de La Cámpora» sin más argumentos que su pertenencia política. O cuando le ofrecieron designar «un par de ñoquis» para complementar un salario que empalidecía frente al que cobraba antes como CEO de General Motors. Pero lo que más disfruta es deschavar a Francisco Cabrera, a quien encaró apenas supo que la criticaba a sus espaldas. «Decímelo a mí directamente, así aprendo», le propuso al ministro de la Producción, quien negó todo mirando para otro lado.

A diferencia de Carlos Melconian, de quien se mofaron sin piedad en el primer piso de la Casa Rosada luego de que volviera a reclamar días atrás un ajuste fiscal más duro ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Costantini redujo sensiblemente el déficit de Aerolíneas antes de que la despidieran. «Melco se hace el malo pero la única vez que le tocó gestionar firmó una paritaria del 40%», le achacan al racinguista en la Jefatura de Gabinete. Lo curioso es que las planillas de Dietrich, por ahora, se parecen más a las del exjefe del Nación que a las de la nueva CEO del Grupo Servicios y Transacciones (GST).

Nicolás Dujovne ya echó el ojo a la dispendiosa estructura que levantó Dietrich en Transporte. Sabe que en Vialidad Nacional, por ejemplo, una gerencia que tenía menos de 80 cargos jerárquicos pasó a tener 170. Un 30% de ellos permanecen vacantes pero la partida de fondos para cubrir su costo se solicita a Hacienda religiosamente cada mes. Para peor, el exconcesionario de autos parece haber hallado una forma de burlar el decreto de Modernización que congeló las vacantes del Estado en marzo. Simple: empezó a firmar contratos retroactivos a esa fecha.

Dujovne quiere cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal en un punto del PBI entre 2017 y 2018, al 3,2%. Es lo que reclama el Fondo Monetario pero también banqueros como Eduardo Escasany, controlante del Galicia y jefe suyo durante más de una década, quien reapareció el martes en un brindis con la prensa de la Asociación de Bancos nacionales (ADEBA) en el Four Seasons. «Lo que me pregunto es quién se va a animar a ajustar y por dónde va a empezar», soltó el veterano socio de los Braun, en medio de elogios para su antiguo protegido.

Despacito

Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y gerenciador del Banco Hipotecario, sintetizó la misma inquietud del establishment en otro agasajo, el lunes en el Intercontinental. «Están haciendo las cosas bien pero des-pa-cito», soltó, silabeando involuntariamente como Luis Fonsi en su hit. Ese gradualismo fiscal terminará en octubre, según volvió a prometer el equipo económico ayer a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la Casa Rosada. «La reforma tributaria ya está lista. La vamos a proponer después de las elecciones porque ahora no pasaría, pero les aseguro que todos ustedes van a estar de acuerdo», precisó Dujovne.

La reunión con la UIA discurrió bastante amablemente para la grave crisis que atraviesa el sector. El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Alberto Sellaro, optó por guardar silencio frente al aumento del 38% en las importaciones de calzado acumulado en el primer trimestre del año, agravado porque el consumo local no para de caer y porque el año pasado las importaciones ya habían subido un 26%. Incluso le regaló un par de zapatos al Presidente. Cabrera, encargado de contenerlo emocionalmente, sonrió satisfecho ante la escena.

“Están haciendo las cosas bien pero des-pa-cito”
afirmó Eduardo Elsztain, titular de IRSA

Todos, industriales y funcionarios, coincidieron a la hora de cargar contra la «industria del juicio», a la que Macri definió esta semana como una mafia y a cuya cabeza ungió al diputado kirchnerista y abogado Héctor Recalde. Por suerte no había ido Daniel Funes de Rioja, jefe de la poderosa COPAL (industria alimentaria), en cuyo favor el Gobierno procuró sin éxito inclinar la elección interna de la UIA que finalmente entronizó al aceitero Miguel Acevedo. Si hubiera estado presente, el eterno rival de Recalde se habría visto forzado a la misma reivindicación corporativa que hizo luego de las críticas del mandatario. Al fin y al cabo, a ambos les regularon honorarios durante décadas los jueces del mismo fuero.

Macri ratificó ante la UIA que después de las elecciones reformará las leyes para bajar el costo de contratar un empleado, aunque aclaró que no quiere «afectar el poder adquisitivo del salario». Gustavo Lopetegui apuntó en cambio contra los aportes a los sindicatos que suelen incluirse en las paritarias. Buscarán la forma de prohibirlos.

Penal y gol

Los fondos de inversión extranjeros que financian el gradualismo fiscal del Gobierno no están tan apurados como los empresarios locales por ver un ajuste de las cuentas públicas. Hasta que termine el año que viene seguirán dispuestos a prestarles al Tesoro y a las provincias, salvo que se termine de ahogar la reactivación. Así lo comentó en otro cóctel el presidente de Puente, Federico Tomasevich, colocador en jefe de los bonos que vienen emitiendo las provincias para cubrir sus respectivos baches. «El extranjero que invierte en bonos busca el retorno, no que los problemas se resuelvan. Por eso el relato argentino sigue seduciendo afuera», graficó.

La única pregunta que se repitió en las 70 u 80 reuniones con fondos que organizó Puente en las principales plazas financieras del mundo fue política. «¿Qué va a hacer Cristina? ¿Qué chances hay de que vuelva?». La respuesta, por supuesto, fue evasiva. Nadie lo sabe.

Envalentonado por la aparente división del peronismo, el Gobierno decidió centrar sus recursos políticos en contener los daños del escándalo Odebrecht y pasar a la ofensiva con su proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, al que en el Congreso ya se refieren como «Ley Calcaterra». Pero aunque que obtuvo dictamen de mayoría gracias a una jugada al filo del reglamento que coordinó ayer en Diputados el ascendente oficialista Daniel Lipovetzky, la norma parece destinada a naufragar entre planteos de inconstitucionalidad.

La procuradora Alejandra Gils Carbó, quien ratificó esta semana que no renunciará pese a las poco sutiles presiones del Ejecutivo para que lo haga, ya detectó al menos tres aspectos en los cuales la ley choca con la Carta Magna. Primero, deja afuera a los fiscales del proceso de acusación contra una empresa por corrupción. Segundo, soslaya que quien se entera de un delito está obligado a denunciarlo. Tercero, ignora que el artículo 109 de la Constitución prohíbe al Ejecutivo «ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas’. Es precisamente el mismo artículo con el cual el oficialismo cuestionó cuando era oposición el acuerdo con Irán sobre la causa AMIA.

Salvo que la campaña electoral desvíe la atención hacia otros temas o que la crisis del peronismo siga escalando, cuesta creer que pueda convertirse en ley el proyecto que salvaría el multimillonario contrato del soterramiento del Sarmiento para SACDE, la vieja IECSA reconvertida que ahora pilotea Marcelo Mindlin. Quienes votaran la ley Calcaterra no solo contribuirían a salvar al primo hermano del Presidente de su responsabilidad en el pago de coimas a funcionarios kirchneristas. También ayudarían a que Mindlin, el empresario favorito de Macri, se quede con la obra y sin su socio indeseable, si Odebrecht es forzada a vender. Una carambola demasiado perfecta para ser real.

Fuente: BAE.