El presidente Mauricio Macri sumó una nueva causa en su contra, con la imputación del fiscal Pedro Zoni por el acuerdo entre el Correo Argentina S.A. y el Estado, firmado a los seis meses de haber asumido el poder, en condiciones ruinosas y abusivas, según el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín. Con esta imputación, el Presidente ya tiene seis causas abiertas desde que llegó a la Casa Rosada.

En diciembre último el fiscal Guillermo Marijuan, en su dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, consideró que debe ser impulsada una pesquisa en base a una denuncia penal presentada días atrás por la diputada Victoria Donda por haber ampliado el blanqueo de capitales a los parientes de los funcionarios, pese a que la ley aprobada disponía que quedaran excluidos. Además de Macri son investigados otros funcionarios del Poder Ejecutivo que firmaron el decreto que habilitó la participación de los funcionarios en el blanqueo de divisas y bienes no declarados.

También a fines de diciembre la fiscal Paloma Ochoa  pidió que se investigue la denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros funcionarios del gobierno por la firma de un Memorándum entre la Argentina y Qatar, vinculado con la postergada instrumentación del voto electrónico,  que contempla la utilización de fondos de la Anses. Están acusados de posibles estafas y defraudaciones, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia también involucra al ex tenista Gastón Gaudio por la supuesta influencia que habría ejercido como intermediario para la firma del acuerdo.

La primera imputación contra el presidente Macri fue a los pocos meses de asumir cuando se desató el escándalo de los Panamá Papers, por no haber declarado en la Argentina su participación en dos sociedades off shore, radicadas en Panamá y Bahamas. El fiscal Federico Delgado pidió investigar al Presidente por los posibles delitos de lavado de dinero y evasión impositiva. La divulgación de las sociedades de Macri en el exterior fue parte de una difusión de papeles de un estudio de abogados de Panamá dedicado a la creación de empresas fantasmas.

El mismo fiscal Delgado también impulsó una investigación penal contra el presidente Macri, el ex ministro Prat Gay y el titular del Banco Central por el pago a los fondos buitre, al considerar que se trató de una estafa y un fraude para el Estado argentino, tras una denuncia realizada por un grupo de abogados. La causa se tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello. Delgado sostuvo que con el pago a los buitres  “se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas”.

También a fines de diciembre, el presidente Macri, su padre Franco Macri y el secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis fueron denunciados por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. El caso cayó en el Juzgado Federal Número 12, de Sergio Torres, quien trabaja junto al fiscal Jorge Di Lello. En la presentación, los denunciantes advierten sobre un posible «pase de manos» de la empresa aérea de los Macri, Mac Air, a la firma Avianca, ya que los integrantes del directorio continúan siendo los mismos.