El fiscal de San Isidro Carlos Washington Palacios negó haber sido suspendido en su cargo por el Jury de Enjuiciamiento que se reunió el martes último en La Plata, luego de haber sido acusado de entorpecer supuestamente la investigación del extraño robo sufrido por Sergio Massa el 20 de julio de 2013 meses antes de las elecciones legislativas en el barrio Isla del Sol, donde el líder del Frente Renovador vive con su familia.

“No me suspendieron ni me apartaron. Es otra gran mentira de quienes me acusan. Soy objeto de una campaña de difamación realizada por quienes me acusan falsamente. De esa manera pretenden ocultar graves hechos delictivos que investigué y no quieren que se conozcan”, dijo Palacios.

En el programa de Jorge Lanata del último domingo, se entrevistó a la esposa de Massa, Malena Galmarini, y al fiscal Mariano Magaz, quien acusó a su colega Palacios de haber entorpecido el trámite de la causa en la que resultó condenado el prefecto Gorgoño Alcides Díaz. “Suspenden al fiscal que armó una causa trucha para liberar al espía Díaz Gorgonio”, tituló el diario Clarín, tras la reunión del Jury de Enjuiciamiento en La Plata.

Esa noticia es falsa. Palacios no fue suspendido ni apartado de su cargo. En la reunión del martes último se resolvió correr vista de las actuaciones que se habían iniciado, tomar nota de las dos presentaciones que había hecho el fiscal en el expediente y volver a fijar audiencia del jurado para el 20 de diciembre, según se consigna en el acta que acá se reproduce.

El acta del jury.

Palacios es en la actualidad fiscal en San Isidro, pero cuando era el titular de la UFI N°1 de Pilar investigó las supuestas irregularidades cometidos en la investigación al robo en la casa de Massa. Por ejemplo, la esposa del condenado Díaz aseguró que le habían robado dinero y otros objetos cuando se realizó el allanamiento en su casa. También investigó supuestas irregularidades en las actas y en la firma de los testigos del procedimiento. El fiscal Magaz, entrevistado en el programa de Lanata, era uno de los que había participado en los procedimiento. Por haber iniciado esa investigación, Palacios fue denunciado por Claudio Scapolán, titular de la Fiscalía de Delitos Complejos de Tigre y mano derecha de Julio Novo, el suspendido y procesado fiscal general de ese distrito.

Pero Palacios no está solo. La diputada nacional Elisa Carrió salió en su defensa. El martes último fue hasta La Plata y presentó una denuncia contra Scopolán ante el Secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Ulises Alberto Giménez. Después de la presentación, Carrió dijo a los periodistas que le preguntaron:

– ¿Quién es el fiscal Scapolán?

– Es el que protege todos los delitos de los intendentes de Tigre, Vicente López y San Isidro.

– ¿Palacios es inocente?

– Absolutamente. Forma parte de los fiscales que permanentemente denunciaron a Novo, junto con Molina Pico. Todos estos miembros forman parte de una asociación ilícita que nosotros llamamos el “Grupo Tigre – San Isidro”.

– En la Secretaría, ¿aportó nuevos datos probatorios?

– Estoy ratificando la denuncia de juicio político que yo le hago a Scapolán, quien es el que denuncia al fiscal Palacios. Recordemos que la mujer del Gendarme termina confesando que había mucha más plata y que el Gendarme (por el prefecto) y Massa son íntimos. La verdad es que estoy harta del funcionamiento que tiene el Jury de Enjuiciamiento de La Plata.

Novo fue suspendido en su cargo por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y además fue procesado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por haber entorpecido la investigación del crimen de dos colombianos en el estacionamiento del shopping Unicenter. La jueza sostuvo que las conductas desplegadas por Novo y dos de sus colaboradores no fueron “acontecimientos aislados o enmarcados en conflictos de naturaleza exclusivamente funcional sino –de contrario- son prueba cabal de la puesta en marcha de una maquinaria de presión, maltrato, desgaste y hostigamiento, metodología previamente concebida y utilizada años antes para entorpecer y perjudicar el desarrollo de investigaciones sensibles y complejas, cuyos responsables eran personas ligadas de un modo u otro a intereses superiores a los que no se debía llegar; sobre sujetos que imperiosamente tenían que permanecer al margen o lejos de los ojos de los investigadores, sobre intocables estamentos de poder local; en fin, sobre quienes en un futuro podrían deberle oscuros favores”.

En su escrito, Carrió sostuvo que Scapolán, el denunciante de Palacios, es un estrecho colaborador de Novo y “uno de los principales responsables en la ejecución de distintos actos abusivos e ilegales, quien también ha llevado a cabo acciones y omisiones claramente encaminadas a brindar protección y encubrir graves hechos delictivos, como así también ha brindado impunidad a estamentos del poder local y ha realizado procedimientos delictivos que han derivado en la impunidad de graves hechos vinculados con el narcotráfico”.

En la denuncia, la diputada pidió que se investigue a Scapolán por considerar que «ha cometido los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los delincuentes, encubrimiento, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad e instigación al falso testimonio». Reclamó que se le inicie el jury y que sea suspendido en el cargo.

Al describir la situación en el Ministerio Público de San Isidro, la legisladora recordó el escrito del acuerdo plenario dictado por la Cámara de Garantías del Departamento Judicial de San Isidro, del 30 de agosto de 2007. Entonces se hizo hincapié en “la tergiversación y degradación general a que se ha sometido al sistema de persecución penal…un reflejo de un cuadro general de descomposición institucional mucho más grave y profundo…Se ha instaurado en San Isidro, en el estrato judicial a cargo de la persecución de los delitos, un sistema antidemocrático de voluntad única o autocrática…El modo de existir que ha adoptado la persecución pública de los delitos en San Isidro no es jerárquica sino unicista o absolutista…se ha operado una supresión de la independencia y de la autonomía personal de los Fiscales…la responsabilidad del funcionario que ordena el acto de persecución penal falsa contra un juez, o que se insulte a los jueces…o que se entorpezca la función de persecución del funcionario político acusado de malversar fondos públicos, o no investigar u ocultar delitos posibles de sus subordinados, no puede quedar oculta…”.