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La Legislatura aprobó el traspaso de la justicia penal a la Ciudad

El cuerpo legislativo aprobó los convenios firmados entre Macri y Rodríguez Larreta para continuar con el traspaso de juzgados y competencias penales. Oposición de gremios.

Los judiciales se oponen al traspaso.

Los judiciales se oponen al traspaso.

La Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Nacional en las Relaciones del Consumo serán transferidas en forma gradual a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las funciones que no sean de materia federal, al igual que la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble según dispuso este jueves la Legislatura porteña aunque está pendiente la ratificación del Congreso Nacional. El oficialismo adelantó su compromiso para crear una comisión especial conformada por distintos bloques que atienda la situación de los trabajadores judiciales.

El parlamento porteño aprobó este miércoles en sesión especial cuatro leyes que legitiman este proceso de transferencia basado en lo que establecen las constituciones Nacional y de la Ciudad y cuatro recientes convenios suscriptos en el máximo nivel ejecutivo por las autoridades respectivas.

Los convenios aprobados y convertidos en ley fueron tratados en base a despachos elevados al pleno por la comisión legislativa de Relaciones Interjurisdiccionales que preside el diputado Juan Francisco Nosiglia (SUMA+) en presencia de una representación de trabajadores que ocupó los palcos y en distintos momentos entonó consignas en defensa de sus fuentes laborales y en contra del traspaso.

El artículo 129 de la Constitución Nacional, la ley nacional  24.588, la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad establecen que los Estados nacional y porteño están facultados para suscribir los convenios que conduzcan a una ordenada transferencia a la CABA de la Justicia Nacional Ordinaria con asiento y organismos administrativos de la Administración Pública Nacional.

El primer orador fue el presidente del bloque oficialista, diputado Francisco Quintana (PRO) quien en su intervención comprometió la voluntad de sus representados para que en la próxima sesión ordinaria -probablemente el jueves 20 de abril- “se cree una comisión especial que sea el ámbito del debate de las distintas fuerzas políticas para atender las situaciones colectivas y particulares de los trabajadores judiciales”. Previamente había recordado al “compañero de trabajo y entrañable amigo Enzo Pagani”, presidente del Consejo de la Magistratura fallecido la semana pasada.

Miembro informante fue el presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti (PRO). Afirmó que “los acuerdos formalizados el 19 de enero último tienen un solo objetivo: fortalecer la autonomía”. Tras remarcar que “no se alteraran ni alterarán los derechos adquiridos de los trabajadores” y que “nuestra decisión de hoy requiere la ratificación del Congreso Nacional” volvió a enfatizar que “estamos ante un final anunciado: la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.

Durante el debate de más de dos horas expusieron también Laura Marrone, Marcelo Ramal (FIT), Adrián Camps (PSA), Roy Cortina (PS), Paula Oliveto Lago (CC), Marcelo Depierro (CP), Carlos Tomada (FpV) y Nosiglia (SUMA+). Al momento de la votación en general acompañaron al PRO el Bloque Peronista, SUMA+, CC, PS, PSA y CP excepto en el convenio de la justicia penal donde se abstuvo.

Justicia de Relaciones del Consumo

También fue ratificado el Convenio Interjurisdiccional de Transferencia de la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto en enero último entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el titular del Poder Ejecutivo Nacional.

La ley de defensa del consumidor creó la necesidad de una instancia judicial específica para la protección de esos derechos “aún sin implementar por lo que se modificarán los códigos de forma y de fondo” según adelantó Presti. La Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo está integrada por la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo y ocho juzgados de primera Instancia en las Relaciones de Consumo. También existen 3 fiscalías y 3 defensorías.

El convenio prevé la transferencia a la Ciudad de 8 juzgados de primera instancia; 3 fiscalías de primera instancia; 3 defensorías públicas oficiales; 6 vocalías de cámara; 1 fiscalía y 1 defensoría de cámara.

La votación en general arrojó 53 votos por la afirmativa y 4 negativos (FIT, AyL y PSA).

Inspección General de Justicia

“Apruébase el Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “, dice el primer artículo de otra ley sancionada hoy por la Legislatura porteña.

Este acuerdo establece en su Cláusula Primera que la Nación transfiere y la Ciudad asume todas las funciones y facultades de la IGJ en todas las materias no federales o de interés nacional, para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por el Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la CABA.

El Estado Nacional transfiere a la Ciudad las funciones, competencias, órganos, entes, personal, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación), convenios y contratos en ejecución con los que cuente y utilice la IGJ para el desempeño de funciones y competencias en todas las materias no federales o de interés nacional.

A los fines de la implementación de la transferencia dispuesta, las partes han previsto celebrar convenios específicos, pudiendo prever una etapa de transición.

Queda garantizado al personal del órgano transferido la estabilidad laboral, el nivel escalafonario, la remuneración, la antigüedad y los derechos previsionales, sindicales y de obra social que gocen al momento de la transferencia. Afecta a 451 empleados y la sede de avenida Paseo Colón N° 285. En tanto, la Cláusula Octava prevé la transferencia de los recursos necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones en los términos del artículo 75, inciso 2) de la Constitución Nacional.

En general la decisión resultó de 44 positivos y 13 negativos: FpV, CNM, FIT y AyL.

Justicia Penal Ordinaria

Los diputados aprobaron el Convenio de Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional Ordinaria Penal, firmado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta en enero pasado, que prevé un procedimiento progresivo y gradual.

Durante el transcurso de la primera etapa, se propone transferir la competencia para investigar y juzgar los delitos que figuran enumerados en la Cláusula Primera (delitos contra las personas, contra el honor, contra la propiedad, contra la libertad, contra la seguridad pública, la administración pública y la fe pública).

La Cláusula Segunda prevé la transferencia de 8 juzgados en lo Criminal y Correccional; 2 juzgados de Menores; 15 vocalías de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional; 3 vocalías de los Tribunales Orales de Menores; 8 Fiscalías en lo Criminal y Correccional;  6 Fiscalías Generales ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional; 1  Fiscalía ante los Tribunales Orales de Menores; 3 Fiscalías Generales adjuntas a la Procuración General de la Nación y 3 Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional.

Se establece además la garantía de estabilidad laboral, intangibilidad de las remuneraciones, respeto de la antigüedad, de la obra social y de los derechos previsionales de los funcionarios y 361 empleados transferidos.

Con respecto a las causas ya iniciadas en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y en los Juzgados de Menores continuarán su trámite hasta la finalización del proceso, respetando la competencia y jurisdicción origen.

En la Cláusula Sexta del Convenio las partes se comprometen, en el plazo de 3 años, a disponer la transferencia de los órganos que en lo sucesivo queden vacantes en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, en la Justicia Nacional de Menores y en los Ministerios Públicos, garantizando la prestación ininterrumpida del servicio de justicia en sus respectivas jurisdicciones.

El resultado de la votación en general fue: 43 positivos, 12 negativos (FpV, FIT y AyL) y las abstenciones de Gabriel Fuks (CNM) y Marcelo Depierro (CP).

Registro de la Propiedad Inmueble

Otra “Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones” ratificada por ley de la Ciudad de Buenos Aires es la referida al Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), en todas las materias no federales.

En las Cláusulas Segunda y Octava se establece que la transferencia importa la de todo el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP); las funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución que determinen las partes en las actas complementarias para cuya firma quedan autorizados el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el ministro de Gobierno de la Ciudad.

Se dan también aquí las garantías de estabilidad respecto de la situación laboral, la remuneración, la antigüedad, los derechos previsionales y los de cobertura social del personal transferido, aproximadamente 476 personas.

Además, se prevé la transferencia de recursos y “las partes acuerdan que, cada una en su jurisdicción, realizarán las modificaciones y adecuaciones normativas, presupuestarias, administrativas y/u operativas necesarias para la ejecución de la transferencia prevista”. Entre los recursos se encuentran las sedes de avenida Belgrano N° 1130 y calle Venezuela N° 1133.

En este caso la votación en general fue: 46 positivos, 3 negativos (FIT y AyL) y 8 abstenciones del bloque FpV.