| Dos por uno

El fallo de la Corte genera denuncias de prevaricato y ante la CIDH

El abogado Marecelo Parrilli denunció por prevaricato a los jueces de la Corte que le dieron el dos por uno a un represor. Tres denuncias ante la CIDH.

Rosatti, Rosenkrantz y Highton, en la mira.

Rosatti, Rosenkrantz y Highton, en la mira.

El fallo de la Corte Suprema que beneficia con el 2×1 a genocidas de la última dictadura cívico-militar sumó denuncias contra los tres supremos que aprobaron la resolución y también cosechó el rechazo de la ONU, que instó al máximo tribunal de la Nación a tener en cuenta “los estándares internacionales de derechos humanos” y a cumplir “los compromisos asumidos a nivel internacional”.

Además, en el Congreso Nacional  comienzan a tomar forma iniciativas para promover el Juicio Político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton de Nolasco, los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia que votaron el beneficio para represores.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) exhortó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener en cuenta “los estándares internacionales de derechos humanos” y a cumplir “los compromisos asumidos a nivel internacional” al referirse al fallo que declaró aplicable el derogado beneficio del 2 x 1 para un represor.

“La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, señaló al respecto el representante del Acnudh para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, en un comunicado.

El sábado último el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ayer se le sumaron una del presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y una tercera de la diputada de Cambiemos Anabella Hers, para pedir al Gobierno argentino que arbitre los medios para que se corrija el fallo dela Corte.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton de Nolasco, los tres miembros de la Corte Suprema que votaron el beneficio del 2×1 para represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron denunciados por “prevaricato” en los tribunales federales de Retiro.

La primera denuncia penal contra los ministros que fue presentada por el abogado Marcelo Parrilli quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien luego de consultar a la fiscalía para funde su dictamen debería dar inicio a la causa contra los supremos.

En el texto de su denuncia Parrilli sostuvo que “no se puede dejar de mencionar, y tener en cuenta a los fines de la investigación que se propicia con esta denuncia, que los tres ministros denunciados tienen fuertes vinculaciones con el actual gobierno nacional derivados, en el caso de los ministros Rosatti y Rosenkrantz, del hecho de que el titular del Poder Ejecutivo Nacional, presidente Mauricio Macri, pretendió nombrarlos ministros de la Corte Suprema por decreto del PEN obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.

“En el caso de la Dra. Highton, sugestivamente, el gobierno que propiciaba su alejamiento para cuando cumpliera los 75 años de edad a fin de que se acogiera a los beneficios jubilatorios, consintió una sentencia de primera instancia de fecha 10 de febrero de 2017, que hacía lugar a un amparo de la denunciada”,  con lo cual la ministra podrá permanecer en su cargo más allá de sus 75 años.

“La gravedad del fallo producido por la mayoría de la Corte en el expediente aludido, como es público y notorio, no se agota en el caso en sí sino que se eleva notablemente por la posibilidad concreta de que condenados en la misma situación que Muiña lo invoquen para obtener su libertad, lo que decididamente no solo lesiona sino que pone en peligro el Estado de Derecho en nuestro país al permitir la liberación de cientos de condenados por los más terribles crímenes de que tenga memoria nuestra historia, debidamente calificados en la recordada sentencia de la Causa 13 de la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal como constitutivos de un sistema de “terrorismo de Estado”, expresó Parrilli en su denuncia.