Por Jorge Enriquez*

Es necesario destacar la enorme importancia de la aprobación que la Legislatura porteña dio hoy a los cuatro convenios celebrados en enero pasado entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, destinados a transferir al ámbito local el Registro de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia, nuevas competencias penales y los tribunales de consumo. Resta ahora la aprobación del Congreso Nacional para que podamos poner en marcha rápidamente los traspasos acordados.

Dde esta forma avanzamos gradual y progresivamente en la autonomía jurisdiccional de la Ciudad, que tiene una mora de dos décadas, ya que fue establecida por la reforma constitucional de 1994. No hay dudas acerca de que los tribunales que no sean federales deben actuar en la órbita local.

La llamada ‘justicia nacional’ fue una creación legislativa, no constitucional, y es meramente transitoria, como lo sostuvo en recientes fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al zanjar definitivamente la cuestión instando a la Nación y a la Ciudad a celebrar los convenios que operen la transferencia.

Pero no se trata solamente del cumplimiento de un mandato constitucional, sino de la necesidad de edificar una justicia más cercana a la gente, más eficaz, que actúe con celeridad con las personas de carne y hueso, antes que con los vetustos expedientes, como eje central.

La Ciudad viene demostrando que sus instituciones judiciales son más modernas y más aptas para afrontar los desafíos de este tiempo, en un marco de independencia incuestionable.

*Subsecretario de Justicia de la ciudad de Buenos Aires