Legrand, una de las supuestas espiadas.

Por Rafael Saralegui

La denuncia de las diputadas del PRO Laura Alonso y Patricia Bullrich sobre un supuesto espionaje ilegal a periodistas y dirigentes de la oposición fue tomado a broma en Tribunales, salvo por el hecho de que fue realizada en los últimos días de la campaña presidencial.

La presentación de las chicas ruidosas del PRO fue amplificada en las tapas de los diarios Clarín, Muy, El Día y La Nueva Provincia, pero un diario opositor como La Nación se privó de llevar el tema en la primera plana, pese a que dos de sus plumas figuran en la presentación, probablemente por la falta de seriedad del escrito.

La denuncia es tan vaga –menciona a un supuesto agente que les hizo llegar un listado de espiados en forma ilegal- y la lista tan incongruente, que carece de un mínimo rasgo de inteligencia, pese a que durante la tarde del martes las legisladoras se encargaron de fogonearla desde la pantalla de TN.

Entre los supuestos espiados aparecen la nonagenaria Mirtha Legrand, la vedette Luli Salazar, el cronista deportivo Rifle Varela, el productor televisivo Adrián Suar, los familiares del ex superagente Jaime Stiusso (incluido un nieto de siete años), Marcelo Tinelli, Jorge Rial, el ex jefe del Ejército César Milani y una larga lista de empleados del Grupo Clarín, entre otros.

Las escuchas telefónicas dejaron de estar en manos de la Agencia Federal de Inteligencia desde que la ex Oficina de Observaciones Judiciales (conocida popularmente como Ojota) pasó a depender de la Procuración General de la Nación y quedó al frente del organismo la fiscal Cristina Caamaño.

La AFI aclaró hoy que ya no realiza intervenciones telefónicas ni de ningún otro tipo, pero todos modos aclaró en un comunicado que “a todo evento, la Agencia Federal de Inteligencia expresa que se encuentra a disposición de la Justicia interviniente en la denuncia a los efectos de investigar los hechos y sancionar a los responsables en caso de que eso exista.”

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien anoche se quedó esperando en vano que las legisladoras fueran a ratificar la presentación y a presentar alguna documentación respaldatoria del libelo. Pero las diputadas no aparecieron.

En Tribunales se menciona como supuesta fuente del listado y de sus consecuente denuncia al ex espía Ciro James, procesado en la causa por escuchas ilegales que involucró al jefe de gobierno y candidato de Cambiemos Mauricio Macri.

Las fuentes consultadas sostienen que de esas mismas usinas han surgido los libros escritos este año al calor de la muerte del fiscal Alberto Nisman, cada vez más encaminada a ser considerada un suicidio, probablemente inducido, por las mismas personas que lo empujaron en enero para que hiciera la denuncia que según sus propias palabras “se podía llevar puesto al gobierno”.

Esas mismas personas estarían dedicadas al uso de las redes sociales para fomentar campañas sucias a cambio de dinero. Directamente se dice que podría tratarse de un grupo de extorsionadores, algunos de ellos periodistas, vinculados con algunos medios de comunicación.