| Polémica

Camaristas del fuero criminal se oponen al traspaso

Dijeron que la iniciativa es una «improvisación» y la consideran una injerncia del Poder Ejecutivo. Sostienen que no hay justificativo para llevarlo adelante.

Los camaristas nacionales en lo Criminal y Correccional se opusieron a la transferencia de juzgados de ese fuero a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) indicó en un comunicado que ha presentado «sólidas objeciones de orden constitucional al traspaso del Poder Judicial de la Nación a la órbita de la Ciudad Autónoma, ya que bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley y mucho menos de un convenio, que tiene menos jerarquía normativa”
Afirmó que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, le había asegurado que el traspaso no se concretará este año y que el tema será discutido, “en profundidad”, durante el 2017.
“El traspaso –agregó- no es una necesidad de los integrantes del Poder Judicial, de los profesionales litigantes y mucho menos de los ciudadanos que, como destinatarios del servicio de justicia, hoy son los principales perjudicados por la demora en decisiones jurisdiccionales, debido al colapso funcional de los tribunales”.
Por su parte, camaristas nacionales en lo penal y correccional calificaron al traspaso de “improvisación” y lo consideraron una posible “injerencia indebida” del Poder Ejecutivo Nacional y de la Ciudad.
Los cuestionamientos, refrendados en una acordada firmada por la mayoría de los miembros de esa cámara, se extendieron a la iniciativa de traspaso de los juzgados nacionales penales vacantes a la ciudad.
El gobierno nacional, como el de la Ciudad, tiene previsto la firma de convenios que, en coincidencia con el proyecto denominado “Justicia 2020” que impulsa Garavano, acuerdan pasar tribunales penales, laborales y relacionados con el consumidor, al ámbito porteño.
El proyecto, según los camaristas, “podría evaluarse como una injerencia indebida en la estabilidad e independencia del Poder Judicial”.
Para quienes suscribieron el documento el traspaso y las reformas proyectadas al procedimiento penal “no responden a criterios de necesidad, integralidad, planificación, gradualidad y preservación de derechos adquiridos”.
Afirmaron, además, que “una transferencia de delitos inconsulta resulta cuanto menos incongruente e irrazonable”, y “no encuentra justificativo en una necesidad racional de mejorar el sistema”.
El documento consignó que “cualquier modificación” debe estar precedida por “una discusión profunda y seria”.