| Lavado de dinero

Descubren 26 propiedades de Lázaro Báez en la provincia de Chubut

El fiscal Marijuan encabezó los procedimientos en aquella provincia. Una estancia de 6000 hectáreas. Los abogados del empresario pidieron su libertad ante el juez Casanello.

El fiscal Marijuan encabeza el procedimiento.

El fiscal Marijuan encabeza el procedimiento.

El fiscal federal, Guillermo Marijuán descubrió que Lázaro Báez tiene 26 propiedades en la provincia de Chubut al visitar el registro de la propiedad inmueble de Rawson con el objeto de continuar la investigación en la causa que vincula al empresario con el lavado de dinero.
Según fuentes judiciales, entre esas propiedades figura una estancia de 6.000 hectáreas en la localidad de Alto Río Senguer.
No hubo información oficial acerca del viaje de Marijuán, pero las fuentes indicaron que esas 26 propiedades hasta ahora no figuraban en la causa.
Agregaron que el viaje de Marijuán a Rawson fue sorpresivo, y que sólo trascendió que Báez tiene 26 propiedades en la provincia, aunque con seguridad figura la estancia de 6.000 hectáreas mientras que no se dio la ubicación del resto.
Tras su paso por Rawson, el fiscal habría viajado a Trelew, de acuerdo a las fuentes, también por la misma causa.

Abogados de Baez piden su libertad

La defensa de Lázaro Baez, procesado y bajo prisión preventiva por presunto lavado de dinero, presentaron hoy ante la Justicia un documento en el que enumeran diferentes “agravios” que, a su criterio, viene sufriendo el empresario como consecuencia de una «simbiosis mediática-judicial» equiparable con una «caza de brujas» y una «hoguera mediática».
En el escrito, al que tuvo acceso Télam, los abogados comparan la situación de Báez con la de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al señalar que, pese a también haber sido procesada en la causa que investiga las operatorias de dólar a futuro en el final de su mandato, la medida fue dictada sin «prisión preventiva», lo que -a criterio de la defensa de Baéz- configura «la forma de resolver conforme a derecho».
Bajo el rótulo de “memorial de agravios”, que los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal-lari presentaron ante el juzgado federal número 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, apuntan a una supuesta “simbiosis mediática-judicial” que, “bajo alegaciones fantaseadas improvisadamente”, mantiene a Báez bajo su actual situación procesal, que incluye el embargo de sus bienes.
En este documento, de 95 páginas, Rubinovich y Sal-lari hacen referencia a la existencia de una “caza de brujas” contra el empresario, motivada por “el juego de la prensa”, y por cierta “permeabilidad del Poder Judicial” que -afirma el escrito- “sólo alimenta” su “descrédito”.
“El ritmo impuesto al legajo, así como la dirección de la investigación, revelan la mutación de una investigación seria y conducida bajo estrictos parámetros de respeto por el derecho de defensa y el debido proceso, a la
consagración del más primitivo sentimiento de venganza popular (y judicial), canalizado a través de la mera protocolización de actas que se incorporan a un legajo en orden sucesivo”, dicen los abogados en el escrito.
Los letrados hablan de “hoguera mediática”, “arbitrariedad” de la Justicia, así como de “pesca focalizada en interferir y apropiarse de la totalidad de los bienes” de Lázaro Báez y de su hijo Martín, quien está procesado pero sin prisión preventiva, a diferencia de su padre.
También hablan de “la absurda teoría del lavado”, y de la “absurda coherencia” en las declaraciones de los funcionarios que intervienen en la investigación, y pregunta para qué “se habrían tornado negros fondos que inicialmente eran blancos, para luego tornarlos nuevamente blancos”.
“Esta secuencia de blanco-negro-blanco no encuentra ninguna explicación desde el punto de vista lógico”, dice, y califica de “cándida” esa interpretación, e “irracional”.
Además, en la presentación realizada ante el juez Casanello, quien se encuentra a cargo de la investigación de la denominada «ruta del dinero K», los abogados apuntan a “la gravedad de la imputación” contra su defendido, aseguran que se trata de un razonamiento “antediluviano”, e insisten con que la libertad de Báez no representaría “ningún peligro para los fines del procedimiento”.
En este sentido, los abogados afirman que mantener a Báez en prisión es tener a “un inocente” privado de su libertad, lo cual -argumentan- “deslegitima a todo el sistema judicial y empequeñece cualquier logro obtenido, por más importante que éste sea”.
Por otro lado, en la presentación, los abogados insisten en cargar contra la decisión del juez Casanello de mantener a su cliente bajo prisión preventiva con el argumento de que «los riesgos procesales de elusión y entorpecimiento probatorio evaluados» se aplicarían también «a quien fuera la primer mandataria del Poder Ejecutivo nacional (patrimonio, vínculos relacionales, posibles injerencias en anteriores resoluciones jurisdiccionales)”,
Con esos argumentos, insiste en la necesidad de que la Justicia disponga “la inmediata libertad de Lázaro Antonio Báez y que éste espere el juicio, de corresponder, en ese estado”.