Suárez era el preferido del Papa.

El gremialista Omar Suárez admitió hoy en su declaración indagatoria que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) le prestaba un coche al diputado nacional kirchnerista Carlos Kunkel y a su esposa para realizar “tareas sociales” y que les pagaban los gastos de seguro y de patente del automotor.

Suárez tenía que ser indagado hoy por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien ya lo procesó por el delito de obstrucción de vías navegables. El SOMU se encuentra intervenido desde que el sindicalista fue desplazado de su cargo de secretario general. La interventora es la diputada nacional Glady González (Cambiemos).

La intervención del sindicato y la designación de los interventores fue una decisión del juez, que hoy citó a Suárez para ampliar su declaración indagatoria, por los presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.

El sindicalista no quiso contestar pregunta, pero en cambio presentó un escrito, en el que rechazó las imputaciones. “Por otro lado, es importante resaltar que el S.O.M.U. adquirió también embarcaciones y vehículos que utiliza para el  desarrollo de actividades sindicales y sociales. Uno de esos automotores ha sido usado por Carlos Kunkel y su esposa para tareas sociales, sin observar el suscripto que tal circunstancia tenga aptitud para perjudicar el patrimonio del SOMU, el que ha permanecido indemne pese a ese préstamo de uso. Huelga resaltar que, al ser este vehículo propiedad del S.O.M.U., lógicamente el gremio se hacía cargo del pago del seguro y su patente”, dice el escrito presentado por la defensa de Suárez.

«Mi actuación sindical siempre estuvo dirigida a beneficiar a los afiliados al gremio y de la obra social de la mejor manera posible. Prueba cabal de ello es que desde que asumí como Secretario Adjunto primero, y como Secretario General del S.O.M.U. después, se han alcanzado considerables objetivos que redundaron en beneficio de los afiliados, tanto del gremio como de la obra social», aseguró en el escrito y agregó que llegó a poner dinero de su bolsillo e hipotecar bienes «en pos de sanear el sindicato».

Extorsión a empresas

El gremialista fue imputado de haber obtenido sumas de dinero mediante extorsiones a empresas navieras. Al respecto Suárez dijo que “en cuanto a las conductas de exigir donaciones, liberalidades y contribuciones monetarias, que habrían tenido lugar en relación a empresas navieras, a cambio de no bloquearles el ingreso y egreso de sus buques a través de la negación del servicio obligatorio de remolque, ordenando a los marineros que no aten cabos, hago saber que me encuentro imposibilitado de ejercer mi defensa en este proceso, por no indicarse cuál o cuáles serían ese o esos hechos de exigencia, que desconozco”.

El juez investiga si Suárez habría exigido «dinero a empresas navieras para supuestamente capacitar a los marineros, extorsionándolos» con que, de no pagar esa suma, no les habilitarían una autorización para que barcos extranjeros -buques gasificadores- pudieran circular como si fueran locales y les bloquearían el ingreso a los puertos y el «servicio obligatorio de remolque».

La hipótesis de la investigación señala que el dinero percibido «no iba a la capacitación de los marineros sino que se destinaba a una fundación presidida por el Suárez y se tercerizaba a una sociedad anónima, San Jorge Marítima, que estaba a nombre del tesorero del SOMU y donde el sindicato tenía el 20 por ciento de las acciones».

En la causa se investigan diferentes hechos que podrían constituir actos de administración fraudulenta. Sin que hayan tomado estado judicial, algunos gastos del rubro “comunicaciones y propaganda”, llamaron la atención de la intervención. Por ejemplo, se investigan pagos a un periodista del diario La Nacion, que no tenían una contraprestación mediante un aviso o algo similar. Una situación parecida ocurría con un columnista del sitio Infobae, que todos los meses recibía un pago sin que hubiera nada a cambio, dijeron las fuentes consultadas.

Un informe de la comisión interventora reseñó una «ausencia total de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios»; «exorbitantes sobreprecios en las compras directas»; «ausencia total de planificación financiera»; «multiplicidad y superposición de tareas y cargos» y «utilización de fondos de los afiliados para el uso personal de algunos directivos».

Canicoba Corral había nombrado a una comisión interventora de tres personas: González, Santiago Viola y Jorge Alonso. Los dos últimos renuniciaron y la diputada de Cambiemos quedó como interventora, ratificada por el juez.

Suárez era muy allegado a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien lo consideraba uno de sus dirigentes preferidos. También tiene buena llegada con el Papa Francisco, hasta tal punto que fundó una radio FM llamada «Papa Francisco» y puso como directora a Alicia Barrios, amiga del jefe del Vaticano.