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Carrió denunció a Angelici, De Vido, Moyano y al hermano del juez Lijo

La diputada sostuvo que Gómez Centurión fue víctima de una operación realizada por una mafia dedicada al contrabando de drogas y mercaderías en la Aduana.

Gómez Centurión dice que fue víctima de una cama.

Gómez Centurión dice que fue víctima de una cama.

La diputada oficialista Elisa Carrió acusó al ex espía Antonio Stiuso y al presidente de Boca, Daniel Angelici, de ser parte de una «operación de inteligencia» contra el desplazado jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, a raíz de sus investigaciones sobre «mafias enquistadas» en ese organismo y relacionadas con «contrabando, tráfico de efedrina, financiación ilegal de la política y negociados vinculados con el mundo del fútbol».
«Estamos en presencia de una burda operación de inteligencia que excede la responsabilidad administrativa de un funcionario con la única finalidad de volver a instalar en la Aduana esa matriz mafiosa» dijo Carrió, al presentarse hoy en dos causas abiertas en contra de Gómez Centurión.
A través de sendos escritos presentados ante las fiscalías de Guillermo Marijuán y Franco Picardi, la diputada oficialista apuntó también al ex ministro kirchnerista Julio De Vido, al sindicalista Hugo Moyano y a «Fredi» Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, que lleva la causa denunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que determinó el corrimiento de Gómez Centurión.
De esa mafia afectada en su gestión por el funcionario denunciado «participaban en connivencia empresarios, funcionarios, contrabandistas, miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia», sintetizó «Lilita».
La diputada no se presentó directamente, pero lo hizo a través de la legisladora de su espacio, Paula Olivetto, quien llevó la denuncia ante Marijuan y ante Picardi, a cargo de otra denuncia presentada por el abogado Maximiliano Rusconi.
En su extenso escrito de 38 carillas, la líder de la Coalición Cívica dijo no tener elementos que «que permitan inferir que Gómez Centurión incurrió en delitos», pero pidió a Mariujuan establecer «el rol en la Aduana del grupo liderado por Carlos Odemar Barreiro Laborda y sus relaciones por dentro y por fuera de la Aduana».
«A todas luces no es menor que en el grupo de Laborda se encuentre denunciado Claudio Minnicelli ¬-cuñado de De Vido y conocido lobbysta -cercano a Freddy Lijo y operador en numerosas causas judiciales que, de requerirse, la suscripta aportará a la presente», dice la denuncia.
En otro tramo de la denuncia, Carrió detalló los depósitos fiscales clausurados o investigados por Gómez Centurión y menciona entre ellos al de la empresa de recolección de residuos Covelia, «vinculada a Hugo Moyano».
«Para que se mantenga el status quo mafioso que durante años ha regido los destinos de la institución, era necesario excluir a aquella gestión que planteaba una ruptura al mismo», opinó.
Afirmó que Gómez Centurión buscaba «desentrañar diversos negocios ilegales referidos a irregularidades en las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), con la suspensión de habilitación de depósitos fiscales y con su lucha contra grupos dedicados al contrabando», lo cual –dijo- «ha tocado intereses de poderosos grupos dedicados al contrabando y al tráfico de estupefacientes».
Recordó que en una denuncia penal hecha por el entonces titular de la Aduana el 16 de agosto pasado se relacionó con la «simulación ante el servicio aduanero de operaciones e importación o de exportación con la finalidad de obtener beneficio económico en perjuicio del fisco y del Estado argentino».
«Esta causa reflejó la existencia de empresas fantasmas utilizadas como pantalla a fin de obtener, mediante la justificación de las importaciones, giros de divisas», advirtió.
Frente a eso, Carrió reclamó «determinar, lo que a todas luces parecen escuchas ilegales, de dónde provienen estas captaciones de las comunicaciones, si de la propia Agencia Federal de Inteligencia o de la empresa 3C Consulting», una de las agencias a la que la ex SIDE le derivaba tareas de inteligencia.
También pidió a las fiscalías establecer si «los diálogos fueron editados o no, y si esto forma parte de un operativo para mantener los depósitos fiscales o los couriers de Ezeiza, logrando la impunidad de los mafiosos que se apoderaron del sistema, excluyendo a los que intentaron romper con los esquemas delictivos de la Aduana».
«Es fundamental investigar la posible existencia de efedrina y otras drogas en los depósitos fiscales, ya que la administración de Gómez Centurión estaba prestando colaboración con distintas causas e investigaciones», como la causa por el tráfico de ese precursor químico que tramita la jueza federal Maria Romilda Servini.
Según la legisladora oficialista «ello sería determinante para establecer si este procedimiento de burda inteligencia está o no está destinado a que la droga siga circulando y siendo exportada al mundo por depósitos fiscales sin ningún control por las autoridades argentinas».