El dinero iba a la departamental La Plata.

El fiscal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, pidió a la Suprema Corte de Justicia provincial que revoque la excarcelación de los ocho jefes policiales imputados por asociación ilícita al encontrarse sobres con dinero presuntamente proveniente de coimas en la Jefatura Departamental de La Plata.
En el escrito, Altuve consideró que el fallo del Tribunal que ordenó la libertad de los comisarios “es absurdo y arbitrario y se configura un supuesto de gravedad institucional”, informaron fuentes judiciales.
El fiscal argumentó que diversas investigaciones en curso podrían verse afectadas, debido a que el criterio de una sala de Casación “imposibilita en la práctica la detención de personas investigadas por delitos graves, supeditándolas a la finalización del trámite recursivo de la eximición de prisión, lo que podría demorar años”.
Es que el 25 de enero último la Sala de Feria del Tribunal de Casación bonaerense dispuso la libertad de los jefe policiales por entender que su detención resultaba ilegítima.
A criterio de los jueces Jorge Celesia y Mariano Borinsky “no corresponde ejecutar la detención hasta que la eximición de prisión, si bien fue rechazada por el Juzgado de Garantías y luego por la Cámara de Apelaciones, fuera tratada por el Tribunal de Casación y, eventualmente, la Suprema Corte Provincial y la Corte Suprema Nacional”.
La medida benefició al ex titular de la departamental Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo, el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de calle, Ariel Huck; y los comisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz.
En tanto, el abogado Federico Mazzochini, representante de estos últimos tres y de la familia del fallecido Federico Jurado pidió hoy ante el Juzgado de Garantías 5 la nulidad del procedimiento al considerar que “hay una irregularidad el allanamiento y secuestro de sobres” realizado el 1 de abril en la sede departamental de La Plata.
La medida se trata “de un planteo de nulidad, ya que hay una irregularidad en el secuestro de sobres y el allanamiento por parte de Asuntos Internos, arrogándose el trabajo de una unidad fiscal”, dijo el letrado.
«No hay testigos del allanamiento, excepto el propio personal de Asuntos Internos”, indicó Mazzochini.
Los ex comisarios están imputados desde el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo dentro de la sede de la Jefatura Departamental platense.
Los investigadores sospechan que esa suma de dinero provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advirtió al personal de Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de la capital bonaerense recaudaba alrededor de 200.000 pesos de coimas por mes.
En la causa también estaba imputado el comisario Federico Jurado que fue hallado muerto en la celda de la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense en la que se encontraba alojado.
En su escrito, Altuve pidió la “urgente intervención de la Suprema Corte porque la interpretación y aplicación de las normas debe ser justa y razonable y no puede vulnerar principios constitucionales ni la potestad estatal de investigar delitos”.
“De lo contrario, se corre el riesgo de afectar severamente la correcta administración de justicia y la credibilidad que las instituciones merecen”, graficó.
En su presentación, el fiscal citó además al menos otras nueve causas que fueron resueltas con idéntico criterio, entre ellas la de Gabriel Bruera, hermano del ex intendente de La Plata, detenido junto a otros tres funcionarios municipales por presunto “pedido de coimas y asociación ilícita” para habilitar lotes destinados al Pro.Cre.Ar.