Baez está preso desde abril.

Los abogados que defienden al empresario Lázaro Baez decidieron recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que es víctima de una detención arbitratria por parte del Estado argentino.

La presentación se realizará esta mañana ante el titular de la CIDH Paulo Abrao con la firma de Maximiliano Rusconi y Alberto Bovino, un prestigioso abogado y docente que se sumó a la defensa del empresario santacruceño para realizar la denuncia contra el gobierno argentino por el arresto de Báez.

Los abogados consideran que la prolongada detención de Báez constituye una violación a los diversos derechos garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos incorporado a la legislación argentina con rango constitucional por haberlo ratificado el Parlamento argentino.

Los abogados buscan, de alguna forma, que la CIDH adopte el mismo temperamento que tuvo con la dirigente social Milagro Sala, detenida desde diciembre del año pasado en Jujuy, acusada de varios delitos. La CIDH pidió la inmediata liberación de la dirigente de la Tupac Amaru.

Báez fue arrestado el 5 de abril último por orden del juez federal Sebastián Casanello, luego de bajar de un avión que lo trasladaba desde Santa Cruz. El empresario había viajado para prestar declaración indagatoria ante el magistrado, quien supuso que se iba a escapar, pese a haber aterrizado y dispuso su detención.

Después de haber pasado la primera noche en una comisaría de la Policía Federal, Báez fue alojado en la cárcel de Ezeiza, mientras Rusconi presentó varios recursos sin éxito para que se le concediera la eximición de prisión a su cliente o cuanto menos un arresto domiciliario. Tanto Casanello como la Cámara Federal rechazaron todos los planteos para otorgar la libertad del empresario santacruceño.

La defensa de Báez sostuvo que se debía disponer el arresto domiciliario porque no tenía la atención adecuada en la prisión y que además siempre había estado a derecho, es decir, que siempre se había citado ante el juez cuando había sido citado por Casanello en la causa por la que está procesado por lavado de dinero.

En el escrito en el que pedían el arresto sus abogados dijeron que «debido a que nuestro asistido tiene 60 años de edad, padece de patologías crónicas de altamorbimortalidad de acuerdo a su edad, sumado al estrés constante al que está expuesto producto de su detención, aquello le genera un aumento de sus niveles de adrenalina y cortisol, con el desequilibrio metabólico, que, en un paciente diabético, con afecciones cardíacas, hipertenso, dislipémico, obeso y asmático crónico generan».

Y agregaron que «su aprisionamiento trae aparejadas graves consecuencias perjudiciales hacia su salud, que no puede ser tratado adecuadamente intramuros, lo que habilita per se a la adopción de la medida solicitada».

Hace pocos días, el 29 de noviembre, la Cámara Federal volvió a rechazar el planteo de los abogados de Báez. Los jueces dijeron que existía peligro de fuga y que podía tratarse de sus dolencias en el hospital de la cárcel federal.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la sala II del tribunal de apelaciones, resolvieron que Baéz siga detenido en la cárcel de Ezeiza aunque encomendaron al juez Casanello que se controle su salud y se le brinde la asistencia médica necesaria, como pide su defensa.