El juez Caballero Vidal.

El fiscal federal Francisco José Maldonado solicitó que el actual ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Juan Carlos Caballero Vidal, sea convocado a prestar declaración indagatoria por su presunta participación necesaria en los delitos de lesa humanidad sufridos en 1977 por Héctor Alberto Cevinelli y su abogado, Pedro Eduardo Bayugar.

La investigación se inició luego de que el Tribunal Oral Federal de San Juan, que está llevando adelante un “megajuicio” por los crímenes del terrorismo de Estado cometidos en esa provincia, remitiera a la Fiscalía los dichos vertidos por Bayugar en la audiencia del 8 de mayo de este año. En esa ocasión, el abogado –quien presentara habeas corpus en representación de la pareja de la víctima en la época de los hechos- declaró que luego de la aparición con vida de Cevinelli se dirigió en persona al Sexto Juzgado, donde Caballero Vidal era el juez, para darle la noticia, dado que uno de los habeas corpus había sido interpuesto allí. Una vez comunicada la novedad, el magistrado le habría manifestado “que sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y que tenía muchas posibilidades de aparecer”. El testigo contó que al referirle al entonces juez de primera instancia que quedaba pendiente la investigación sobre el robo de la moto y otros efectos personales de su defendido, Caballero Vidal le habría dicho “supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo acontecido”, mientras sacaba una pistola 9mm del cajón y la ponía sobre el escritorio”.

El habeas corpus presentado por la pareja de Cevinelli y el abogado Bayugar en la justicia provincial fue destruido luego de que pasaran diez años de su archivo, consignó el fiscal Maldonado en base a un informe oficial del Poder Judicial sanjuanino.

En su requerimiento de instrucción -presentado ante el Juzgado Federal N°2 de San Juan-, Maldonado señaló que “puede apreciarse de forma diáfana como Caballero Vidal omitió realizar las investigaciones pertinentes relativas a los delitos de los cuales resultó víctima Héctor Cevinelli, circunstancia a la cual se encontraba obligado en relación al cargo que ocupaba al momento de los hechos”.

“Más aún, del testimonio de Bayugar surge también cómo Caballero Vidal buscó amedrentarlo, con el objeto de que cesara en sus investigaciones. En efecto, el hecho de blandir un arma de fuego tuvo como finalidad ocasionar temor en la persona de Bayugar, manifestándole un claro mensaje: si persistía en continuar las investigaciones podría correr riesgo su vida o la de la familia de Cevinelli”, evaluó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Un aporte esencial para “garantizar la impunidad”

El fiscal federal consideró que Caballero Vidal -quien integra el máximo tribunal provincial desde 1996- “prestó un aporte esencial tendiente a garantizar la impunidad de los autores de las graves violaciones a los derechos humanos que sufrió Héctor Cevinelli”, ya que “sólo quienes se encontraban en ejercicio de funciones jurisdiccionales podían proveer a los autores de la impunidad que precisaban, pues sólo ellos podían manipular el sistema judicial con el objeto de evitar que progresaran las investigaciones tendientes a la averiguación de la verdad real de los hechos”.

En ese sentido, Maldonado advirtió que no se trataría de un hecho aislado, sino parte de “un plan sistemático y a una estructura elaborada durante la última dictadura cívico-militar”: “no puede soslayarse que los delitos que cometieron las fuerzas armadas y de seguridad durante el terrorismo de Estado, sólo fueron posibles gracias al apoyo del Poder Judicial, que omitió sistemáticamente realizar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, garantizando la impunidad de sus autores”, aseveró. Finalmente, precisó que “al haber asumido el causante [en referencia al juez imputado] el colectivo ilícito perpetrado por las fuerzas represivas y clandestinas, debe considerarse su aporte también como un crimen de lesa humanidad en los términos del art. 7 del Estatuto de Roma y de la Ley 26.200”.

Por esos motivos, el fiscal federal solicitó una serie de medidas para incorporar otros elementos de prueba, entre las que se encuentra que “oportunamente, se le reciba declaración indagatoria” a Caballero Vidal. Es por “la probable comisión, en calidad de partícipe necesario” de los delitos en perjuicio de Cevinelli de robo agravado, privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia o amenazas, tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos e integrante de una asociación ilícita, todos ellos en concurso con el de infracción del deber de promover la acción penal. Se le imputa, además, el delito de amenazas contra Bayugar.

Los hechos investigados

El representante del MPF reseñó que Cevinelli fue detenido el 12 de marzo de 1977, en el marco de un procedimiento ilegal practicado en su domicilio “por un grupo fuertemente armado” que se anunció como “la policía”. Una vez en el interior de la vivienda, le cubrieron la cabeza tanto a él como a su pareja y comenzaron a golpearlo. “En esas condiciones, fue subido en la parte de atrás de un automóvil marca Dodge y conducido a una construcción precaria cerca de unos cerros en Zonda, que luego por su profesión de ingeniero en minas, pudo identificar como cercano al Polígono de tiro del RIM 22. Allí fue víctima de múltiples y reiteradas torturas. Permaneció detenido en la más absoluta clandestinidad hasta el 5 de abril de 1977”.

La liberación se produjo luego de que la esposa de la víctima, Ana, consiguiera contactarse con el teniente coronel José Osvaldo Riveiro, a quien se lo presentaron como «Jefe de la SIDE de la Región Cuyo». Riveiro era en realidad el jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza.

Persecución ideológica

De acuerdo a la pesquisa, Cevinelli “no era una persona desconocida para las fuerzas represivas destinadas a participar en la denominada ‘lucha contra la subversión’”. En sus antecedentes policiales hallados entre los archivos del D2 de la Policía de San Juan es mencionado como “militante Montonero” en 1976, “luego como elemento de la ‘Agrupación 18 de noviembre’ del PCR y vinculado a grupos de la ‘Tendencia de la J.T.P’”. También se dejó constancia allí de una detención anterior del 5 de octubre de 1976. “No obstante ello -recordó el fiscal- para ese entonces ya no militaba” y participaba en el Centro de Estudiantes de su Facultad.

Pero “el seguimiento y la persecución ideológica no sólo recayeron sobre Cevinelli sino también sobre su familia. Así, entre los antecedentes policiales de Héctor Cevinelli se hace constar que su esposa, Ana Cristina Deiana en el año 1975 siendo militante de la JUP, estuvo vinculada con simpatizantes Montoneros”.

Fuente: Fiscales.