Cada vez que Ricardo Lorenzetti es convocado a Bacarce 50 tiene que esperar de 15 a 20 minutos para ver a Mauricio Macri. Muy distinto a un tiempo no tan lejano cuando las citas eran Olivos y sin mayores dilaciones.
La llegada de Horacio Rosatti a la Corte Suprema y el inminente desembarco de Carlos Rosenkrantz refuerzan la teoría del presidente de la Corte de que más allá de las fotos y el protocolo, Macri quiere verlo en un rol secundario cuánto antes.
En el último encuentro a solas, por el cual el magistrado fue tan duramente criticado, Lorenzetti le explicó al presidente que la cuestión tarifaria en la jurisprudencia de la Corte Suprema es antiquísima y que dificilmente se encuentre algún precedente que invalide el ejercicio de la potestad tarifaria que hace el Poder Ejecutivo.
Es que desde el mismísimo momento en que se fueron conformando las primeras regulaciones de los servicios públicos (particularmente los ferrocarrilles) se consideró suficiente la delegación legislativa a favor del Ejecutivo en la medida que se estableciera que la tarifa debía ser «justa y razonable».
Lorenzetti fue muy contundente en que los marcos regulatorios existentes en la actualidad recogen esa doctrina de la Corte y delegan en los entes reguladores el control de establecer la tarifa.
También le recordó que a partir de la reforma constitucional de 1994, alguna doctrina aislada (el caso Gordillo), interpretó que resultaba una exigencia constitucional el convocar a una audiencia pública en la que participen las asociaciones defensoras de los usuarios para poder establecer modificaciones.
Pero la Corte tiene una posición relativamente reciente y poco conocida. Fue en 2008. La cuestión tarifaria tuvo específico tratamiento en un caso referido al debate constitucional de las resoluciones administrativas que dictaba el Ministerio de Planificación y el Enargas que durante la gestión de Julio De Vido fijaron el valor de los «cargos específicos» añadidos a la factura del servicio de gas para financiar su importación.
Allí la Corte Suprema fundamentó por qué “no es necesario” convocar a Audiencia Pública. Firmaron Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Enrique Petracchi. Estos nombres no son un dato menor porque dos de ellos todavía permanecen y con un voto adicional la discusión habrá terminado.
El fallo además va de la mano con lo que aseguran los abogados del staff de Juan José Aranguren: que la ley impone obligación de realizar una Audiencia Pública, cuando los `transportistas´, `distribuidores´ y `consumidores´, soliciten al ENARGAS las modificaciones de tarifas y en los casos en que el Ente considere que existen motivos para considerar que una tarifa, es indecuada. O sea, que no sería obligatorio para el Estado llamar a una audiencia.
El gesto del juez al mandatario –sorprende que ninguno de sus asesores jurídicos tuviera en mente esta jurisprudencia– está en la sintonía de con que si bien aceptará relegar poder en favor de Rosenkrantz o Rosatti, el titular de la Corte quiere que sea un aterrizaje liviano y fundamentalmente que Elisa Carrió abandone su ánimo persecutorio.
A Lorenzetti le inquieta la fusión Carrió- Grupo Clarín que ya empezó a mostrar señales cuando le hicieron una entrevista a Rosatti con un joven abogado en una producción de lo más pomposa. “Yo hace cuatro años que una vez por mes me junto con universitarios de todo el país y nunca me sacaron ni un breve”, suele mencionar el cortesano.