Gemignani quedó en el centro de la polémica.

Una fiscal pidió hoy que se cite a declaración indagatoria al juez de la Cámara Federal de Casación Juan Carlos Gemignani y a dos policías que cumplen funciones en el edificio de Comodoro Py 2002 por la supuesta privación ilegítima de la libertad agravada de una prosecretaria de ese Tribunal, detenida el 28 de julio pasado tras negarse a cumplir una directiva del camarista.
Además, la fiscal federal Paloma Ochoa acusó a Gemignani de «abuso de poder» y de haber actuado así en el marco de un supuesto destrato que, según declararon testigos, brinda a las mujeres en el máximo tribunal penal del país.
En su dictamen, Ochoa pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que llame a indagatoria al camarista a raíz de lo ocurrido con la prosecretaria de la Sala I del máximo tribunal penal del país, María Amelia Expucci, quien fue aprehendida por dos suboficiales de la Policía Federal por orden de Gemignani, según el escrito difundido.
Ahora Canicoba Corral tendrá que resolver si llama a indagatoria a Gemignani y a los suboficiales de la Policia Federal que cumplen funciones en PY.
Para la fiscal que investiga la denuncia contra Gemignani, la prosecretaria fue «víctima de una detención ilegal», tras negarse a inventariar cajas con elementos para videconferencias guardadas en una sala de audiencia de la Cámara, durante la feria judicial de julio, cuando el denunciado estaba de turno junto a otro colega.
Esas cajas habían sido enviadas al Tribunal desde el ex Ministerio de Planificación Federal que conducía el ex funcionario kirchnerista Julio De Vido, algo que se investiga en una causa penal separada.
Para Ochoa, el juez cuestionado dispuso detener a la prosecretaria «interpretando tendenciosamente sus preguntas sobre el procedimiento como una desobediencia funcional» cuando eran dudas que ella tenía sobre si correspondía realizar lo que el juez le pedía.
Además, Ochoa aludió a una «situación de abuso de poder en una relación desigual», y también criticó a Gemignani por el trato que, según testigos, da a las mujeres empleadas y funcionarias en Casación.
«Este señalamiento remite a los ya conocidos, pero aún lamentablemente no superados, patrones socioculturales de violencia hacia las mujeres, que refuerzan y mantienen la desventaja estructural en la que todavía hoy nos encontramos», interpretó la fiscal en su dictamen.
Expucci fue demorada y llevada a la alcaidía en la planta baja de los tribunales de Retiro, pero poco después fue liberada por orden de un juez que intervino en lo ocurrido, Marcelo Martínez de Giorgi.
La existencia de esas cajas en Casación es investigada en otra causa iniciada por una denuncia de Gemignani contra De Vido, a raíz del envío del material al tribunal.