Por Alejandro Bercovich

El lunes bien temprano, con los resultados del balotaje todavía calientes, las principales distribuidoras de papel del país enviaron mails a las imprentas con nuevas listas de precios. Papelera Pergamino avisó que empezaría a aplicar al valor en dólares de sus bobinas un tipo de cambio de $13,20 en vez del oficial. Su competidora Gravent optó por subir el precio en divisas un 12%. Es solo un botón de muestra de lo que ocurrió aguas arriba en todas las cadenas productivas tras el ajustado triunfo de Mauricio Macri y su promesa de eliminar el control de cambios y dejar flotar el dólar. Con la Secretaría de Comercio convertida en tierra de nadie desde hace semanas, los ajustes anticipados llegaron rápido a las góndolas y noviembre apunta a terminar con una inflación del 3%, el doble que la de octubre. Apenas un anticipo de lo que ocurriría con una devaluación brusca del orden del 40%, como la que Alfonso Prat Gay consideró inocua en aquella entrevista con Nelson Castro que puso en guardia al mundo de los negocios y le valió un llamado a silencio del comando de campaña.

El martes, ante un Comité Ejecutivo de la UIA donde fueron más los que votaron a Daniel Scioli que al ganador, el veterano lobbista de Techint Luis Betnaza juró y perjuró que el renunciamiento de su íntimo amigo Ernesto Sanz se debía a razones familiares, como el mismo mendocino aseguró en la carta que dejó al holding de Paolo Rocca sin su hombre en el gabinete. El resto de los jerarcas fabriles no le creyó, incluso aunque Betnaza sacaba pecho (con razón) por haber apostado a ganador con plata propia y de la compañía. “Nadie llega hasta ahí para darse cuenta de repente que no pasaba tiempo con la familia”, desconfió el gráfico Juan Carlos Sacco.

Por esas horas frenéticas circulaba el malhumor que habían generado en Macri los primeros intentos del empresariado de condicionarlo en sus primeros pasos: el discurso de Rocca diez días antes de la segunda vuelta llamando a achicar el Estado y las palabras del presidente de la Rural, Luis Etchevehere, exigiéndole celeridad en la rebaja de retenciones tras el triunfo. Esto último terminó por inclinar la balanza a favor del también radical Ricardo Buryaile, de Confederaciones Rurales (CRA), para ocupar el Ministerio de Agricultura. A él le tocará la tarea de convertir a los dueños de los silobolsas en los primeros prestamistas del nuevo gobierno. Para liquidar esos granos, de todos modos, los productores aguardan sentados la devaluación. Igual que todos los concesionarios de autos, motos y cualquiera que acumule mercadería más o menos valiosa y no perecedera. Son días de persianas bajas y wait and see.

Como cada vez que el partido de Yrigoyen entró en crisis desde la vuelta de la democracia, quien debió salvar la ropa fue otro empresario: el omnipresente Enrique Coti Nosiglia, quien desayunó con Macri en su mansión de Barrio Parque el miércoles. A su intervención le deben sus puestos los flamantes ministros Oscar Aguad, Julio Martínez y José Cano. No pudo en cambio avanzar sobre la Secretaría de Política Universitaria, donde pretendía desembarcar la Franja Morada, debido a la tenaz resistencia que interpuso Esteban Bullrich, bien advertido sobre los desfalcos en la UBA por los que la Justicia investiga a los referentes de esa agrupación.

-Sanz no se bajó de Justicia por orden de Techint ni porque le negaron la Jefatura de Gabinete. Se bajó porque si agarraba eso tenía que laburar. Ese Ministerio no tiene ninguna épica y exige mucho sacrificio lo fustigó ante BAE Negocios un operador nosiglista que reprocha a Sanz su defección en un momento tan decisivo. La designación en ese puesto de Germán Garavano, de todos modos, promete sosiego y moderación en un frente donde Macri lleva todas las de perder: el intento de desplazar de su puesto a la procuradora Alejandra Gils Carbó, con quien el flamante ministro trabajó años atrás.

Atrincherados

La obsesión del gobierno electo por forzar la salida de Gils Carbó responde a una intensa presión del grupo Clarín y, en menor medida, también de Techint. Entre 2007 y 2008, la entonces fiscal general del fuero comercial enfrentó en Tribunales la decisión de Néstor Kirchner de autorizar la fusión Cablevisión-Multicanal, un caso paradigmático de posición dominante del cual el holding de la trompetita obtiene más de la mitad de sus ganancias. Por su parte, “la T” se la tiene jurada desde que en 2010 denunció que el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) de la Transportadora Gas del Norte (TGN) era en realidad una maniobra para licuar mediante firmas controladas sus deudas concursadas estafando a los ahorristas que le habían comprado obligaciones negociables, entre ellos la ANSES. Dos casos que ilustran el curioso concepto de seguridad jurídica que campea en los mayores grupos económicos del país.

La procuradora no renunciará y la accidentada sesión de ayer en Diputados terminó de comprobar que Cambiemos jamás logrará reunir los dos tercios necesarios para acusarla en la Cámara baja y los dos tercios para destituirla en el Senado mediante juicio político. Muy distinto es el caso de Alejandro Vanoli, quien -a diferencia de Gils Carbó- siempre se mostró como un militante del Frente para la Victoria y a la vez partidario de que el Banco Central trabaje alineado con el Ministerio de Economía. Los roles parecen haberse invertido: pese a haber bregado siempre por la independencia del ente, los economistas del nuevo gobierno sostienen que un kirchnerista no puede ejecutar su política monetaria. Los cinco directores que colocó allí Axel Kicillof, en cambio, se muestran dispuestos a hacer valer sus mandatos hasta 2019 y 2021. La paradoja es que la nueva Carta Orgánica que impuso el kirchnerismo les da la razón a los macristas.

Vanoli había dejado trascender al día siguiente del ballottage que abandonaría su puesto sin mayores resistencias, pero una orden de Olivos lo silenció. Macri podría echarlo por decreto sin más, aunque también podría llamar a la Bicameral ad-hoc de cinco miembros que debe opinar en estos casos y obtener de ella un dictamen favorable a la expulsión. El 11 de diciembre, cuando Gabriela Michetti asuma como presidenta del Senado, ya tendrá tres de esos cinco votos.

Si desplaza a los dos directores que colocó Vanoli y al que designó en su momento Jorge Capitanich, Federico Sturzenegger podrá desembarcar en Reconquista 266 con una tropa propia que integrarían en principio el consultor Francisco Paco Gismondi y el excéntrico Lucas Llach, tuitstar y fallido precandidato a vicepresidente de Sanz. Luego vendría el avance sobre los kicillofistas, alguno de cuyos puestos podría ocupar Guillermo Nielsen si Sergio Massa lo autoriza. Para manejar la mesa de cambios y las operaciones de mercado abierto, de todos modos, Macri solo necesita la presidencia. El problema es de timing: si el recambio se demora mucho, las expectativas de devaluación seguirán haciendo estragos.

Cuando finalmente asuma, Sturzenegger también pondrá a prueba su independencia como banquero central ante una de las primeras iniciativas que dejó trascender el designado ministro del Interior, Rogelio Frigerio: imprimir un nuevo billete de $500 para reconocer la inflación y bajarles los costos logísticos a los bancos. El diputado no solo apoyó en abril de este año la decisión de Vanoli de no hacerlo, sino que incluso propuso suprimir el de 100 para forzar la bancarización y el blanqueo de todas las transacciones.

Cambiemos S.A.

Tal como se anticipó en esta columna dos semanas atrás, el gabinete de Macri representa el mayor desembarco de la historia de ejecutivos de grandes empresas en las áreas más sensibles del Estado. La novedad no es buena ni mala per se, pero destapó un debate que promete continuar sobre las distintas lógicas que rigen el mundo de los negocios y la administración de la cosa pública.

El primer choque entre ambas cosmovisiones se produjo en el ámbito donde se dirimirá la disputa de fondo del programa de ajuste en ciernes: cuánto bajarán los salarios reales en 2016. Por eso Marcos Peña se abstuvo de anunciar el miércoles quién ocuparía el Ministerio de Trabajo. Durante toda esa tarde era mencionado como número puesto Jorge Lawson, el hombre al que contrató Arcor en 2007 para desbaratar los reclamos que le hacía entonces el gremio de la Alimentación provincial. Lo vetó Hugo Moyano, quien finalmente aceptó a Jorge Triaca (el que más convencía a los Gordos) a cambio de que su hijo homónimo abogado laboralista- sea su número dos.

La UIA se quedó así sin un puesto clave, pero colocará a cambio a Martín Etchegoyen como secretario de Industria. El actual director ejecutivo de la entidad es un amplio conocedor del sector y trabajará en la órbita de Francisco Pancho Cabrera (ex HSBC) y en coordinación con Mario Quintana (Farmacity) y Gustavo Lopetegui (Lan). No responde a directamente a las grandes como Arcor y Techint y cuenta con consenso entre las Pymes. Como si Macri hubiera querido mandar un mensaje al establishment: si bien se nutrirá de gerentes para los principales casilleros de su gobierno, no dejará que se los elijan de prepo. Al menos mientras mantenga el capital político que le dieron las urnas.

Fuente: BAE.