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La Justicia comprueba que existe “trabajo esclavo” en la cárcel de Batán

Por Rafael Saralegui.

Algunos la llaman la “cárcel fábrica”. Pero no porque sea una factoría de delincuentes. Desde hace unos años la Unidad Penal Nº15 de Batán, situada en las afueras de Mar del Plata y que depende del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, tiene acuerdos con empresas privadas que usan como mano de obra a los internos que están alojados allí.

En principio, parece una iniciativa destacable, ya que le brinda a los presos la posibilidad de ocupar las horas interminables del encierro en un trabajo y ganar dinero. El tema se vuelve más oscuro cuando las condiciones laborales y el salario no cubren las mínimas condiciones aceptables y el sistema se parece más al trabajo esclavo, avalado por el propio Estado provincial.

El juez Perdichizzi comprobó los abusos a los que son sometidos los internos.

Un grupo de internos de Batán se puso en contacto con Crimen y Razón para denunciar que  “las empresas en el penal se aprovechan de los internos para explotarlos y hacer sus negocios”. La denuncia fue avalada por la Justicia, que en tres instancias les dio la razón. Primero fue el juez de Ejecución Penal de Mar del Plata, Ricardo Perdichizzi, quien en 2010 le dio 90 días al gobierno bonaerense para regularizar la situación laboral de los detenidos. Esa resolución fue avalada luego por la Cámara de Garantías de Mar del Plata y por último, el 7 de marzo de 2012, por la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buens Aires.

Con la firma de los jueces Víctor Horaro Violini y Daniel Carral, la sentencia de Casación dice “que resulta oportuno destacar que el trabajo penitenciario no debe ser diferenciado del trabajo libre, en relación a los derechos y condiciones reconocidos a los trabajadores en el 14 bis de nuestra Ley Fundamental”.

El reclamo de los presos trabajadores se centra en especial en la empresa Asepsia, un lavadero industrial que funciona dentro de la prisión. Dicen los internos en una carta que “el lavadero industrial Asepsia trabaja con las empresas de salud de primer nivel de Mar del Plata, con contratos millonarios, se negó siempre reconocer que merecíamos un salario digno”.

Ya en su fallo el juez Perdichizzi había ordenado a la Dirección de la Unidad Penal 15 “que exija a la empresa de Lavadero Industrial que funciona en dicho predio que cumpla en forma estricta los pagos que debe efectuar a los internos trabajadores con anterioridad al día 10 de cada mes, adopte todas las medidas de seguridad e higiene inherentes a la actividad que los mismos desarrollen y garantice materialmente a los mismos la efectivización del almuerzo y cena en el horario pertinente”.

Al ratificar lo resuelto por las dos instancias anteriores, los magistrados de Casación, la máxima instancia penal del Poder Judicial bonaerense, dijeron que “es imposible abstraerse de la indignación que provoca lo constatado, desde que, el régimen al que se encuentran sometidos los internos luce semejante a un trato esclavo y degradante para la condición humana, a partir de la imposición de determinadas condiciones y la ausencia de mínimas garantías que se traducen inexorablemente en un claro aplazamiento de sus derechos”.

El juez Violini al fundamentar su voto, al que adhirió luego Carral, para ratificar lo resuelto en las instancias anteriores escribió que “en virtud de lo expuesto, no puedo más que acompañar a los magistrados en su decisión a fin de revertir las condiciones abusivas e ilegítimas de trabajo que derivan en el innegable menoscabo a la integridad física de los internos, agravando sus condiciones de detención”.

Pese a la contundencia de los argumentos judiciales, la sentencia fue apelada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y la causa se encuentra actualmente en trámite ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Mientra tanto, en Batán todo siguel igual.


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