El atentado sigue impune.

Por Rafael Saralegui

Los tres fiscales a cargo de la investigación por el atentado contra la sede de la AMIA informaron que siguen investigando diversas pistas, como la que lleva a Alberto Kanoore Edul, hijo de un amigo del ex presidente Carlos Menem que fue dejado de lado de la investigación original por una orden del ex mandatario al poco tiempo de iniciada la investigación del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994.

Kanoore Edul habría tenido contactos con Carlos Telleldín y Mohsen Rabbani, agregado cultural de Irán en la Argentina y uno de los acusados del atentado, y había sido acusado en su momento por el fallecido fiscal Alberto Nisman. El padre de Kanoore Edul se habría reunido en la Casa Rosada con Munir Menem, hermano del entonces presidente, para frenar la investigación contra su hijo.

“A partir de una orden ilegal que habría transmitido el entonces Presidente de la Nación y que habría derivado en la suspensión de un allanamiento, la baja de intervenciones telefónicas, la desaparición de casetes y legajos de escuchas telefónicas y en diversas dilaciones y omisiones en la investigación”, dejó de seguirse esa pista, dice el informe de los fiscales.

Los funcionarios del Ministerio Público Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, a cargo de la UFI-AMIA, dieron a conocer un informe desde que se hicieron cargo de esa repartición que estaba a cargo del fallecido Nisman, y relevaron todo lo que hicieron respecto de la causa, cuando el lunes próximo se cumplirá un nuevo aniversario del ataque.

En uno de los legajos abiertos para seguir investigando pistas, como la de Kanoore Edul “se detectaron comunicaciones con un domicilio perteneciente a la familia Kanoore Edul y con una línea de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina”.

En ese legajo “se investiga la posible participación de Alberto Jacinto Kanoore Edul y de Víctor José Chabán en el atentado. A partir de las tareas de profundización de las pesquisas realizada por esta Unidad Fiscal, se habían detectado serias irregularidades en los albores de la investigación, cuya entidad motivó una denuncia en mayo de 2008. En aquella oportunidad, se llamó la atención sobre la existencia de una orden expresa para proteger a la familia Kanoore Edul, que fue llevada a la práctica con tanta efectividad, que terminó obstruyendo una línea de investigación sobre una presunta conexión local del atentado”.

“En este sentido, se han dispuesto una serie de diligencias tendientes a establecer las posibles vinculaciones de Alberto Jacinto Kanoore Edul y Víctor Chabán con otras personas imputadas en la causa. En particular, se ha solicitado a las empresas prestatarias de servicios telefónicos y distintos organismos de nuestro país, informes sobre abonados de interés y su lugar de ubicación, a fin de profundizar la investigación a través del análisis de sus contactos telefónicos en las fechas relevantes de la presente pesquisa”, agrega el trabajo.

Tras un pedido de una solicitud efectuada por la defensa de Alberto Jacinto Kanoore Edul, se elevó a consideración del Poder Ejecutivo la solicitud para desclasificar los informes presentados por el entonces Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Ingeniero Antonio Stiuso, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2003 que, hasta el momento de la petición, se hallaban alcanzados con la máxima clasificación de seguridad.”El 6 de julio de 2015 el Secretario de Inteligencia desclasificó dichos informes vinculados a las irregularidades”.

La fiscalía también participa en el juicio oral que se lleva adelante por las irregularidades cometidas en la investigación del ataque, “en la que se juzgan las diversas maniobras ilícitas denunciadas y que tuvieron por finalidad proteger y encubrir a Alberto Jacinto Kanoore Edul, por lo que existe una constante atención sobre los elementos que puedan aparecer en la sustanciación de dicho juicio oral para el esclarecimiento definitivo de esta línea investigativa”.

Otro de los legajos abiertos se refiere a la llamada “pista carapintada”. En este caso, “las actividades se han encaminado a efectuar un amplio relevamiento de los elementos de prueba colectados tanto en la causa principal como en distintos legajos para establecer el estado actual de la hipótesis investigativa que involucró a ex miembros del movimiento carapintada y/o del partido político Modín en el atentado. Ello, a fin de determinar la viabilidad de otras posibles diligencias para agotar la actividad procesal de la fiscalía en punto a esa línea de investigación”.