| Asociación ilícita

Cristina apeló su procesamiento por la obra pública y le pegó al juez

Dijo que no se probó que hubo un favorecimiento y que la prueba principal es una informe de Vialidad Nacional. Dijo ser víctima de una persecución política, mediática y judicial.

Cristina apeló el procesamiento de Ercolini.

Cristina apeló el procesamiento de Ercolini.

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner cuestionó hoy el procesamiento que le dictó el juez federal Julián Ercolini porque supuestamente favoreció al empresario Lázaro Báez al considerar que no se encuentra fundado, reclamó su nulidad y dijo ser víctima de una persecución política orquestada por el magistrado y los fiscales, al calor del nuevo gobierno.

La ex mandataria hizo la presentación judicial a través de su abogado, Carlos Beraldi, ante la sala I de la Cámara Federal porteña que la había convocado hoy a una audiencia para fundamentar la apelación al fallo en su contra.

Ercolini había procesado a la ex presidenta como jefa de una asociación ilícita que llegó al gobierno para dar obra pública a Báez en la provincia de Santa Cruz y además le dictó un embargo récord de 10 mil millones de pesos.

Beraldi sostuvo que desde que la ex presidenta finalizó su mandato en diciembre de 2015 “ha sido ya procesada en tres oportunidades, sin que existan los más mínimos elementos fácticos o jurídicos que justifiquen tales pronunciamientos”.

El abogado de la ex jefa de Estado rechazó que su defendida haya ordenado el direccionamiento de la obra pública en favor de Báez y cuestionó en duros términos a los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahíques y al juez Ercolini.

En la argumentación que presentó por escrito ante los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, Beraldi sostuvo que esta causa está vinculada con una anterior, del 2008, abierta a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió en la que no habían elementos incriminatorios contra la ex presidenta pero que eso cambió con el nuevo gobierno.

“Durante ocho años investigaron la misma supuesta asociación ilícita en el marco de un expediente `madre´ en el cual jamás encontraron elemento incriminatorio alguno para ordenar autos de procesamiento o tan siquiera alguna medida cautelar dirigida a hacer cesar o detener tan ´evidente´ maniobra”, sostuvo.

“A partir de la intervención de los nuevos fiscales Mahiques y Pollicita fue torcido el curso del proceso para ser direccionado en contra de mi representada, quien ni siquiera aparecía como imputada cuando aquellos asumieron la dirección de la instrucción”, afirmó Beraldi.

En la misma dirección sostuvo que “se quebró el principio de autonomía del Ministerio Público a través de la evidente intervención del Poder Ejecutivo Nacional en la dirección de esta causa”, al señalar que Mahiques es hermano del Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación.

La defensa de la ex presidenta resaltó que los giros en la investigación comenzaron a partir del nombramiento de Javier Alfredo Iguacel, un ex candidato a intendente del macrismo, en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Beraldi resaltó que a principios de 2016, y tras el nombramiento de Iguacel, la DNV elaboró un informe enfocado en la obra pública de Santa Cruz que dio origen a una nueva denuncia que se anexó a la anterior y que devino en el procesamiento de la ex mandataria.

“En apenas cuatro meses los fiscales y el juez `investigaron´ todas las leyes de presupuesto sancionadas y promulgadas durante doce años” y todas las disposiciones de los distintos órganos de gobierno, remarcó Beraldi.

“Sentado cuanto precede y sin caer en subjetividades, salta a la vista que los fiscales Mahiques y Pollicita tomaron intervención en esta causa con la decisión preconcebida de imputar penalmente a mi representada”, sostuvo.

En el escrito, el abogado dijo además “se concentra toda la responsabilidad en el Presidente de la Nación por obras públicas que fueron llevadas a cabo según leyes del Congreso nacional, votadas por los Diputados y Senadores, en base a disposiciones presupuestarias dictadas por los Jefes de Gabinetes de Ministros y ejecutadas en el ámbito de la provincia de Santa Cruz bajo la administración de cuatro gobernadores, sin que ninguno de todos estos funcionarios fuese citado a dar las explicaciones del caso”.

Sobre el embargo de 10 mil millones de pesos trabado sobre los bienes de la ex presidenta, Beraldi sostuvo que “carece de proporción con el patrimonio” de su representada y “tampoco guarda relación alguna con el supuesto perjuicio irrogado al Estado, el cual ni siquiera fue calculado”.

Y en un duro cuestionamiento a la actuación de Ercolini, Beraldi sostuvo que el juez  consolidó “las ilicitudes a través de un auto de procesamiento que llega a la inconcebible imputación de que un gobierno elegido democráticamente constituyó una asociación ilícita destinada a saquear las arcas públicas durante doce años y medio”.

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