Scacpolán fue denunciado por Carrió.

Por Rafael Saralegui

Una semana después de haber sido denunciado por la diputada nacional Lilita Carrió ante el Jurado de Enjuiciamiento de La Plata al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán le llegó otra mala noticia: ya no estará al frente de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas a la que había llegado tras haber sido designado por el suspendido fiscal general de ese distrito, Julio Novo.

Para Carrió, Scapolán era una mano derecha de Novo, a quien describió como el organizador de una estructura para encubrir el narcotráfico y los eventuales delitos cometidos por los intendentes de la zona Norte del conurbano. Novo fue procesado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por encubrir el doble crimen de los ciudadanos colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner (35) y Héctor Edilson Duque Ceballos (35), acribillados a balazos en 2008 en el Unicenter Shopping. Según la acusación esas muertas habrían sido ordenadas por Gustavo Juliá, hijo de un ex jefe de la Fuerza Aérea, condenado en España por contrabando de mil kilos de cocaína.

Scapolán fue uno de los responsables de la investigación del robo ocurrido en la casa del diputado Sergio Massa, en un country, durante la campaña electoral de 2013. Otro fiscal Carlos Washington Palacios se dedicó a investigar las irregularidades cometidas en esa causa y por eso Scapolán lo denunció. Carrió sostuvo que Novo y Massa tenían una fuerte vinculación.

En su escrito Carrió sostuvo que “el fiscal Scapolán, en otra clara muestra de actividad encaminada a “brindar protección y encubrir graves hechos delictivos, como así también a consagrar la impunidad de estamentos del poder” requirió el juicio político de su colega, el Fiscal Palacios (SJ 333/15) acusándolo de querer favorecer al imputado del robo cometido en el domicilio del Diputado Sergio Massa, cuando en realidad el Fiscal Palacios se limitó a investigar los allanamientos cuestionados en ejercicio de sus facultades y obligaciones legales”.

La semana pasada varios medios de prensa desinformaron: aseguraron que Palacios había sido suspendido en su cargo por el Jury de Enjuiciamiento. La verdad es otra. El jury convocó a una nueva audiencia para el 20 de diciembre. Casi en forma simultánea Carrió presentó su denuncia contra Scapolán.

Ahora se conoce la decisión de la fiscal general Beatriz Molinelli, quien reemplaza a Novo en forma interina, de disolver la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas, que tenía como superior a Scapolán y crear en cambio una Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas en San Isidro.

La decisión de Molinelli va en línea con lo denunciado por Carrió: vaciar de poder a los hombre de Novo y profundizar las investigaciones por narcotráfico en la zona Norte, más allá de las causas que se tramitan en la Justicia federal.

En la decisión de Molinelli tiene que haber influido también la carta que Carrió le envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Luis Esteban Genoud, en la que le notificó de la denuncia contra Scapolán pidió que se le otorgue una licencia y que además se lo separe de la fiscalía de investigaciones complejas.

En su denuncia contra Scapolán, Carrió sostuvo que el denunciado “no enaltece la función, como tampoco resguarda la vigencia de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales, ya que sistemáticamente se arroga facultades que no le son otorgadas por la ley, asume competencias que no le son propias y actúa injustificadamente fuera de sus límites.

“El denunciado ha ejercido de manera infiel sus deberes oficiales, carece o ha perdido aptitud para el ejercicio del cargo de Fiscal, como así también ha cometido abusos y excesos funcionales, situación que impone la apertura del proceso de responsabilidad política, para que rinda cuenta de su actuación”.

En un pronunciamiento de la Cámara de Garantías de San Isidro del 30 de agosto de 2007, se describió el funcionamiento de la Fiscalía General del distrito, en manos de Novo. “Produce una orientación integral hacia la persecución de los delitos de poca monta, instauración de persecuciones a jueces y funcionarios para domesticar y disciplinar, quedando luego intactos e impunes los delitos sobre sumas cuantiosas realizados por funcionarios públicos sobre caudales públicos…cuando un Fiscal prevarica con el fin de buscar la destitución sin causa de un juez y queda impune, como el caso de Claudio Scapolán contra el Juez Sal Lari; se ve cuando queda impune el Fiscal Adjunto Cámpora cuando procura sustraer con fuerza y violencia el expediente del caso García Belsunce al Fiscal Molina Pico y comete supresión de documentos judiciales…Se vio cuando el hoy Juez Lino Mirabelli fue perseguido como fiscal por investigar un desfalco de dineros públicos en el municipio y por altos funcionarios de Vicente López. Fue hostigado el entonces Fiscal Mirabelli por la Fiscalía General y su fuerza de choque y hasta desalojado de su lugar de trabajo por la fuerza y en su ausencia…Parece haberse instaurado un sistema de indemnidad del delito político que afecta a la comunidad toda…”, dijeron los jueces. Esa estructura siguió funcionando hasta hace un año, cuando Novo fue separado de su cargo.