El padre y el hijo, unidos por los negocios.

La compañía Correo Argentina S.A., la empresa de Franco Macri, el padre de Mauricio, el presidente de la Nación, quebró en diciembre de 2003, a los pocos días de que asumiera Néstor Kirchner en la Casa Rosada.

Dos años antes se había iniciado el concurso de la empresa que había sido privatizada durante la presidencia de Carlos Menem. A mediados del año pasado, el Estado argentino (cuya cabeza es Mauricio Macri) aceptó una propuesta de pago de la deuda de la empresa quebrada que era de su padre Franco.

Ese acuerdo, según la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, “equivale a una condonación” de la deuda y debe considerarse abusivo  ya que implica una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos propuesto, informa Fiscales, la página de la Procuración.

El Estado era el principal acreedor de Correo Argentina S.A. por la falta de pago del canon que el grupo Macri debía abonar tras hacerse cargo de la concesión del reparto de la correspondencia. Luego de la quiebra, el servicio volvió a quedar en manos del Estado, que volvió a repartir sobres y bultos en todo el país.

Pero la abultada deuda de los Macri con sus acreedores siguió su discusión en la quiebra que se tramita en la justicia comercial. En junio del año pasado, hubo una nueva audiencia en la que Correo Argentino S.A. propuso una nueva oferta de pago, para abonar las deudas en un plazo de 15 años.

Para la fiscal Boquín la propuesta, que fue aceptada por el Gobierno, representado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones, representa un enorme perjuicio para el Estado. La fiscal destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

En la audiencia del 28 de junio, hubo dos propuestas del Correo Argentino S.A. La primera consistía en el pago del 100 % del capital verificado y/o declarado admisible, que sería abonado en 19 cuotas anuales y consecutivas, más una cuota de intereses del 6% anual. Esa propuesta fue rechazada. La segunda consistía en el pago del 100 % del capital verificado y/o declarado admisible, en 15 cuotas anuales y consecutivas más una cuota de intereses del 7% anual.

Para la Fiscalía, las dos propuestas son inadmisibles. Y argumenta que “a primera vista, la nueva propuesta recepta los requerimientos del Estado Nacional en tanto “mejora”, literalmente, tanto el “plazo de pago” (de 19 cuotas, pasa a proponer 15 cuotas anuales y consecutivas) como la tasa de “interés” (del 6% anual, propone ahora aplicar un 7% anual). Sin embargo, un pormenorizado análisis económico nos lleva a una conclusión diferente: la propuesta no implica mejora alguna. Ello, vicia el consentimiento prestado, convirtiendo el acto en arbitrario e irrazonable, pues no cuenta con fundamentación suficiente que amerite evaluar el cambio de la decisión estratégica del Estado además de carecer de un soporte técnico que lo avale”.

Los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, toman como base la fecha en que se inicia el concurso el 19 de septiembre de 2001, cuando se empezaría a pagar y la fecha en que se terminaría de abonar la deuda.

“Del cálculo realizado resulta que el porcentaje de quita, para la mejora de la oferta efectuada por la concursada y aceptada por el Estado Nacional, asciende al 98,82% de su valor real. En suma, como fácil se advierte al comparar la propuesta rechazada y la mejora de la aceptada – ambas abusivas- éstas no difieren sustancialmente en términos económicos. En efecto, el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, sostiene el dictamen de la Fiscalía.

En una ampliación de su dictamen, surge “el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-”.

Boquín también objetó que el acuerdo fuera aceptado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que en última instancia responde a Mauricio Macri, porque la propuesta termina por beneficiar a la familia presidencial.

“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él [en referencia a Mocoroa el funcionario del Ministerio de Comunicaciones que firmó el acuerdo], podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, escribió en su dictamen y sostuvo que se debería haber consultado a la Oficina Anticorrupción o a la Comisión de Etica Pública.