Fueron dos de los responsables políticos de la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, pero rápidamente consiguieron trabajo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la ex titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, quien fue designada como relatora en la Cámara de Casación Penal bonaerense y de César Albarracín, ex subsecretario del Ministerio de Justicia de la provincia, quien está a punto de jurar como fiscal ante ese mismo tribunal.

Pese a haber sido nombrados durante la gobernación de Daniel Scioli, los dos permanecían en sus cargos cuando se produjo la fuga de los hermanos Lanatta y de Victor Schillaci del penal de General Alvear.

El presidente de la Cámara de Casación Penal, Federico Domínguez, dijo que “la propuesta de nombramiento del cargo yo no la tengo. Si se me presentara, no le voy a tomar juramento. A mí nadie me dijo nada, me enteré por un llamado de la Corte. Si yo no le tomo juramente, nadie puede hacerlo».

La diputada Elisa Carrió aseguró que la designación de Piermarini “deja en evidencia que los lazos de impunidad entre los responsables del crecimiento de las mafias de la provincia están intactos».

«Escandaliza que el juez de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Alfredo Carral, nombre a Piermarini como relatora de su vocalía en ese tribunal cuando la Justicia debería estar investigando sus responsabilidades penal en la fuga de condenados», agregó.

«la Justicia debería estar investigando sus responsabilidades penales»

La legisladora señaló al ex ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal; a la procuradora general, María del Cármen Falbo; y al fiscal general de San Isidro, Julio Novo como participantes en una actuación conjunta tendiente a permanecer en «el poder de la provincia».

Respecto de Albarracín, que respondía a Casal y luego siguió en su cargo hasta la fuga, días atrás la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el CELS, la Defensoría de Casación y funcionarios judiciales presentaron una petición a la gobernadora María Eugenia Vidal para que anule el decreto del Poder Ejecutivo bonaerense que designa a Albarracín como fiscal de Casación adjunto.

Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre pasado como Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En este puesto tuvo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense.

«Por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda», dijo la Comisión Provincial por la Memoria.