Por Mariana Gutiérrez y Gabriel Costantino

El traspaso de miles de efectivos de la Policía Federal y de sus funciones al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumado a la creación de la nueva Policía de la Ciudad, deja en evidencia una cuestión muchas veces soslayada en los análisis del sistema de seguridad argentino: el peso de la dirección y el control político de las policías. Las policías no son islas en medio del entramado burocrático estatal. No son Leviatanes, por lo menos en el sentido atribuido de organizaciones independientes del control ciudadano, autónomas, basadas en el secreto y la obediencia acrítica. En honor a Hobbes, vale decir que incluso su “dios mortal” se fundaba en el contrato civil y en el derecho sagrado que tienen todas las personas de disfrutar la vida y la libertad. Pero, si bien la tesis de la autonomía absoluta dista de ser cierta, tampoco lo es la del control político absoluto. Ante modificaciones o intrusiones en sus modos de funcionar y organizarse, miembros o sectores de la organización pueden resistirse; en efecto, muchas veces lo hacen.

Las policías argentinas son organizaciones heterogéneas y desconcentradas, sensibles como pocas a las presiones políticas y a las demandas del ciudadano de a pie, integradas por miles de personas que ejercen su profesión en condiciones precarias y algunas veces riesgosas. Como el resto de las organizaciones estatales y sociales están repletas tanto de defectos como de virtudes. Señalar unos sin atender a las otras conduce a un análisis sesgado y, lo que es peor, a un diagnóstico errado para el adecuado control político de la seguridad. Este control implica ni más ni menos que la conducción y el direccionamiento de las acciones policiales en sintonía con una política de seguridad definida.

Las últimas tres décadas en nuestro país se caracterizaron por una suerte de movimiento pendular de las políticas en esta área. Las reformas policiales han oscilado entre una visión “progresista” –con hincapié en el control civil de la policía y el respeto a las garantías del debido proceso- y otra “conservadora” –con énfasis en el aumento de las penas y de la presencia policial en las calles. El énfasis en incrementar las penas —más que en la efectividad en prevenir el crimen— constituyó una estrategia para que los actores políticos pudieran evitar el alto costo de encarar procesos de reestructuración profunda de las áreas del Estado involucradas en la seguridad pública (1).

Una de las políticas más interesantes del gobierno nacional ha sido promover la reforma profunda de la Policía Federal Argentina (PFA), traspasando el núcleo de los recursos humanos y organizativos dedicados a las tareas preventivas en la Capital Federal a la nueva fuerza porteña. La nueva Policía de la Ciudad, creada el año pasado por medio de la Ley N° 5.688, depende del gobierno metropolitano a través de su Ministerio de Seguridad. Esta nueva fuerza incorpora la porción desmembrada de la PFA así como el conjunto de la anterior Policía Metropolitana, cuyas funciones se limitaban a asuntos menores, contravencionales y de tránsito. La Policía de la Ciudad viene a saldar una antigua deuda del gobierno central para con el gobierno porteño: su creación respeta el espíritu de la Constitución Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y equipara la situación de esta última jurisdicción con la de las provincias.

Los cambios analizados prueban el direccionamiento de las fuerzas de seguridad por parte del gobierno civil. Este direccionamiento suele responder a los planes de campaña permanente de los Ejecutivos de turno, que buscan consolidar el apoyo electoral y la coalición de gobierno (2). En efecto, las reformas pueden comprenderse a partir del interés presidencial en dar gestos contundentes a la ciudadanía de que se busca solucionar el problema de la inseguridad, y de reforzar la capacidad de gestión de uno de los aliados más importantes del presidente: el Jefe de Gobierno de la Ciudad. El apoyo presidencial a los cambios en la policía se ha extendido también a las medidas de la gobernadora bonaerense, orientadas a responder a las demandas de seguridad y de saneamiento de la policía de la provincia. En las todas las policías en cuestión se han percibido quejas y resistencias a las directivas de los Ejecutivos, sin embargo ninguna de ellas se ha extendido en tiempo ni en volumen.

Pasando del análisis político al burocrático-organizacional, las fuerzas federales han quedado como principales responsables de prevenir, investigar y conjurar delitos que por su naturaleza y complejidad requieren del esfuerzo mancomunado federal. La Policía de la Ciudad, al igual que sus pares provinciales, concentrará su accionar en las tareas preventivas y conjurativas de los delitos comunes en su territorio. En efecto, las acciones del Ministerio de Seguridad de la Nación han puesto el foco en la llamada “lucha contra el narcotráfico”, delito prioritario para el oficialismo, reforzando, por ejemplo, el control de las fronteras y caminos por donde llegan las drogas a los centros urbanos. Por su parte, el gobierno porteño ha cambiado las autoridades en las 54 comisarías de la Ciudad y ha prometido una mayor presencia policial en las calles con tecnología de vigilancia y comunicación de última generación. Los 25.000 oficiales destinados a la prevención de las calles porteñas convierten a esta fuerza en la policía con más agentes por habitante y por metro cuadrado.

El gran desafío del gobierno nacional y de las fuerzas federales será conformar cuerpos de seguridad que se distingan por su proactividad, eficacia e imparcialidad en la investigación criminal del delito complejo. El gran desafío del gobierno y la policía porteños será constituir una fuerza modelo en las tareas preventivas e investigativas del delito corriente en la ciudad de Buenos Aires.

Es de notar que el éxito sostenido de estas reformas demandará cambios profundos y afines en la justicia penal y en el sistema penitenciario tanto a nivel federal como metropolitano. Más importante, el desarrollo sustentable de estas reformas requerirá de reflexiones y acciones a la altura del país que queremos ser. Los protagonistas tendrán que evitar el recurso fácil a la hipocresía, los chivos expiatorios y las respuestas efectistas en la problematización de los delitos, en la identificación de delincuentes y en las medidas a implementar. Nos debemos palabras y comportamientos reflexivos y sensatos, para cumplir con la razón de ser de la policía y del Estado: proteger la vida, la libertad y los bienes de todas las personas que transitan este espacio del planeta.

(1) Föhrig, A., & Pomares, J. (2013). La seguridad pública en 30 años de democracia. Revista SAAP, 7(2), 283-288.

(2) Costantino, G. (2015). El juego estratégico de la seguridad ciudadana en Argentina. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 2(1), 29-49.

Fuente. Bastión digital.