| Postergación

Se suspendió la audiencia por el concurso del Correo S.A.

Los camaristas postergaron a pedido del abogado del Ministerio de Comunicaciones la audiencia durante 120 días. Es para que finalice el estudio de la Auditoría General de la Nación.

correo_argentinoLa audiencia en la Cámara en lo Comercial por la cual se iba a volver a discutir el acuerdo en el concurso de acreedores del Correo S.A., se suspendió el jueves por decisión de los magistrados, con lo cual el tema saldrá de las páginas de los diarios durante varios meses.

Los camaristas suspendieron la audiencia, luego de que los representantes del Gobierno presentaron una solicitud en la que pidieron una prórroga por 120 días. Supuestamente, durante ese lapso el Ejecutivo podrá terminar la redacción del decreto sobre conflictos de interés.

El representante del Estado Nacional, Juan Bernabé Aráoz, del Ministerio de Comunicaciones, fue quien a través de un escrito solicitó una prórroga de 120 días, debido a que en ese plazo finalizará el trabajo encargado a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la situación de la empresa al momento del inicio del concurso preventivo.
Aunque estaba convocada para las 10, en la sede de la Sala B de la Cámara Comercial, ubicada en el piso 5 de la avenida Roque Sáenz Peña 1191 de esta capital, el encuentro se inició a las 11.30 y duró solo unos minutos.

Allí se hizo constar el pedido de los abogados del Estado y la decisión de postergación de las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz.

En la audiencia debía analizarse el acuerdo donde la empresa se comprometía a pagar unos 600 millones de pesos en cuotas hasta el 2033, que fue considerado “abusivo” por la fiscal Gabriela Boquín.

El Estado ya se había retractado de los términos de ese acuerdo luego de que públicamente el presidente Mauricio Macri pidiera volver todo a “foja cero”.

Tras anunciar que se decidía retroceder en los términos del acuerdo que se había alcanzado a mediados del año pasado, el Gobierno anunció que se trabajará en alguna normativa para prever conflictos de intereses.

El Presidente decidió dar marcha atrás con el acuerdo en el concurso de acreedores de la empresa que pertenece a su familia, luego de que la fiscal Boquín denunciara los términos del acuerdo.

Según los cálculos que presentó Boquín en la causa, aceptar el acuerdo significaría para el Estado una enorme pérdida y convalidar una quita superior al 98 por ciento.

Para la Fiscalía la deuda actualizada es de 4.000 millones de pesos y sería de 70.000 millones cuando eventualmente se termine de pagar.