Los dos jefes prestaban servicios en la comisaría 7a.

Dos comisarios de la Policía Federal fueron procesados por enriquecimiento ilícito por el juez de instrucción porteño Hernán López, al considerar que no pudieron justificar su patrimonio con sus ingresos oficiales. Los dos prestaban servicios en la comisaría 7a.

«La causa fue iniciada en 2013 por la presunta exigencia de pagos a comerciantes del barrio de Balvanera a cambio de protección policial. En la investigación, quedó involucrada la por entonces cúpula de la comisaría 7ª, y el magistrado consideró ahora que los comisarios, Claudio Lucione y Osvaldo Tapia, no pudieron justificar sus patrimonios», informa el diario La Nación.

Lucione está retirado y ahora trabajaba como asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, antes fue gerente de seguridad del club Boca Juniors, cargo que ocupó desde 2013 hasta febrero pasado, según su perfil en la red LinkedIn. Fuentes policiales informaron que Tapia sigue en actividad como comisario inspector.

«Puntualmente, en lo que respecta a Lucione y Tapia se encuentra acreditado un aumento del patrimonio el cual no se compadece con las declaraciones juradas formuladas por éstos, siendo además que las explicaciones por ellos vertidas no resultan satisfactorias ante las conclusiones del informe pericial», afirmó el juez López en su resolución firmada el viernes pasado.

Según la denuncia original, además de recibir dinero a cambio de brindarles seguridad a los locales, los jefes policiales denunciados están sospechados de dar protección a cambio de dinero a prostíbulos y «quioscos de droga». Según consta en la denuncia que originó la investigación judicial, los comerciantes pagaban entre $ 1500 y $ 7000 por mes.

Lucione explicó que su casa de Cariló no es ninguna mansión. «El inmueble lo compré en una oportunidad increíble, en un momento en que el país estaba mal y el anterior dueño necesitaba el dinero», dijo.

Además del inmueble en Pinamar, Lucione tiene como patrimonio una casa en la ciudad de Buenos Aires de 160 metros cuadrados, valuada en 100.000 dólares; un vehículo marca Chery modelo Tiggo, un automóvil marca Santana modelo Samurai, un Susuki Fun a nombre de su hijo, 50.000 dólares y $ 202.000.

Tapia explicó que la embarcación la compró a medias con su hermano después de la venta de departamentos y locales comerciales cuando su madre sufría una enfermedad terminal. El jefe policial admitió que sus declaraciones juradas «eran desprolijas».

Para López, «los dichos de Tapia impresionan como un mero justificativo y no reflejan lo ocurrido. No resulta viable en boca de un funcionario justificar su irregular situación a partir de presuntas desprolijidades en el manejo de declaraciones juradas».