Candela tenía once años cuando la asesinaron.

La fiscalía del juicio por el crimen de Candela Sol Rodríguez, asesinada en agosto del 2011 tras permanecer nueve días desaparecida en la localidad bonaerense de Villa Tesei, incorporó como agravante el «abuso sexual» de la víctima, como pretendía la familia, y aseguró que hubo un «plan previo» de los acusados para cometer el asesinato.
En tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo cuando participarán en la audiencia veedores de la Suprema Corte de Justicia provincial, del Colegio de Abogados y de la Procuración General a pedido del particular damnificado porque la defensa de uno de los imputados criticó a un sector del Departamento Judicial local en un programa televisivo.
La primera audiencia comenzó una hora y media más tarde de lo previsto luego de que Hugo Bermúdez (59), acusado de ser el autor material del crimen, denunció que ayer había sido golpeado por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por lo que un médico de la Asesoría Pericial lo revisó.
Sin embargo, el presidente del TOC, Diego Bonanno, acompañado por las juezas Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera, confirmó que el médico estableció que las lesiones no eran de reciente data tal cual los informes del SPB, pero el imputado insistió y al finalizar la audiencia realizó la denuncia correspondiente.
El primero en ingresar a la sala Fermín Parera situada en la planta baja de los tribunales de Morón fue Fabián Gómez (45), quien llegó en libertad al juicio, vestido con una camisa cuadrillé y jean azul, tras lo cual se sentó detrás del abogado oficial Luis Carpaneto.
Minutos después, Leonardo Jara (39), vestido con una camisa blanca y pantalón de vestir negro, entró esposado y, tras acomodarse al costado de su abogado particular Adrián Corvalán, saludó con un ademán a su familia sentada a unos metros.
Luego que Bermúdez fue revisado y se sentó al lado del letrado Juan Carlos Rey, el presidente del tribunal pidió los datos personales a cada uno de los acusados y que especificaran si habían tenido condenas precias a este caso.
Gómez aseguró ser «soltero», trabajar en el sector de la «construcción» y haber recibido en 2007 una pena de 12 años de prisión; Jara dijo tener el mismo estado civil, ser pintor, aunque su último oficio fue como carpintero con su tío, y también que purgó una pena de 16 años hasta abril de 2010; por último, Bermúdez, de nacionalidad uruguaya, afirmó ser «casado», «transportista» y haber sido condenado a dos años y medio en suspenso.
El fiscal Pablo Galarza, secundado por sus pares Mario Ferrario y Antonio Ferreras, fue el primero en dar a conocer los lineamientos en los que aseguró que los tres hombres «actuaron mancomunadamente» tras un «plan previo» y con «distribución de tareas» para «privar de la libertad y dar muerte» a Candela (11).
Además, el fiscal acusó a Bermúdez de haber abusado sexualmente con un «elemento duro introducido en el ano» de la niña, a quien «sofocó».
Para finalizar, Galarza calificó el hecho como «privación ilegal de la libertad agravada por violencia seguida de abuso sexual y homicidio» y pidió incorporar por lectura las declaraciones de los testigos que murieron durante la etapa de instrucción, entre ellos el del carnicero Roberto Aníbal, considerado «clave» para relacionar a los imputados.
Al respecto, el abogado Fabián Améndola adhirió a los lineamientos de la fiscalía y sólo agregó que para este debate oral espera «dilucidar las circunstancias que atravesó la víctima, los motivos y la participación de otras personas».
Por su parte, los tres defensores coincidieron en rechazar el pedido de la fiscalía porque los testigos que declararon lo hicieron en sede policial y no ante la Justicia.
«Nos oponemos a la incorporación porque va en contra de los derechos de los sospechosos ya que no podrán preguntarle a los testigos adelante del tribunal», dijo Carpaneto.
Sobre el cambio de calificación, el abogado consideró que resulta «violatorio de las normas constitucionales en lo que hace al debido proceso porque el imputado tiene que saber el hecho que se le imputa desde el primer momento».
«Resulta novedoso que sea agravado por la participación de dos o más personas porque para la elevación a juicio hubo un autor individual», señaló el letrado, quien fue apoyado por sus pares.
Por último, el abogado Rey criticó al Ministerio Público por querer «cubrir a (Marcelo) Tavolaro», el primer fiscal que instruyó la causa y por la que fue apartado.
«Nunca se investigó la conexión política y policial porque en ese momento estaba la campaña para que (el entonces gobernador Daniel) Scioli sea presidente, los fiscales me causan vergüenza», expresó el abogado, quien fue reprendido por el juez Bonnano a raíz de su «verborragia de la calle».
Como todas las partes, incluso el mismo Rey, coincidieron en que el proceso debe ser lo más transparente posible, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio para el miércoles a las 9 y así librar los oficios correspondientes para que los veedores que solicitó Améndola estén presentes en la próxima audiencia.
Además, ese día los jueces resolverán los planteos de nulidad que hicieron los defensores respecto a la incorporación de los testimonios de las personas fallecidas.