Roncero, en la jura como consejero.

Javier Roncero asumió en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre, en lugar de Carlos Mas Velez, en representación del estamento de los abogados en el organismo que conduce la justicia porteña.

Roncero se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires (1988) y ha tenido una activa participación en la vida académica, siendo electo como vocal titular del Consejo Directivo en los períodos 2004-2006 y 2012-2014. Asimismo, se desempeñó como miembro de la Asamblea de Delegados en cuatro oportunidades y participa de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).

¿Cómo sigue adelante el traspaso de la justicia nacional a CABA?

Creo que se dio un paso importantísimo con los cuatro convenios firmados el 19 de enero de este año por el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establecen la transferencia progresiva de la Justicia Nacional ordinaria en lo Penal,  de la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo,  de la Inspección General de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble.

Estos avances significativos son actos de reivindicación para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Está claro que son el principio de un proceso que debe seguir su curso, pero  luego de veintitrés años de sancionada la reforma constitucional que otorga autonomía a la Ciudad, comienza a ser un hecho. La Legislatura ha dado el primer paso aprobando los convenios, falta ahora que el Congreso Nacional vaya en la misma dirección y los ratifique.

¿Cómo se van a elegir los juzgados que comienzan el traspaso?

En el caso de la Justicia del Consumo está todo por hacerse, incluyendo la puesta en funcionamiento de los Juzgados. En ese aspecto debe existir una ingeniería legislativa inteligente de la Ciudad  que logre un procedimiento eficaz para el ordenamiento del fuero.

En materia penal deberá  resultar del esfuerzo mancomunado que ambas jurisdicciones lleven adelante, pero poniendo énfasis en los recursos que este poder judicial debe otorgar, para modernizar y agilizar la gestión judicial.

Estamos trabajando para  que el traspaso sea ordenado, progresivo y eficaz, con una metodología que contenga un orden de prioridades racional.

¿Por qué la mayor parte los jueces no quieren el traspaso?

No tengo certezas de que sea el conjunto de los magistrados los que se oponen. Es casi lógico que cualquier cambio genere cierto tipo de incertidumbre, tanto para los trabajadores como para los jueces.

Estoy seguro que las críticas provenientes desde ese estrato judicial se hacen con la mejor intención. Es por eso que ante diversas inquietudes debemos despejar el camino llevando certezas a aquellos que creen, tal vez por falta de información, que serán vulnerados sus derechos. Para ello es necesario un diálogo permanente entre todos los involucrados sin perder de vista el objetivo principal que es darle a los ciudadanos un mejor servicio de Justicia.

El gremio liderado por Piumato, UEJN, también se resiste, ¿qué harán para vencer esa resistencia?

Las resistencias pueden modificarse a través del diálogo institucional, buscando los canales más eficaces para un proceso que ya está en marcha.

Los trabajadores no van a perder los derechos que tienen actualmente en la órbita Nacional, sino que además van a incorporar muchos beneficios que existen hoy en el ámbito de la justicia de la Ciudad.  

También los abogados, cuyo estamento represento en este Consejo de la Magistratura, se verán beneficiados por el sistema de regulación de honorarios con el que cuenta la Ciudad.

En definitiva, es un proceso que traerá más soluciones y beneficios que problemas.

¿Cuándo se van a ver los primeros frutos del traspaso?

Lo primero que debe ocurrir es que el Congreso Nacional ratifique los convenios.

El Consejo está realizando esfuerzos para producir los mejores resultados, creando ámbitos de trabajo que permitan  avanzar sobre todos los aspectos que deben ser considerados.  Adelantándonos a las contingencias, se ha adquirido un edificio para poder recibir las competencias transferidas. Ahora bien, una vez ratificados los convenios comienza la etapa de implementación que requerirán nuevas tareas y que derivarán, sin dudas, en mejoras significativas en la administración  de justicia.

De todas formas, hay una prerrogativa exclusiva de la Legislatura relativa a la organización institucional y elaboración de los procedimientos de los fueros.

¿En términos de presupuesto, cuánto se incrementa, de que monto hablamos, para cubrir los traspasos?

Dada la complejidad de la transferencia sería irresponsable dar una cifra. Recién cuando la Legislatura establezca la nueva estructura orgánica del Poder Judicial,  tendremos precisiones que permitan elaborar el presupuesto definitivo. El Gobierno Nacional se ha comprometido en los convenios, a que la transferencia será acompañada de los recursos pertinentes y de los bienes correspondientes a la labor de los órganos transferidos.