Un fiscal quiere indagar a Cristóbal López.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que el empresario Cristóbal López sea citado a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga la presunta evasión del impuesto a los combustibles, de la petrolera Oil.

En la misma resolución Pollicita también pidió que sea convocado a los tribunales de Comodoro Py a prestar declaración indagatoria el ext itular de la Afip, Ricardo Echegaray, actual responsable de la Auditoría General de la Nación.

Echegaray fue quien autorizó al grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López, a adoptar un plan de pago para ponerse al día con la deuda impositiva que mantenía con la AFIP.

El fiscal hizo el pedido ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de una causa de 2008, en la que se investiga la presunta asociación ilícita de Néstor y Cristina Kirchner junto con empresarios, entre ellos López, «destinada a acrecentar el patrimonio de aquellos, a través de diferentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entramado delictivo», entre las que se encuentra la empresa Oil.
En el pedido de indagatoria también se incluye a su socio, Fabián Da Souza, quien en un reportaje había admitido que el grupo habia usado los fondos que retuvo de impuesto a los combustibles para la expansión económica del grupo y la compra de medios durante el gobierno anterior.

Asociación ilícita encabezada por Kirchner

El pedido fue formulado esta tarde ante el juez federal Ercolini, quien a la vez instruye la causa por asociación ilícita que radicó la diputada Elisa Carrió hace años contra el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, amigos y ex funcionarios.

El fiscal Pollicita también pidió la indagatoria de otras 20 personas imputadas en la causa en la que se sostiene la existencia de una asociación ilícita encabeza por el fallecido presidente Néstor Kirchner y otros funcionarios de su gobierno y un «reducido número de empresarios amigos».

Pollicita sospecha de «la participación criminal de los investigados en la maniobra fraudulenta, la connivencia de todos ellos y la división de tareas de ambos sectores en su perpetración -los funcionarios desde puertas adentro del ente recaudador y los empresarios a través de la ingeniería societaria-, y el perjuicio que produjo a las arcas del Estado Nacional».

En su dictamen, el fiscal escribió que «de un organismo de la administración estatal —en este caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos— junto con los empresarios y sociedades sospechadas de tener vinculaciones personales y comerciales con el matrimonio presidencial se orquestó una maniobra fraudulenta en contra de las rentas de la Nación en sumas miles de veces millonarios, cuyos fondos obtenidos irregularmente habrían sido utilizados para la expansión del conglomerado societario de López y De Souza».

Según el fiscal, «desde mayo del año 2011 cuando Oil Combustibles comenzó con su operatoria y durante más de cuatro años, la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de un gran número de irregularidades habría permitido que la mencionada firma no pagara el impuesto sobre los combustibles líquidos como lo preveía la normativa vigente —de los 55 períodos fiscales que se analizan, Oil pagó en tiempo y forma únicamente 7 de ellos— y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenece (Grupo Indalo), y así se tornara incierto el cobro de lo adeudado por parte del Estado Nacional».