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Un sistema corroído como las vías

Por Romina Manguel

Cuando su sobrino Lucas se convirtió en una de las 52 víctimas del tren del Sarmiento, Leonardo Menghini Rey guardó definitivamente el bajo con el que tocaba en la banda «Sometidos por Morgan» . Y desempolvó el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires con el que había ejercido en el área civil y comercial durante algunos años. Nunca con tanta pasión por el derecho como por la música. Nunca en el ámbito penal. Jamás, hasta que enterró a su sobrino y se convirtió en uno de los abogados querellantes, había pisado los imponentes pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 por los que hoy transita con cierta confianza. Pero fue el bajista devenido abogado y penalista a fuerza del dolor quien se les plantó en la cara a ex funcionarios, sindicalistas y empresarios, y a sus estudios de abogados, para acusarlos por lo que les pasó a Lucas y a los otros 50 pasajeros de esa formación (había una mujer embarazada) que terminó en una trampa mortal: «Pusieron a circular un tren a sabiendas de que podía ocurrir lo que pasó y lo hicieron igual. Nadie hizo nada para evitarlo».

Los imputados venían de una jornada relajada. Las dos querellas anteriores decidieron limitar la responsabilidad sólo al maquinista de la formación siniestrada. De una de ellas, se esperaba. La otra causó sorpresa. Sobrevoló en la sala el fantasma de los posibles arreglos, y el relato de uno de los familiares no hizo más que acrecentar la sospecha.

Durante el transcurso del juicio, en el baño de hombres frente a los mingitorios, un abogado defensor tranquilizaba a otro acerca de lo que diría un testigo: «No hay que preocuparse, todo arreglado».

Las dos querellas que eligieron ir por la historia corta lo hicieron sin demasiadas vueltas: el maquinista no frenó y los mató. Historia que no tiene en cuenta los negociados espurios entre las empresas de la familia Cirigliano y el Gobierno, ni las serias advertencias que había hecho antes del accidente la Auditoria General de la Nación sobre el estado del material rodante ni tampoco la ausencia inexplicable de supervisiones clave. Nada de incumplimiento de contratos ni de desvío de fondos. Historia sin «tríada siniestra», como denominó el juez Claudio Bonadio a ese conjunto formado por empresarios, funcionarios y sindicalistas que por acción u omisión, el 22 de febrero de 2012, convirtió a una formación del ferrocarril en un ataúd.

Para las dos querellas anteriores, las razones del desastre se explicaban con una fotografía. Un instante. Ese momento en el que el motorman de 26 años no hizo lo que tenía que hacer.

En el alegato del bajista que incomodó al poder, la tragedia de Once fue el final de una larguísima película que empezó hace más de 20 años, cuando el gobierno de Carlos Menem les entregó a los hermanos Claudio y Roque Cirigliano la explotación de las líneas Mitre y Sarmiento. Después siguieron acumulando líneas y millones con el gobierno de Kirchner a través del esquema de subsidios: un agujero negro que se descontroló en el sentido más literal de la palabra durante la gestión de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte. Cifras millonarias a los trenes y micros de los Cirigliano en concepto de compensación tarifaria de las que no se rendía cuenta. Y el final de la película: la imagen dantesca de los muertos apilados desnudó que la inversión no era el principal destino de lo que recibían.

En el juicio oral y público todavía falta escuchar a una querella. Y saber qué hará el fiscal Fernando Arrigo a la hora de acusar. ¿En qué se va a detener? ¿En la película o en la foto? ¿En el instante o en lo que hizo que ese instante tuviese lugar? ¿En esa cámara que retrata a un único protagonista? ¿O en la película que tiene actores en diferentes roles, protagónicos y de reparto, pero todos necesarios para construir la escena?

Lo que se conoce como post Once o la «revolución del transporte» es una etapa que no se puede soslayar en el marco del juicio por la tragedia. Si ninguno de los funcionarios, sindicalistas ni empresarios tuvo absolutamente nada que ver con lo que pasó, resulta casi imposible entender por qué el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tras el accidente, respondió con una batería de cambios radicales. A meses del desastre se creó el Ministerio de Transporte y se le quitó el manejo de la cartera al Ministerio de Planificación, para poner al frente a Florencio Randazzo que llegó para cambiar las vías del Sarmiento: «De Moreno a Once, totalmente nuevas», dijo cuando asumió sin hacer explícita la referencia al trayecto que hacía el Chapa 16 siniestrado. Sin siquiera nombrarlo. Rescindieron por decreto el contrato de concesión del servicio ferroviario a la empresa TBA que dejó de operar las líneas Mitre y Sarmiento ante las deficiencias del servicio.

El Gobierno nunca dijo que fue por Once ni por el impacto que causaron las 52 muertes. Al contrario. En ese momento, el ministro Julio De Vido aclaró que la tragedia no tenía nada que ver con los cambios. «La rescisión del contrato que estaba vigente desde el 23 de mayo de 1995 es culpa del concesionario, a raíz de las deficiencias técnicas del servicio», aclaró. Sin embargo, no profundizó en las razones que hicieron que, ante las innumerables críticas de usuarios y advertencias de la Auditoría General de la Nación respecto del deficiente servicio, no le soltaran la mano antes. Y aun así, con el servicio deficitario y al límite, los Cirigliano siguieron al amparo del poder y haciendo negocios hasta que Once se impuso como un punto de inflexión obligado ante la conmoción, más que a una decisión premeditada y estudiada como buscaron transmitirla desde el Gobierno. Llegó el cambio, la «revolución del transporte», pero a un costo demasiado elevado. Millones de usuarios hoy viajan mejor. Es cierto. Tanto como que a cincuenta y un familias les falta alguien todas las noches. ¿Era necesario esperar a que pasara?

Quien era secretario de Transporte en ese momento, Juan Pablo Schiavi, renunció «por razones de salud» . Una excusa decorosa para seguir con la política de no nombrar lo innombrable: la tragedia y sus muertos.

Si el cambio radical en materia de transporte que incluyó la quita de la concesión al grupo de negocios de confianza de Ricardo Jaime, fue una respuesta a Once, entonces la foto del maquinista como único responsable de lo que pasó no es suficiente. ¿Por qué cambiar todo si podría volver a suceder frente a un error humano? El bajista que pisó los tribunales de Comodoro Py por primera vez en busca de su sobrino Lucas cuando todavía no lo habían encontrado verbalizó una respuesta, con la voz entrecortada tras ocho horas de alegatos. Dijo Leo Menghini: «El tren chocó. Ahora bien: si la estructura no hubiese estado corroída por el óxido, si el parachoques no hubiera agravado el impacto, si la diferencia de altura no hubiese sido condicionada por ese frenado degradado que hizo hocicar al coche, las víctimas no habrían quedado atrapadas y hoy hablaríamos de Once como un choque más».

¿Un solo error humano? ¿Varios seres humanos cometiendo «errores» que los beneficiaban económicamente, confiándose en la suerte de años y años de vaciamiento sin muertos que lamentar? La respuesta dependerá del Tribunal. Dos querellas pidieron 22 años para el maquinista. Para el resto, casi disculpas. La querella de Leo Menghini pidió 18 años para Claudio Cirigliano, 15 para Jaime y Juan Pablo Schiavi, y otros tantos para ex presidentes de TBA, 12 para los ex titulares de la CNRT Eduardo Sicaro y Pedro Ochoa Romeo. Para el maquinista, la absolución. Dos miradas. Dos pedidos.

El tribunal debe definir ahora cómo va a pasar este juicio a la historia. Si como un capítulo más de los accidentes ferroviarios provocados sólo por los maquinistas como hasta ahora o si encontrará responsable a todo un sistema corrupto, corroído y oxidado como las vías por las que transitaba el Sarmiento.

Fuente: La Nación.


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