Por Alejandro Bercovich

Con el vuelo poético que sólo dan los adoquines y un dominio perfecto de la metonimia para aludir a las monedas y al vino, un indigente de plaza Constitución suele pedir a los transeúntes “un brillo para la uva”. Su expresión promete popularizarse cuando el Banco Central ponga en marcha el plan que aprobó sigilosamente antes del fin de semana largo para que los bancos empiecen a tomar depósitos y otorgar créditos en unidades de valor adquisitivo (UVA), indexando ambos al estilo de las unidades de fomento (UF) chilenas. El objetivo declarado de Federico Sturzenegger es bajar los intereses de los préstamos hipotecarios y hacerlos más accesibles para quienes hoy no cumplen con los requisitos, pero el riesgo es que el resto de la economía también se zambulla en una espiral indexatoria. Eso podría ocurrir si, además de depósitos y créditos, los alquileres u otros contratos empiezan a pactarse en UVA ignorando la prohibición que todavía rige como herencia de la convertibilidad.

Las internas entre los distintos equipos económicos que conviven en el seno del Gobierno se agudizaron en las últimas semanas al ritmo de una inflación que no da respiro y de un dólar sin techo aparente. La única coordinación más o menos aceitada es la de la mesa de operaciones del Central, que sigue sin intervenir formalmente en el mercado de cambios, con el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quien ayer y anteayer vendió divisas para evitar que la cotización supere los $15 y quien tiene todo listo para cruzar la Plaza de Mayo ante el primer traspié que sufra Alfonso Prat Gay.

Las proyecciones de la consultora M&S, cuyo manejo delegó Melconian a su mano derecha Rodolfo Santángelo, son preocupantes. Su economista jefe, Pablo Goldín, salió esta semana a contradecir públicamente los cálculos del Ministerio de la Producción del ex HSBC Pancho Cabrera, al advertir que la inflación de febrero superará el 3% y que recién en abril podría sobrevenir una desaceleración. Flaco favor a las gestiones oficiales para que las paritarias se cierren por debajo del 30% que el propio Mauricio Macri aplicó a su salario como Presidente. El gremio bancario, por caso, acaba de fijar como piso inamovible para su paritaria un 32,73%, 20 centésimas más que la pauta inflacionaria 2016 del consultor al que imaginan como próximo ministro. A días del inicio de clases, los docentes tampoco se bajan del 35 por ciento.

Guadañazos

La madre de todas las batallas del año se definirá en función de la pérdida de poder adquisitivo salarial que se muestren dispuestos a tolerar los gremialistas más poderosos, que dispusieron un alto el fuego unilateral durante los primeros 60 días de la gestión Macri, pero que se sentaron ayer a su mesa con un ultimátum: si para el 1º de marzo no empiezan las buenas noticias para sus bases, comenzará el conflicto callejero. Los millones para las obras sociales y las gerencias que obtuvieron en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), donde se duplicaron los cargos directivos a contramano de los despidos en otras áreas del Estado, no alcanzan a compensar la sangría de capital político que sufrirían de aceptar mansamente un guadañazo a los sueldos por más alivio de Ganancias que vaya a aprobar el Congreso para los mejor pagos.

La actualización de las jubilaciones y de la AUH del 15% semestral a partir de marzo, quedó claro, no cuenta dentro de esas “buenas noticias” que espera la CGT en sus distintas variantes para el próximo mes. No sólo por su exigüidad en términos absolutos ($22 diarios para los jubilados y un haber promedio que apenas representa el 57% del sueldo promedio de los empleados formales) sino también porque le va muy en zaga a la carestía del trimestre noviembre-enero, que según la Dirección de Estadística de San Luis superó el 12% sin contar todavía el tarifazo eléctrico de febrero.

Consciente a su pesar de que la sociedad sigue culpando mayoritariamente a los empresarios oligopólicos por las subas de los alimentos, como detectó esta semana la consultora Isonomía en una medición que da cuenta de un rápido deterioro de las expectativas económicas en el último mes, y tras descartar la amenaza de importarlos para disciplinar a sus proveedores, la Secretaría de Comercio desempolvó un fallido proyecto de 2012 de Guillermo Moreno para difundir vía web los precios de los productos de la canasta básica. El volantazo desde aquel inicial librecambismo hacia esta renovada confianza en el control de precios llegó algo a destiempo, tras el desmantelamiento de los equipos técnicos que se ocupaban de los seguimientos de precios desde la oficina que conduce el economista Miguel Braun, sobrino del supermercadista Federico Braun (La Anónima). En las sucursales de La Anónima, dicho sea de paso, el kilo de asado se vende a 199,90 pesos.

Picotazos

Prat Gay, en tanto, se dedica casi exclusivamente a resolver la disputa judicial con los fondos buitre junto a los dos negociadores que felicitó el mediador Dan Pollack: el ex Pegasus Mario Quintana y el ex Deutsche Bank Luis “Toto” Caputo, quien abandonó a tiempo la entidad que amenaza con convertirse en el Lehman Brothers de Europa. El ministro se había asegurado antes de asumir el respaldo del secretario del Tesoro de Obama, Jack Lew, y se granjeó en Davos la simpatía de la titular del FMI, Christine Lagarde, cuando se le puso a conversar en francés en uno de los pasillos del Foro Económico Mundial. Eso no impidió que el Fondo revisara a la baja su proyección para el PBI argentino, para el cual preveía una caída del 0,1% y ahora proyecta una del 1 por ciento. Tampoco evitó que se complicara esta semana la saga buitre de la mano del fondo Aurelius, que acusó abiertamente a Argentina de haber “comprado” el apoyo del fondo Dart pagándole más, incluso, de lo que había ordenado pagarle el juez Thomas Griesa.

Tras la oferta que hizo el viernes el Gobierno, mucho más generosa en términos generales de lo que esperaban en Wall Street, los holdouts quedaron divididos. Los que habían obtenido fallos a su favor poco después del default de 2001, como Dart, anticiparon su aceptación porque cobrarán más de lo que esperaban. Pero los que atesoran bonos FRAN emitidos en 1998 bajo la conducción del ex CEMA Pablo Guidotti, como Aurelius y el implacable NML de Paul Singer, quieren mucho más. Lo explicó como nadie en Bloomberg View el columnista Matt Levine (http://www.bloomberg view.com/articles/2016-02-08/argentina-s-bond-fight-comes-down-to-its-worst-bonds, en inglés), quien sostiene que el diferendo está lejos de resolverse.

De la administración política que haga el Gobierno de su renovada sintonía con Washington saldrá (o no) la solución a ese problema. De la que haga en el Congreso y con la caja nacional, en cambio, se desprenderán sus perspectivas de gobernabilidad para este año. Durante el carnaval, Macri no sólo evitó reprocharle a su aliado jujeño Gerardo Morales la prisión de la dirigente Milagro Sala sino que se fotografió sonriendo con él y hasta le ordenó a Rogelio Frigerio girarle como premio $500 millones. Su desestimación de los pedidos por la libertad de la piquetera opositora, que ya hicieron desde Amnesty Internacional hasta el CELS pasando por Joaquín Morales Solá, amenaza con obstaculizar su reconciliación pública con el papa Francisco, un anhelo íntimo de la nueva Dirección Nacional de Discurso, cuyo nombre tiene poco que envidiarle a la vieja Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional de Ricardo Forster.

Fuente: BAE.