Los delincuentes juegan con la desesperación de las víctimas.

Los jueces Inés Cantisani, María Cristina Bértola y Gustavo González Ferrari escucharon esta semana los alegatos de la Fiscalía, representada por Fernando Fiszer, y de las defensas de los siete acusados de realizar secuestros virtuales. El representante del Ministerio Público solicitó que todos sean condenados por el delito de extorsión (en algunos casos en grado de tentativa) por penas que van desde los tres años y tres meses de prisión a los ocho años. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº16 anunció que el lunes 5 de octubre los acusados podrán decir sus últimas palabras y luego se conocerá el veredicto.

Para Fiszer, se debe condenar a Pablo Miguel Traico a ocho años de prisión por extorsión reiterada en tres ocasiones y una tentativa. Para Alejandra Papadopoulos solicitó cinco años y seis meses y que se revoque la libertad condicional de la que goza en otra causa. Pidió, además, que se le unifique esta pena con otra dictada por el Tribunal Oral Criminal Nº7, por lo que su condena sería de 14 años y seis meses.

A Pablo Traico le solicitó una pena de siete años de cárcel, mientras que para su mujer Yeni Karina Traico reclamó seis años y seis meses de prisión. Los dos fueron acusados por dos extorsiones consumadas. Fiszer requirió para Lorena “Estrella” Papadopoulos cinco años y seis meses de cárcel mientras que para Edgar Benítez Iglesia solicitó cuatro años. A Romina del Carmen Miguel, nuera de Pablo Miguel Traico, le pidió una pena de tres años y tres meses.

El fiscal indicó que, con la prueba producida en el debate, se puede acreditar que los acusados actuaban en forma organizada, que había una clara distribución de roles y que los ochos hechos que se les imputan tienen entre sí características muy similares. Contó que los llamados eran realizados de noche o de madrugada y que ello colaboraba con el clima de terror que les infundían a las víctimas

En esos llamados, las víctimas relataron que escuchaban gritos y pedidos de auxilio de un supuesto familiar. Luego, otra voz les pedía dinero y joyas, que debían entregar si no querían que mataran a sus allegados. En todos los casos se notaron claramente los diferentes roles: había una llorona o llorón, que actuaba de supuesto secuestrado; un negociador que daba las indicaciones y amenazaba a las víctimas y los recogedores, quien retiraban “el botín” de los domicilios. A esos actores se sumaba la figura de otra persona, quién constataba la dirección de los domicilios en internet.

Fiszer sostuvo que no podía pasarse por alto “la vulnerabilidad” a la que fueron sometidos los damnificados. Explicó que en su mayoría se trataba de personas de edad avanzada, que recibieron los llamados en plena madrugada y donde los amenazaban con frases como “tenemos a tu hija, la vamos a matar o le vamos a cortar un dedo”.

Indicó también que todos los imputados se conocen, a pesar de la negativa de éstos y citó un informe de Departamento de Inteligencia contra el Crimen organizado. También, dio como ejemplo un recibo de pago de un garaje en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires, encontrado en el domicilio de uno de los acusados en Villa Lugano. En ese garaje se guardaban autos que luego fueron secuestrados en el marco de la causa. A su vez, las llaves de esos vehículos fueron encontradas en la casa de otro de los acusados, en Caballito, durante el allanamiento que se hizo en mayo del año pasado.

El fiscal sostuvo que las veces en que no fue cobrado “el botín” del secuestro fue por causas ajenas a la voluntad de los implicados. Sostuvo que se acreditó la insistencia con que los imputados realizaban los llamadas y la forma violenta que tenían. “Las amenazas infundieron temor en las víctimas por lo que cumplieron con las exigencias; pero esa entrega estuvo coaccionada por amenazas, por el temor que generaba que un familiar se encontrara en peligro”, explicó.

Hacia el final de su alegato, Fiszer solicitó que se extraigan testimonios para investigar la posible participación en los secuestros virtuales de familiares de los acusados. Además, le pidió a los jueces que envíen los extractos correspondientes del juicio a la Procelac para que determine si existe lavado de dinero y se realice, en ese caso, la correspondiente denuncia. Para el fiscal, ninguno de los imputados puede justificar la adquisición de los autos de alta gama (Audi, Mercedes Benz, Toyota) en su mayoría últimos modelos así como tampoco pueden explicar las sumas de dinero, tanto en pesos como en moneda extranjera, que fueron secuestradas en la causa. “No resulta descabellado concluir que esto se obtuvo de las maniobras ilícitas llevadas a cabo” sostuvo.

Por otra parte, también le requirió a los jueces que se decomisen el dinero y los bienes secuestrados en el marco del expediente y que se utilicen para el resarcimiento del daño causado a las víctimas.

Luego del alegato del fiscal, las defensas pudieron hacer su descargo. Todas solicitaron la absolución de los acusados o, subsidiariamente, que se les impute una estafa, que prevé penas mucho más que bajas que el delito de extorsión.

Las maniobras

Fiszer describió en su alegato de manera pormenorizada los hechos en los cuales están implicados los acusados. El hecho I involucra a Pablo Traico (de 29 años) y a Edgar Alfredo Benítez Iglesia. Ambos realizaron el 6 de febrero de 2014 un secuestro virtual en La Boca. Allí montaron una escena donde simularon tener cautiva a la hermana de la víctima y le exigieron, mediante amenazas, dinero y joyas. Finalmente, la entrega no se dio porque la víctima pudo comunicarse con su allegada pero de todas maneras, realizó la denuncia policial. Este fue el hecho que dio inicio al expediente.

El hecho II versa sobre otro secuestro, esta vez llevado a cabo por Alejandra y Lorena Papadopoulos a una señora que vivía en Villa Urquiza. La mujer, quién creyó que tenían secuestrada a su hija, tiró a la vereda 9000 mil pesos y una cadena de oro. Lorena, quién en las conversaciones se hacía llamar “Estrella” negó el hecho y dijo que era un apodo común en la comunidad gitana para referirse a las chicas jóvenes. Durante el allanamiento dónde fue detenida, su marido se refirió a ella como “Estrella” según declararon los policias del procedimiento y un testigo civil. Su tía Alejandra argumentó que no sabía utilizar teléfonos.

El hecho III abarca a Benitez Iglesia, Romina del Carmen Miguel y Pablo Miguel Traico, de 45 años. Este intento de secuestro virtual fue dirigido a una vecina de Retiro, a quién llamaron la madrugada del 3 de abril del año pasado. Le exigieron 50 mil dólares pero finalmente la situación se vio frustrada porque la víctima logró comunicarse con su hija, la supuesta secuestrada.

Los hechos IV, V y VIII involucran a la misma persona: Pablo Miguel Traico. Fue acusado por tres secuestros virtuales en Retiro, Boedo y Barracas realizados entre febrero y abril de 2014. En uno de ellos, “el botín” fue de 10 mil dólares y cinco mil pesos; en el de Barracas, de 30 mil dólares y mil pesos, mientras que en el de Boedo, consiguió 1200 pesos.

Los hechos VI y VII involucran a una pareja: Yeni Karina Traico y Pablo Traico. Ambos fueron acusados por lo sucedido el 26 de abril de 2014, cuando llamaron a una casa del barrio de Caballito y le exigieron a un hombre un rescate a cambio de la supuesta liberación de su hija y su nieta. Este hombre colocó en una bolsa cinco mil dólares y 25 mil pesos. El otro hecho ocurrió días después, en Villa Pueyrredón. Allí lograron engañar a una mujer, quién les entregó, por temor a que mataran a su hija, dos mil dólares, cinco mil pesos y varias alhajas.

Fuente: Fiscales.