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La cláusula Lilita del blanqueo, la empanada de Friedman y el Club del Petróleo

Por Alejandro Bercovich

Rogelio Frigerio no pudo disimular una mueca de desagrado al presentar en público junto a Juan José Aranguren las conclusiones de la tensa reunión que ambos acababan de mantener con gobernadores, vices y ministros provinciales sacudidos por la conmoción que generó en sus distritos la llegada de las boletas de gas a hogares y empresas. “Nos parecen excesivos”, atinó a balbucear sobre los incrementos de hasta el 2.000% que aceptó limitar al 400% para los hogares, sin que el exCEO de Shell moviera a su lado un solo músculo de la cara. Ya sin él, a solas con Mauricio Macri y Marcos Peña en la Rosada al anochecer del mismo lunes, el titular de la cartera política vomitó su malestar por la “improvisación” con la que el ministro de Energía había llevado adelante el reajuste tarifario. Aranguren, a su vez, venía de descargarse con su secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, ex vicepresidente de gas de Panamerican Energy que los hermanos Bulgheroni lograron colar en la función pública como parte del pacto post—balotaje en el que Macri aceptó olvidar su apoyo financiero a la campaña de Sergio Massa. “¿Cómo se nos pasó esto?”, le oyeron reclamarle desde su despacho en el sexto piso de Economía.

El ministro al que todo el Gobierno responsabiliza por el virtual alzamiento de una Patagonia que ya estaba en shock por la crisis petrolera, la parálisis de la obra pública y los virulentos conflictos estatales de Tierra del Fuego y Santa Cruz fue ratificado ante los micrófonos por el jefe de Gabinete, pero cada vez cuenta con menos respaldos. Dos semanas atrás, la suba del gas fue criticada incluso por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el think tank ortodoxo donde aún figura como vocal en uso de licencia. Según su Informe Trimestral de Coyuntura Energética, el subidón del precio del gas en boca de pozo —ahora el doble del que se paga en Estados Unidos y el triple en dólares del promedio de la convertibilidad— “transfiere rentas a los productores de modo muy apresurado” y era “innecesario desde el punto de vista de la eficiencia económica”. El famoso péndulo argentino: en apenas unos meses, del congelamiento devidista con sus patagónicos en remera a las estufas más caras del mundo.

El peor de los escenarios sería que tanto costo político se haya pagado en vano y que las petroleras sigan levantando equipos de perforación y enviando a sus operarios a sus casas pese a la prodigalidad oficial. Por eso el martes antes del feriado patrio, en un encuentro a puertas cerradas con 280 empresarios top organizado por el Club de Petróleo en el Plaza Hotel de Retiro, Aranguren aprovechó para facturarles a sus viejos camaradas su falta de acompañamiento. Tras su presentación, un directivo de Tecpetrol (la petrolera de Techint) le preguntó por los futuros precios del shale gas de Vaca Muerta para definir un desembolso en el área. El ministro lo cortó en seco con una broma a medias: “¡Espero que la inversión llegue antes de 2019!”.

Meritócratas
Para dejar atrás cuanto antes el semestre del ajuste y conjurar la oscura profecía de campaña del ahora vapuleado Jaime Durán Barba (“Tengo tres amigos que llegaron al gobierno e hicieron ajustes: Gonzalo Sánchez de Losada, Fabián Alarcón y Jamil Mahuad; los tres están o estuvieron presos o prófugos”), Marcos Peña puso en marcha la maquinaria publicitaria que montó en el antiguo Salón de las Mujeres de la Rosada, sin siquiera retirar los cuadros que lo decoraban. Su misión es dotar de una nueva épica a la gestión, con énfasis en tres ideas: al esfuerzo individual lo corona el éxito, la suma de esos éxitos individuales traerá el bienestar del conjunto y del Estado solo debe esperarse el marco propicio (“la cancha con el pasto corto”, diría Macri) para desplegar esos esfuerzos. Los creativos encontraron rápido inspiración en la oda al lápiz del padre del neoliberalismo, Milton Friedman, a quien puede verse ensalzar “el poder del mercado” en el spot http:/ /goo. gl/2FdovI. Cualquier parecido con la historia de la empanada puso a rodar Peña en las tandas de la TV, en Youtube y en Facebook no es mera coincidencia.

¿Será el de Macri un gobierno liberal a ultranza, minimalista, como desearían los discípulos criollos de Milton Friedman? ¿O virará a un neodesarrollismo más pragmático, ofertista, con un Estado presto a jugar fuerte a favor de las empresas como hizo Aranguren con las petroleras y así apalancar una ola de inversiones que hasta ahora solo llegó a las Lebacs? La disputa pervive en el seno mismo del gabinete de los CEOs, donde las rencillas internas son cada vez menos disimulables. Pero los partidarios de la segunda opción son franca mayoría. También la apoya la Casa Blanca, a juzgar por el optimismo que desplegó el martes por separado ante los magnates Paolo Rocca y Marcelo Mindlin el subsecretario de Comercio de Barack Obama, Stefan Selig. Claro que las primeras encuestas que arrojan ganador a Donald Trump frente a Hillary Clinton pueden dar vuelta el tablero.

El paquete de proyectos de ley a cuya redacción se abocó el ala del gabinete que no consumió su semana apagando incendios sociales apunta a sentar las bases de ese modelo neodesarrollista, meritocrático, donde ganen más quienes más aporten y hagan las cosas bien. Es el espíritu que guió la propuesta que girará al Congreso para pagar al fin los juicios por reajuste previsional y “desachatar” la pirámide de ingresos de los 7 millones de jubilados. En definitiva, la contracara de la política de moratorias que permitió jubilarse durante 10 años a más de 4 millones de trabajadores en edad de hacerlo que no contaban con los aportes suficientes, pero que condenó a la mitad de ellos a cobrar el haber mínimo. Cuando venza la actual moratoria, que no se renovará, habrá una pensión universal, más baja aún que la mínima.

El detalle es que para poner en marcha ese neodesarrollismo y para evitar que los efectos del brusco ajuste inicial se traduzcan en un desastre electoral en 2017 hace falta mucho dinero. De ahí la apelación a un nuevo blanqueo de capitales, cuya esencia se da de bruces con la pretendida meritocracia y el “premio al cumplidor”. Alfonso Prat-Gay tuvo a su cargo la tarea de convencer a Elisa Carrió de que no torpedee la iniciativa una vez que se anuncie, lo cual consiguió a cambio de un artículo, el 16 en el borrador que circulaba ayer entre estudios contables de la City. La “cláusula Lilita” establece que lo recaudado irá a las arcas de la ANSES, de modo que quien no apoye el jubileo de los evasores pretéritos quede como un enemigo del pago de la deuda histórica a los jubilados.

Delfines
El joven jefe de la ANSES, Emilio Basavilbaso, aspira a seguir los pasos de sus antecesores Sergio Massa, Amado Boudou y Diego Bossio y aprovechar la mayor caja del Estado para catapultarse en el cursus honorum de la política a un puesto electivo el año que viene o en 2019. Frigerio se dio cuenta cuando leyó azorado sus críticas al trabajoso acuerdo con las provincias al que acababa de ponerle el moño, que incluye un crédito subsidiado por la ANSES para girar a los distritos el 15% de coparticipación que ordenó devolverles la Corte Suprema. “Está mal informado”, lo cruzó por radio, una vez que identificó su prosa detrás de notas periodísticas que atacaban el mismo aspecto del pacto federal. Un mes atrás, cuando Prat-Gay echó mano a más de u$s 500 millones de la misma caja, no había habido pataleos. Días atrás, Basavilbaso aceptó una invitación a comer de Jorge Brito (hijo), cuya difusión en círculos VIP de la City aventó las versiones de que la ANSES había inclinado la cancha a favor de Delfín Ezequiel Carballo, el socio histórico y cuñado de Brito (padre) que no solo volvió de su exilio estadounidense sino que avanzó en la última asamblea sobre varios puestos clave en la conducción de su banco, el Macro. Conversaron sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo que concentra los activos heredados de las AFJP y que posee el 31,5% del paquete accionario del Macro. Los viejos lobos de la City no creen todavía que el sucesor de Bossio sea capaz de convencer a Macri de derogar por DNU la ley que impide vender esas acciones en las empresas más grandes del país. Para hacerlo sin DNU debería conseguir dos tercios de ambas cámaras, una tarea hoy imposible. Venderlas de golpe, además, es muy difícil. Todos recuerdan el desplome que generó el BANADE en 1980 y 1981, cuando se deshizo de las participaciones que tenía en más de 300 compañías a las que había financiado antes de la dictadura. Y si saliera a vender ahora, además, lo haría a bajos precios, porque las acciones todavía no recuperaron sus precios en dólares pre-devaluación.

Australia y Chile, dos de los países que se suelen invocar como modelos en el oficialismo, iniciaron en el último mes y medio investigaciones sobre los Panama Papers. El Servicio de Impuestos Interno (SII) chileno fue tan lapidario al validar las pruebas que acá comprometen cada vez más a Macri que obligó a renunciar al presidente del capítulo trasandino de Transparency International, Gonzalo Delaveau Swett, dueño de una offshore que no había declarado. La Australian Taxation Office (ATO), por su parte, pidió a 28 países que le entreguen datos sobre sus 800 ciudadanos que eran clientes del estudio Mossack Fonseca.

En ninguno de esos dos países se le ocurriría al gobierno lanzar un blanqueo de capitales en pleno debate sobre las revelaciones de los papeles panameños. Tampoco condicionar a la aprobación de ese blanqueo un pago más que justo a sus jubilados. Ninguno de sus presidentes declararía sin titubear una cuenta en las islas Bahamas con más de un millón de dólares en medio de esa discusión y con una causa penal abierta para establecer si mintió sobre su patrimonio. Acá ocurre y no escandaliza a nadie, gracias a una extraña naturalización de la elusión fiscal y confesiones como la que le hizo hace un mes Eduardo Eurnekian a Jorge Lanata (“es imposible pagar todo lo que corresponde”). Quizá Argentina sí sea un caso único en el mundo.

Fuente. BAE.


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