Por Roberto Durrieu Figueroa

El crimen organizado parece haber penetrado con fuerza en los estamentos más marginales de nuestra sociedad: ciudades de frontera como Itatí, municipios del conurbano bonaerense y barrios de emergencia del Gran Rosario son testimonio de los islotes de impunidad, donde predominan asesinatos, extorsión, drogas, narcopolicías y el trabajo esclavo y sexual; todo bajo la mirada resignada de los vecinos, que sufren como nadie la ausencia estatal. En este contexto, ¿cuáles son los factores que pueden haber creado aquel «caldo de cultivo» en torno al avance de las bandas criminales? Las siguientes premisas podrán ayudar a responder nuestra pregunta:

Conflictos sociales, políticos y económicos: la narcocriminalidad suele sacar ventaja de la conflictividad social. Mientras las autoridades se ocupan de restablecer el orden, el crimen organizado aprovecha la distracción reinante para consolidar su poder territorial haciendo alianzas con otras bandas. Nada es comparable con el caos sufrido durante los años 2001/02 en el país. Sin embargo, la estabilidad social deseada, sobre todo en lo que hace a los problemas sindicales, aún no se ha logrado. Todavía sorprende el llamado de Macri a no ceder ante la presión de los grupos mafiosos que extorsionaban a los ciudadanos que deseaban ir a trabajar en el último paro general.

Altos índices de economía informal: los criminales se sienten cómodos donde los mercados clandestinos abundan y los controles monetarios escasean. El ocultamiento, la movilidad y la inversión de la ganancia criminal pasan inadvertidos en este contexto. La Argentina tiene una economía informal del 25-30%. Se trata de un índice alto si se compara con países centrales, como EE.UU., Francia o Canada (10%) y más bajo comparado con la delicada situación económica que dejó el anterior gobierno, en la que los índices de informalidad generados por el cepo cambiario y los «arbolitos» de la calle Florida superaban con creces el 40%.

Marco institucional débil: los Estados son débiles cuando actúan con jueces y fiscales sin capacidad operativa para hacer cumplir la ley en tiempo y forma. Una reciente auditoría sobre los tribunales federales muestra que los procesos por corrupción, delitos financieros y narcolavado tienen una duración promedio superior a los 8 años, arribando a condena un porcentaje inferior al de las causas iniciadas. A su vez, el Congreso aún no ha dado señales claras de querer aprobar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que crean, por ejemplo, subprocuradurías a cargo de delitos complejos.

Leyes de repatriación de activos: en los últimos años se implementaron tres regímenes fiscales de blanqueo de activos. Los dos primeros, durante la era K, que arrojaron un precario resultado total de 7500 millones de dólares. Y el tercero, en la era Macri, que recaudó la sorprendente suma de 120.000 millones de dólares. Ahora, superado el desafío de la recaudación, hay que poner el acento en los controles. A meses de concluido el último blanqueo, ¿podemos estar seguros de que los beneficios económicos de los grupos mafiosos no superaron los controles monetarios?

Altos índices de corrupción: existe una conexión evidente entre narcotráfico, soborno y reciclado de activos. Las astronómicas ganancias que arroja la actividad criminal suelen ser utilizadas para sobornar a las autoridades, a cambio de silencio e impunidad. En palabras del senador Federico Pinedo, esto se observa en los «jueces, policías, políticos y gremios corruptos que intentan manejar la Argentina». Un reciente llamado institucional que habla por sí solo.

El subdesarrollo argentino está demasiado contaminado para esperar un cambio desde abajo (municipios y provincias) hacia arriba (Estado federal). Corrupción, marginalidad y bandas protegidas por los propios controles institucionales son una realidad palpable. Y si alguna duda cabe, preguntémonos por qué la gobernadora Vidal se sintió forzada a trasladar a su familia a una base militar en Morón. Un hecho lamentable, que expresa los peligros que acechan a quien pretenda enfrentar, con la ley y el orden, a los grupos mafiosos.

Doctor en Derecho y especialista en Derecho Penal