Los policías fueron acusados de administración fraudulenta.

Quince policías federales fueron citados por el juez Pablo Raúl Ormaechea a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se los investiga por el delito de administración fraudulenta. Se trata de los uniformados Carlos Humberto Bobillo y Sergio Fabián Barrios, ambos a cargo de la Comisaría 18 de la Policía Federal, y los integrantes de esa dependencia Blanca Estela Quispe, Gustavo Alejandro Agostino, María Laura Barrio, Horacio Navarro Mata, Carlos Raúl Escudero, David Cesar Gallardo, Eduardo Gabriel Manrique, Félix Nahuel Ibarra, Vicente Roberto Olivieri, Claudio Gabriel Bethular, Cristian Basch y Arnaldo Anibal Samaniego. Todos están acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El pedido había sido realizado por Lucio Herrera, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°29, con la colaboración del titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Miguel Palazzani.

Bobillo, Barrios, Quispe, Agostino, Barrio y Navarro Mata deberán responder también por falsificación de documento. En tanto, el comisario Omar Horacio Fernández -quien, a la fecha de los hechos, se desempeñaba como jefe de la División Erogaciones de la Superintendencia de Administración de la Policía Federal- será indagado por violación de los deberes de funcionario público.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Procuvin elaborada a partir de actuaciones remitidas por el Área de Transparencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí, se daba cuenta de varios llamados anónimos realizados al teléfono de denuncias habilitado en esa cartera que detallaban una serie de irregularidades en el cobro de “prevencionales” en el ámbito de la Comisaría N°18, de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período 2013-2014. Herrera y Palazzani consideraron que esas maniobras se concretaron “con la finalidad de procurarse -para sí o para un tercero- un lucro indebido”.

Luego de una serie de medidas realizadas en el marco de la investigación -que incluyó allanamientos en dependencias policiales, declaraciones de más de 20 personas y pedidos de informes a distintos organismos- se detectó «una gran cantidad de irregularidades que, anudadas a las declaraciones testimoniales obtenidas, consolidan el estado de sospecha respecto a la comisión de los hechos vinculados a la asignación, gestión y cobro de los servicios prevencionales de esa comisaría”.

Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que “existieron por parte de ciertos funcionarios de la Comisaría 18ª de la P.F.A., maniobras ilícitas destinadas a cometer fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública que tenían bajo su cuidado, ocasionando un perjuicio en los fondos destinados al pago de dichos servicios provocando una mengua o disminución en ellos y alterando, además, el normal desenvolvimiento de los servicios prestados”.

Los fiscales estimaron que las sumas irregularmente percibidas por los imputados ascienden, por el período investigado, a un total de $716,720,22 y destacaron, entre las irregularidades más paradigmáticas, el pago de $221,993,52 en concepto de servicios prevencionales, a tres agentes que nunca se desempeñaron la seccional.

De acuerdo a lo estipulado por el Decreto 1866/83, que reglamenta la ley 21.965, el pago por recargos de servicio o prevencionales “lo percibirá el personal que cumpla servicios extraordinarios fuera del horario normal de labor, debiendo procederse su liquidación cuando los mismos excedan las tres horas diarias”.

La realización y el desembolso de estas horas se acredita mediante la confección de planillas, que deberán ser firmadas por los agentes que prestaron el servicio y por el jefe de la dependencia, para luego ser elevadas a la Superintendencia de Administración de la PFA. Una vez allí, es la División Erogaciones la que realiza el “control primario”, confecciona las liquidaciones e incluye las órdenes de pago.

Los fiscales refirieron que  “los funcionarios de la Comisaría 18ª […] intervinieron en la confección o firma de las referidas planillas, violaron sus deberes, y mediante la falsificaron de dichas planillas (tanto material como ideológica), ocasionaron un perjuicio a los intereses que les fueron confiados, en el caso en concreto, los fondos destinados al pago de los recargos de servicio de la Comisaría 18ª de la P.F.A, ello con la finalidad de procurarse un lucro indebido para sí o para un tercero”.

Por último, sostuvieron que “de las maniobras ejecutadas, surge que el lucro indebido que tuvieron en mira estos sujetos pudo ser el cobro de un plus salarial que no correspondía (para los imputados que figuraban realizando los servicios prevencionales que no habían cumplido y para el dinero destinado al pago de los prevencionales de los agentes que figuraban realizando estos mientras estaban de licencia o realizando otro servicio), así como también la absorción del dinero liquidado en nombre de los agentes que, fraguando sus rubricas, se los hacía figurar formalmente como que habían realizado el recargo de servicio”.

Fuente: Fiscales.