Los camaristas suspendieron la audiencia, luego de que los representantes del Gobierno presentaron una solicitud en la que pidieron una prórroga por 120 días. Supuestamente, durante ese lapso el Ejecutivo podrá terminar la redacción del decreto sobre conflictos de interés.

Allí se hizo constar el pedido de los abogados del Estado y la decisión de postergación de las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz.

En la audiencia debía analizarse el acuerdo donde la empresa se comprometía a pagar unos 600 millones de pesos en cuotas hasta el 2033, que fue considerado «abusivo» por la fiscal Gabriela Boquín.

El Estado ya se había retractado de los términos de ese acuerdo luego de que públicamente el presidente Mauricio Macri pidiera volver todo a «foja cero».

El Presidente decidió dar marcha atrás con el acuerdo en el concurso de acreedores de la empresa que pertenece a su familia, luego de que la fiscal Boquín denunciara los términos del acuerdo.

Según los cálculos que presentó Boquín en la causa, aceptar el acuerdo significaría para el Estado una enorme pérdida y convalidar una quita superior al 98 por ciento.

Para la Fiscalía la deuda actualizada es de 4.000 millones de pesos y sería de 70.000 millones cuando eventualmente se termine de pagar.