Baez está preso hace cinco meses.

Maximiliano Rusconi, el nuevo abogado deLázaro Báez, comenzó a jugar fuerte en el expediente a cargo de Sebastián Casanello, quien el viernes ordenó una decena de allanamientos en propiedades del empresario patagónico, al pedir la suspensión de la medida y amenazar con reclamar su nulidad.

Según la nueva defensa de Báez los procedimientos fueron ordenados sin haber notificado a los abogados del empresario y con el único fin de instalar en forma mediática un tema que de otra forma no sería relevante.

Los nuevos abogados que representan al empresario han decidido tomar una defensa activa con un estudio de todo lo que hay en el expediente, dispuestos a probar que muchas de las medidas tomadas carecen de sustento.

Rusconi es un reconocido penalista, fue defensor del técnico Diego Lagomarsino en la causa por la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y también defendió en su momento al ex presidente Menem.

“Esta defensa técnica que patrocina al Sr. Lázaro Báez, ha tomado conocimiento, a partir de la trascendencia pública que cobraran, de las medidas ordenadas por el Sr. juez federal Dr. Casanello, dirigidas a allanar distintos inmuebles de nuestro asistido, a fin de poder tasarlos, medida que entendemos desproporcionada e irrazonable, que genera un perjuicio irreparable a nuestro cliente”, dijo Rusconi en un comunicado.

“Esta medida no responde a una necesidad procesal dado que, ya que han con anterioridad se han informado en el  expediente la existencia y tasación de estos mismos inmuebles que hoy se han comenzado a allanar, respondiendo así la finalidad de la petición a la necesidad de instalar mediáticamente un tema que naturalmente no sería relevante y  a efectos de utilizarlo con alguna finalidad espuria y dañina hacia la imagen de nuestro asistido”, agregó.

Según el nuevo abogado de Báez, que ayer se hizo cargo de la defensa, “para colmo de males, dichas medidas han sido ordenadas con la absoluta omisión de la notificación pertinente a su defensa técnica, en violación de las normas procesales vigentes, vulnerando el derecho de defensa de nuestro asistido”.

Rusconi explicó que “la celeridad con la que se dispuso dicha medida, incumpliendo con los procesos establecidos, es lo que permite confirmar las extrañas finalidades a las que apunta la medida y a las que ya hicimos referencia. Por estas razones, se solicitó la suspensión de la medida, y que de no hacerse lugar, generarán la inminente presentación de las nulidades correspondientes”.

El escrito presentado en el juzgado pide a Casanello que “suspenda las medidas de allanamiento, notificándole a esta parte una nueva fecha para su realización a fin de poder designar a un perito tasador de parte que intervenga en la realización de la medida a fin de respetar el derecho de defensa del imputado”.

La defensa de Báez recuerda que el art. 200 del Código Procesal Penal “establece que las partes tendrán derecho a asistir a los registros domiciliarios, reconocimientos, reconstrucciones, pericias,  inspecciones, etc., –la enumeración legal no es taxativa–  con la única excepción de la inspección corporal y mental, siempre que por su naturaleza y características se deban considerar definitivos e irreproducibles”.

Casanello ordenó el viernes diez allanamientos, solicitados por el fiscal Guillermo Marijuan, que se llevaron a cabo en 10 propiedades de la ciudad de Buenos Aires y en el norte del conurbano para continuar con la tasación de los bienes adjudicados a Lázaro Báez y a su entorno, en la causa donde se lo investiga por presunto lavado de activos.

El juez ordenó el arresto de Lázaro Báez hace cinco meses, cuando el empresario llegó al aeropuerto de San Fernando para declarar ante Casanello, pero como éste creyó que se iba a fugar, ordenó su captura.